El Gobierno regula los ‘lobbies’ y acota ‘puertas giratorias’
El Gobierno está decidido a comenzar a regular la figura de los lobbies, o grupos de influencia, en España y a tratar de endurecer el acceso a las llamadas puertas giratorias” que a menudo llevan a responsables públicos a trabajar para empresas privadas sobre las que han tenido responsabilidades en el plano administrativo. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que busca equiparar a España con la Unión Europea.
“Con esta nueva normativa España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés”, defendió la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al presentar la iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para comenzar, la regulación busca crear un Registro de Grupos de Interés, público y electrónico, en el que deberá inscribirse “todo aquel que quiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado” implicados en la toma de decisiones, elaboración y aplicación de disposiciones normativas y políticas públicas. En especial, los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes” deberán comprobar que sus interlocutores están debidamente registrados antes de reunirse con ellos. El Registro será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, y la única excepción para poder mantener un encuentro con quienes participan en la toma de decisiones normativas sin estar previamente inscrito es “el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes a la cita”.
A su vez, la legislación contempla introducir un sistema de huella normativa que deje constancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de cada norma los cambios introducidos a petición de la actividad de lobby, ya la ejerzan personas físicas o jurídicas. Quedan fuera de la consideración de grupo de interés los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, por su labor reconocida en la Constitución, pero no sus entidades o fundaciones. Tampoco serán tratados como lobbie los entes públicos, entidades como los colegios profesionales o particulares sin intereses significativos.
En paralelo, la norma fija es que los altos cargos que hayan participado en toma de decisiones tendrán prohibido durante dos años actividades profesionales privadas de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias de su departamento, organismo o entidad, por lo que no podrán trabajar en lobbies registrados.
La ley también contempla sanciones a los infractores, incluyendo la prohibición temporal o permanente de figurar en el registro de lobbies, y por tanto acceder a reuniones, en los casos graves o muy graves.
Creará un Registro de grupos de influencia que se reúnan con personal de la Administración
Los altos cargos públicos no podrán pasar a trabajar en grupos de interés privados en 2 años