El grupo Berkeley ficha a Miranda y a García-Legaz
Berkeley Energía, la compañía que intenta sacar adelante el proyecto minero para extraer uranio en Retortillo, Salamanca, ha anunciado la creación de un “comité asesor”, con fichajes de primera línea para “reforzar sustancialmente” su posición en España.
En concreto, Berkeley ha fichado a Rafael Miranda, Jaime García-Legaz y Miguel Riaño, todos ellos directivos de amplio reconocimiento profesional.
El proyecto de Berkeley se encuentra bloqueado porque el Gobierno ha parado los permisos. Berkeley nunca ha renunciado a ese proyecto, e incluso ha dicho públicamente que buscará todas las opciones legales para ponerlo en marcha o, en todo caso, pedir daños y perjuicios al Gobierno por su bloqueo.
Experiencia
“La experiencia corporativa, comercial y operativa colectiva de los miembros del Comité Asesor, además de una amplia experiencia comercial y las relaciones gubernamentales ayudarán en gran medida a la compañía a medida que continúa enfocándose en resolver el problema de la actual situación de los permisos y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto de Salamanca hacia la producción”, ha explicado Berkeley en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Rafael Miranda es ex consejero delegado de Endesa. Más recientemente, fue presidente de Acerinox y sigue siendo miembro de la junta directiva de Brookfield Asset Management, uno de los mayores fondos de inversión del mundo.
Jaime García-Legaz es un economista, empresario, ejecutivo y académico español. Fue presidente y consejero delegado de Aena y secretario de Estado de Comercio en el Gobierno de España de 2011 a 2016.
Miguel Riaño es socio director de Herbert Smith Freehills en España, especializado en materias de energía, infraestructura, recursos naturales, medio ambiente y derecho público.
Bufete de referencia
Herbert Smith Freehills es el bufete de referencia de Berkeley y el que analiza posibles actuaciones legales contra la decisión del Gobierno de parar las licencias de Salamanca.
Entre otras acciones, Berkeley pedirá daños y perjuicios al Gobierno no solo por las inversiones realizadas hasta ahora, sino también por el lucro cesante de la paralización del proyecto, bloqueado tras la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez al poder.
La cuantía a reclamar podría exceder ampliamente los 400 millones de euros. Sería el mayor pleito energético que ha surgido durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Berkeley lleva años intentando sacar adelante el proyecto, situado en la localidad salmantina de Retortillo, pero fue con el actual Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, contrario a la energía nuclear, cuando se empezaron a torcer los procedimientos para la obtención de los permisos finales. Berkeley cataloga la negativa del Gobierno a los permisos como “arbitraria”.