Graves errores institucionales de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
Los líderes de los dos partidos mayoritarios en España deberían pensárselo dos veces antes de seguir agitando el panorama político con ataques e insultos recíprocos y, sobre todo, antes de incumplir las normas básicas de la democracia. Es muy fácil echar la culpa al contrincante de tus decisiones erróneas o buscar excusas que justifiquen actuaciones indefendibles motivadas por la presión de tus socios o de tus propios compañeros de partido. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han entrado en una deriva peligrosa que les debería hacer reflexionar, porque el calendario electoral de 2023 no justifica el enfrentamiento continuo y la ruptura de cualquier atisbo de diálogo o consenso ante los asuntos esenciales para nuestro país.
El ejemplo más grave de esa deriva se produjo la semana pasada, cuando el líder del PP anunció la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando el acuerdo estaba solo pendiente de la ratificación final de ambos partidos. Aduciendo que habían sido engañados por el Gobierno y que la reducción de penas para los delitos de sedición rompía la baraja, Feijóo volvió a bloquear, por cuarto año consecutivo, una renovación que ahora sí era posible. Un error de libro.
¿Por qué se equivoca el presidente del PP? Sencillamente, porque las leyes hay que cumplirlas y no se puede estar mes tras mes poniendo excusas de mal pagador para ocultar la verdadera razón del bloqueo: mantener a los jueces y magistrados conservadores al frente del poder judicial. Eso no es democrático. Y menos cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado y se abría una ventana de esperanza hacia la normalización de las instituciones.
La razón real para la desbandada de Feijóo hay que buscarla en la presión recibida por parte de buena parte de sus compañeros de partido y la derecha mediática, y por las encuestas internas que mostraban una oposición frontal al acuerdo. La reforma del Código Penal para reducir las penas del delito de sedición, algo grave sin duda, se ha utilizado como excusa para no firmar un acuerdo que podía hacer daño al líder conservador de cara a los procesos electorales que se avecinan. Pero el cambio de postura le está haciendo más daño.
Nada más anunciarse la ruptura de las negociaciones, todo el aparato mediático del Gobierno y sus aliados puso en marcha una durísima campaña contra Feijóo, replicada por los tuiteros, tertulianos, columnistas y editorialistas adictos al sanchismo. El argumentario enviado por Ferraz era muy claro: Feijóo no manda en el PP, es una marioneta de Isabel Díaz Ayuso y la facción más radical del partido. Un ataque en toda la línea de flotación de su imagen de moderación.
Comodidades
Indagando un poco en los días previos a la ruptura, he podido deducir que, en el fondo, ni Feijóo ni Sánchez se sentían cómodos con el acuerdo. Lo del líder del PP está claro, pero no más que la incomodidad del presidente del Gobierno, que a medida que avanzaban las negociaciones iba recibiendo más y más presiones contra el modelo de renovación del CGPJ.
La primera presión fue por parte de los tres jueces que forman parte del Consejo de Ministros. Pilar Llop, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska hicieron saber a Sánchez su desacuerdo con la incompatibilidad de dos años para volver a la judicatura tras haber ocupado un alto cargo administrativo. Si a eso unimos las presiones de Unidas Podemos, ERC e incluso el PNV para recibir su parte del pastel, cuando todavía no se había empezado a hablar de nombres, se entiende la incomodidad de Sánchez para seguir adelante con la negociación.
No es casual que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara sin obligación alguna en el Parlamento que la reducción de penas para los delitos de sedición estaba en marcha. ¿Una provocación? ¿Un intento de romper las conversaciones? El caso es que el anuncio motivó una llamada de Feijóo a Sánchez que le respondió que no se iba a dejar chantajear. Y el resultado fue la ruptura de las negociaciones para un acuerdo que estaba prácticamente cerrado y que supondría un paso importante para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
La estrategia de los socialistas para recuperar posiciones en las encuestas de cara a las tres citas electorales de 2023 (municipales, autonómicas y generales), pasa por tensionar al máximo la vida política y atacar al candidato del PP un día sí y otro también. Y, según los últimos sondeos publicados, está obteniendo resultados; los populares frenan su crecimiento y el PSOE empieza a remontar.
Sin embargo, esa táctica le puede pasar factura en los próximos meses. Pedro Sánchez no solo ataca a Alberto Núñez Feijóo, sino a todas las personas e instituciones que no le hacen la ola. Y no le importa que sus ataques hagan daño a las instituciones. No son de recibo las andanadas a la Justicia por la sentencia firme del Supremo sobre los ERE de Andalucía, ni la descalificación a empresarios y banqueros, ni sobre todo la ofensiva desplegada por el Gobierno contra el Banco Central Europeo por criticar el impuesto extraordinario a la banca.
Corifeos y sinsentidos
“Corifeos del neoliberalismo”, llegó a calificar el presidente a los miembros del Consejo del BCE que aprobaron por unanimidad (incluido el gobernador del Banco de España) el documento crítico con el impuesto español a la banca. No contento con ello, intentó politizar la medida de la autoridad monetaria europea al señalar a Luis de Guindos como hacedor de un documento que llevaba la firma de Christine Lagarde. La guinda la puso el ministro José Luis Escrivá, antiguo alumno del BCE, que calificó el documento como un “corta y pega”. ¿Puede un Gobierno criticar groseramente a la autoridad monetaria que le viene salvando de la bancarrota desde que comenzó la crisis? No hay que olvidar que el 35% de la deuda pública española está en manos del BCE y que serán sus ejecutivos los que tendrán que aprobar nuevas medidas de ayuda en caso de que la prima de riesgo española se dispare cuando acaben las compras masivas de deuda. Un sinsentido.
Hace un mes, en esta misma columna, preguntaba si puede aguantar España una campaña electoral de 15 meses. Era una pregunta retórica que se responde día a día al escuchar a nuestros líderes políticos que no dudan atizarse de forma miserable por un puñado de votos. Y lo peor está por venir, a medida que se acerque la primera cita de primavera.
En esa lucha fratricida entre partidos, llama la atención el espectáculo ofrecido este fin de semana por la izquierda radical. Pablo Iglesias, presuntamente dimitido de todos sus cargos en Unidas Podemos tras perder las elecciones en la Comunidad de Madrid, se encaramó a la tribuna de la Universidad de Otoño de su partido para desafiar a Yolanda Díaz (a quien nombró su sucesora) y exigir respeto a los logros de su formación. Las encuestas asignan a UP una caída continua desde hace meses (igual que a Vox, por cierto) y en la formación morada están especialmente nerviosos por las perspectivas negativas en las municipales y autonómicas. Mientras tanto, Iñigo Errejón se frota las manos, porque la venganza es un plato que se sirve frío.