No hay motivos para paralizar el transporte
El nuevo paro patronal convocado por una asociación minoritaria de transportistas autónomos a partir del domingo no tendrá el respaldo de las organizaciones mayoritarias del sector. Un rechazo que se debe a su convencimiento de que en el contexto actual un colapso del transporte por carretera como el de marzo sería letal para la economía española. Además, la vigencia de las medidas aprobadas por el Gobierno tras la negociación con los representantes de los profesionales del transporte ofrece un paraguas frente a las consecuencias de la crisis inflacionaria en sus cuentas de resultados: ayudas por valor de 450 millones de euros, subvención al coste de los carburantes y una ley que impide las ventas a pérdidas denunciadas por los convocantes de las inminentes movilizaciones. La desproporcionalidad de esta medida de presión frente a los supuestos incumplimientos por parte de los cargadores, que implicaría volver a tomar a empresas y consumidores como rehenes para sus reivindicaciones, explica que su propuesta de paro no haya encontrado eco entre la mayoría de los profesionales del transporte. Sin embargo, eso no significa que se disipe el riesgo de otro bloqueo del comercio en nuestro país de cara a una temporada clave como el fin de año, para la que las próximas semanas son esenciales para garantizar que los comercios disponen del stock necesario para satisfacer los picos de demanda previstos hasta entonces. Aunque a la movilización de marzo sí se sumaron otras organizaciones profesionales, los convocantes ya demostraron entonces una inquietante capacidad para lograr la paralización casi total de los envíos por carretera. Por eso el Gobierno debe hacer lo posible primero por evitar que se produzca el paro patronal, pero también por minimizar su impacto si finalmente los transportistas ejecutan su amenaza de colapsar la distribución de mercancías. Este nuevo chantaje de la asociación minoritaria de los transportistas autónomos al conjunto de la sociedad española evidencia el garrafal error que supuso la despenalización de las acciones de los piquetes violentos impulsada el año pasado por PSOE y Podemos para satisfacer una de las demandas tradicionales de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, así como la indefensión de empresarios y consumidores por la falta de una ley que regule adecuadamente las huelgas en nuestro país, su proporcionalidad y el cumplimiento de los servicios mínimos.
El nuevo chantaje de los transportistas muestra el error que fue despenalizar los actos de los piquetes