Claro retroceso en las libertades económicas

El retroceso experimentado por España en el ránking de libertad económica entre los países de la OCDE no es ninguna sorpresa. Desde el inicio de la pandemia, y con la excusa de la excepcionalidad provocada por la misma, el Gobierno ha emanado una catarata de regulaciones intervencionistas que limitan la libertad empresarial y, en los casos más extremos como la ley de vivienda, atacan directamente a la propiedad individual. Un dirigismo público que cada vez alcanza a un mayor número de actividades económicas, a las que PSOE y Podemos tratan de imponer normativas más rígidas, mayor carga fiscal o límites a sus precios. De ahí que nuestro país haya caído hasta el puesto 29 de 38 en términos de apertura económica, dos puestos menos que el año pasado, consolidando una posición poco honrosa en el furgón de cola entre los países más desarrollados. Este alud intervencionista, largamente denunciado por las empresas como un disparo en la línea de flotación de nuestra economía por su impacto en la competitividad, la seguridad jurídica y la imagen exterior, también afecta a varias instituciones independientes, que han sufrido injerencias del Ejecutivo e incluso ataques verbales a sus responsables por cuestionar la conveniencia de su política económica, así como a alguna empresa participada por el Estado, cuya gobernanza se ha visto directamente alterada por el cambio de timón impuesto desde la Moncloa. Todo ello constituye una preocupante involución que, según los economistas, repercute negativamente tanto en el potencial de crecimiento como sobre la captación de talento e inversiones.