La UE acusa a EEUU de violar las normas de la OMC
INICIATIVAS DE ENERGÍA VERDE/ La Ley de Reducción de la Inflación de Washington podría provocar una respuesta de Bruselas y otros aliados de EEUU.
La emblemática legislación estadounidense sobre tecnologías verdes incumple los acuerdos comerciales mundiales, corre el riesgo de provocar una “carrera hacia el abismo” en materia de incentivos a las energías limpias y podría dar lugar a represalias, según ha afirmado Bruselas. En su primera respuesta formal sobre la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), los documentos de la UE a los que ha tenido acceso afirman que el paquete de 369.000 millones de dólares (369.000 millones de euros) de subsidios y créditos fiscales para los productores y consumidores estadounidenses contraviene los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establecen que países como Estados Unidos no pueden discriminar los productos importados.
Los funcionarios de Bruselas también creen que el paquete, aprobado en agosto, podría dar pie a represalias de la UE y otros aliados de EEUU. Los comentarios de la Comisión Europea enviados al Tesoro de EEUU afirman que cinco medidas que ofrecen créditos fiscales y subsidios “contienen disposiciones con requisitos de contenido nacional claramente discriminatorios, que infringen las normas de la OMC”.
“Si se aplica en su forma actual, la Ley corre el riesgo de causar no sólo un daño económico tanto a EEUU como a sus socios comerciales más cercanos, dando lugar a ineficiencias y distorsiones del mercado, sino que también podría desencadenar una perjudicial carrera mundial de subvenciones de tecnologías e insumos clave para la transición verde”, señala el documento. “Además, corre el riesgo de crear tensiones que podrían derivar en medidas recíprocas o de represalia”.
La respuesta pone de manifiesto la preocupación en las capitales europeas a que el acto obstaculice la inversión en tecnologías verdes en toda la UE y aumente el riesgo de provocar una guerra comercial transatlántica en un momento de incertidumbre geopolítica.
Ya se ha iniciado una carrera de subvenciones. Canadá declaró la semana pasada que introduciría créditos fiscales para las inversiones verdes con el fin de evitar que las empresas se desplacen a EEUU. Japón y Corea del Sur también se han quejado públicamente de la IRA.
La UE quiere que se modifiquen nueve de las disposiciones de la legislación, que restringen las subvenciones y los créditos fiscales a los productos fabricados en EEUU o a las empresas que operan allí. Los incentivos afectan a la fabricación e inversión en artículos como paneles solares, turbinas eólicas e hidrógeno limpio.
Las desgravaciones fiscales a los consumidores, que ofrecen una subvención de 7.500
dólares para la compra de vehículos eléctricos, reciben un tratamiento ligeramente distinto, ya que los productos canadienses y mexicanos también pueden optar a ellas.
La Comisión afirma que EEUU debe “dar a las empresas de la UE el mismo trato que a otros socios comerciales de EEUU”.
Aunque la UE se congratula del compromiso de la administración Biden en la lucha contra el cambio climático, afirma que “la transición ecológica no es algo que deba lograrse a expensas de otros”. Las empresas estadounidenses obtendrían una ventaja que les permitiría competir con otras, convirtiendo la lucha contra el cambio climático “en un juego de suma cero”.
También advirtió que las represalias “amenazan el sistema de comercio multilateral en un momento en que su valor es más importante que nunca para las empresas estadounidenses y europeas”.
Mientras que algunos Estados miembros de la UE como Francia ya piden represalias, el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, ha preferido hasta el momento las negociaciones.
La semana pasada se reunió por primera vez un grupo de trabajo formado por altos funcionarios estadounidenses y de la Comisión. La respuesta de la UE fue que “espera encontrar soluciones constructivas y amistosas”.
“El grupo de trabajo es un compromiso claro y de alto nivel por parte de EEUU para abordar las graves preocupaciones planteadas por la UE en relación con la Ley”, añadió.
El Tesoro de EEUU es responsable de la aplicación de la IRA, pero aún no ha declarado cuánto se puede cambiar sin pedir al Congreso que reescriba algunas secciones. Los analistas creen que es poco probable que el Congreso lo haga, ya que la Ley fue un delicado compromiso que sólo se aprobó en el Senado gracias al voto de calidad de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.
La transición verde era antes una preocupación de activistas y científicos. Uno de los resultados del uso de la energía como arma por parte de Putin en su guerra contra Ucrania ha sido su inclusión en la agenda de la geoseguridad, al menos en las democracias avanzadas. La subida de los precios ha impulsado finalmente los esfuerzos de los gobiernos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aunque, a corto plazo, algunos tengan que utilizar más carbón. Más que un revés para la acción climática, la AIE afirma que la crisis energética puede ser un “punto de inflexión histórico”. Este es un elemento positivo en un contexto de la cumbre COP27 que, por lo demás, parece sombrío. La inflación y la ralentización de la economía no ofrecen un entorno propicio. Los fenómenos meteorológicos extremos de este año, como las terribles inundaciones en Pakistán, han puesto de manifiesto los daños causados incluso por los 1,1ºC de calentamiento global producidos hasta la fecha. Un informe de la ONU advirtió que los esfuerzos sobre el clima “lamentablemente insuficientes” hacen que el mundo siga camino de alcanzar al menos los 2,4ºC de calentamiento, muy por encima del objetivo de 2ºC, o idealmente de 1,5ºC, del acuerdo de París de 2015.
La financiación de 370.000 millones de dólares para la transición verde de la Ley de Reducción de la Inflación de EEUU, y el programa REPowerEU de la UE son señales de que el mundo rico, si bien tarde, está empezando a predicar con el ejemplo. Esto dará a las economías avanzadas más autoridad para intentar persuadir a los países más pobres —que han tenido menos tiempo para beneficiarse de la industrialización impulsada por el CO2— para que den el salto a la energía limpia. Hasta septiembre, sólo 24 de los más de 190 países habían presentado este año planes de acción más enérgicos para reducir las emisiones, como se acordó en la COP26 del año pasado. Sin embargo, además de gastar más en casa, los países ricos también tendrán que proporcionar mucho más apoyo financiero a los países más pobres para mitigar el cambio climático y adaptarse a él; la financiación está llamada a ser la cuestión decisiva de esta COP. Los países ricos se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año para 2020, pero aún les faltan unos 17.000 millones. El año pasado, se comprometieron a alcanzar el objetivo para 2023 y a negociar un nuevo acuerdo a partir de 2025. Tienen que ir mucho más allá.
Además, una parte mucho mayor de la financiación debería destinarse a la adaptación a los efectos del cambio climático –desde los sistemas de alerta meteorológica hasta las infraestructuras resistentes al clima y los nuevos métodos de agricultura—, para lo cual, según la ONU, los países en desarrollo necesitarán hasta 340.000 millones de dólares al año de aquí a 2030. Además, debería ser en forma de subvenciones, en lugar de préstamos que endeuden aún más a los países pobres. Si el mundo rico es capaz de buscar en sus bolsillos la financiación necesaria para la mitigación y la adaptación, podría contrarrestar los llamamientos cada vez más insistentes de los países más pobres para que se financien las pérdidas y los daños causados por el calentamiento. Aunque el argumento moral a favor de esto puede ser fuerte —y la UE y EEUU han señalado su disposición a discutirlo— será difícil llegar a un acuerdo.
Multilaterales
Una de las prioridades para aumentar la financiación es la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo, sobre todo del Banco Mundial. Las propuestas para cambiar el funcionamiento de los bancos multilaterales de desarrollo podrían desbloquear varios cientos de miles de millones de dólares de capacidad de financiación verde sin necesidad de capital adicional de los accionistas. Otra prioridad es aprovechar mejor el dinero de los donantes para atraer capital privado a la inversión verde, especialmente en los países en desarrollo. Los indicios de que algunos de los grandes bancos que se unieron a la alianza financiera de Mark Carney en la COP26 de Glasgow se disponen a dar marcha atrás en sus compromisos de reducción de las emisiones son desafortunados.
El reto definitorio del siglo XXI sólo puede resolverse mediante una acción gubernamental coordinada —especialmente por parte de China y EEUU— en concierto con el sector privado y los organismos no gubernamentales. Esto es, sobre todo, lo que el mundo necesita de la COP27.