El TC, intérprete supremo

En espera de la renovación del Tribunal Constitucional (TC), que previsiblemente dará su control a la mayoría progresista, sigue abierto un incómodo e inevitable debate sobre los efectos derivados del cambio de sensibilidades en dicho órgano jurisdiccional. La modificación coincide con la acordada desjudicialización –sumisión del poder judicial a los intereses del Gobierno– acordada entre el Ejecutivo y quienes intentaron en 2017 –sin éxito– la insurrección contra la soberanía nacional.

En su función como intérprete supremo de la Constitución española de 1978, el Tribunal se compone de 12 magistrados nombrados por el Rey (4 a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 del Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial). La renovación ahora pendiente alcanza a los cuatro nombrados por el CGPJ (2) y por el Gobierno (2). A pesar de su equívoca denominación, el TC no forma parte del Poder Judicial y, entre sus facultades, está la competencia para conocer sobre recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

En este capítulo se enmarca la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana, que contemplaba una ruptura con el sistema constitucional vigente; a saber: la abolición de la Monarquía constitucional y su sustitución por una República de derecho; la transformación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su propio Tribunal Supremo y el nombramiento de un Fiscal General de Cataluña.

Además, regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos del Estado español en Cataluña y convertía a la Generalitat en la autoridad fiscal encargada de la fijación, recaudación y gestión de todos los tributos e ingresos de derecho público.

Igualmente, la Ley reguladora del llamado referéndum de autodeterminación, que calificaba el acto de aprobación de la ley como un “acto de soberanía” y precisaba que si –en el recuento de los votos válidamente emitidos– llegase a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la independencia de Cataluña.

A instancias del legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad –en este caso, el presidente del Gobierno– ambas fueron impugnadas ante el Tribunal, lo que produjo la suspensión de la leyes recurridas.

De forma indubitada, los Hechos Probados, en la sentencia del juicio del procés, ponen de relieve que los enjuiciados impulsaron las leyes de transitoriedad y de referéndum como parte de una estrategia concertada, a sabiendas de que la simple aprobación de enunciados jurídicos –en abierta contradicción con las reglas democráticas previstas para la reforma del texto constitucional– no podría conducir a la soberanía. Asimismo, eran conscientes de la inviabilidad jurídica de un referéndum, presentado como la vía para la construcción de la República de Cataluña.

Los instigadores de la sedición eran conocedores de que lo que se prometía como derecho a decidir no era sino una añagaza para la movilización. Bajo el artificioso derecho de autodeterminación se camuflaba el deseo de presionar al Gobierno para la negociación de una consulta popular. Los ciudadanos desconocían que el legítimo derecho a decidir había pasado a ser un anómalo derecho a presionar.

Pese a todo ello, los enjuiciados propiciaron un entramado jurídico paralelo al vigente y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. A través de la creación de una aparente cobertura jurídica –que hiciera creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña–, los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces habían perdido su capacidad jurisdiccional en Cataluña.

El apetito transgresor, indisociable de la audacia temeraria, no admitía ambigüedades. Así, la pregunta del referéndum delataba a los alquimistas de la insurrección contra el ordenamiento jurídico: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”

Y, en unidad de acto, el despliegue de maniobras oblicuas, entre ellas, la comparecencia del presidente del gobierno catalán, el 10 de octubre de 2017, para manifestar que acataba el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república.

Para, a renglón seguido, desdecirse: “…con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo”. Para que no quedasen cabos sueltos, tras la celebración del referéndum la Junta Electoral Central adoptó el siguiente acuerdo: “No ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum. Por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como resultados del llamado referéndum de autodeterminación”.

Hay una intrépida y contumaz confluencia de hechos cuyo mínimo común denominador es actuar al gusto y medida de los independentistas, aunque esa tracción –con el argumento de una desproporcionalidad manifiesta– deje el fallo del Supremo a expensas de árbitros judiciales que, en ocasiones, se permiten cuestionar nuestra soberanía judicial.

Retroactividad penal

La dilatada renovación del CGPJ y del TC se amontona con la desjudicialización, al yuxtaponer la regulación del delito de sedición, en el Código Penal. Esta reforma está dirigida a acortar las penas de prisión y de inhabilitación, para que los independentistas –a través del beneficio de la retroactividad penal– resulten de “facto” condenados a penas de menor duración que las dictadas por la sentencia 459/2019, del 14 de octubre, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Desjudicializar significa también que el presidente del Gobierno respalde el incumplimiento generalizado de las penas impuestas a los secesionistas, y que el partido que le sostiene y sus aliados asuman el compromiso de evitar –por todos los medios posibles– la intervención del poder del Estado que controla la legalidad; es decir, el poder Judicial.

Todo ello ha abierto una crisis sin precedentes y quedan cuestiones decisivas pendientes de respuesta. La más premiosa: el recurso interpuesto hace un año (marzo de 2021) contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial –dejando en funciones al Consejo, prohibiéndole, mientras no fuese renovado, la facultad de hacer nombramientos judiciales, limitando los nombramientos– duerme el sueño de los justos, en un limbo inexplicable. ¿A quién beneficia una paralización selectiva del Tribunal Constitucional –que suele coincidir con los intereses del gobierno de turno– que sigue resolviendo recursos de amparo y otras impugnaciones de menor calado? Todo parece indicar que, desde la interposición del recurso hasta hoy, sigue aparcado por razones de oportunidad política.

Esto no contribuye a que la Justicia en España esté a la altura de lo que debería ser en una democracia occidental homologable. Los jueces deberían pensar cómo restablecer el prestigio y la independencia de su función, porque hoy por hoy seguir hablando de progresistas y conservadores resulta anacrónico.