Así podrían esquivar el cobro del nuevo tributo las CCAA del PP
La batalla fiscal abierta entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gestionadas por el PP, con alguna escaramuza en las filas socialistas, se ha desarrollado en el plano de la tributación de la riqueza como una partida de ajedrez, con el reloj de mesa marcando los días que restan hasta las citas electorales de 2023, en la que el impuesto solidario a las grandes fortunas impulsado por Hacienda parecía el jaque mate definitivo. Pero podría no serlo dada la existencia de una jugada tributaria posible que las regiones del PP podrían ejecutar para evitar a sus contribuyentes más acaudalados pagar el nuevo tributo estatal.
La tributación de la riqueza en España se ha acometido tradicionalmente a través del cobro del Impuesto de Patrimonio, un tributo estatal cuya gestión fue cedida a las comunidades autónomas, que tienen potestad para modularlo o incluso anularlo de facto bonificándolo al 100% (algo que tradicionalmente solo ha hecho Madrid). El impuesto fue abolido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, recuperado “temporalmente” por el de Mariano Rajoy en 2013 y prorrogado anualmente desde entonces hasta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo volvió a retomar como estructural el año pasado. En paralelo, Hacienda anunció una reforma fiscal, temporalmente suspendida por la guerra en Ucrania, para armonizar la tributación autonómica impidiendo su inaplicación en ciertos territorios.
Respaldado por la mayoría absoluta cosechada en junio, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció en septiembre que seguía los pasos de Madrid bonificando Patrimonio al 100%, mientras que Galicia secundó avanzando que elevaba su bonificación del 25% al 50% y el resto de regiones del PP pasaron a estudiar medidas similares.
Días después, Hacienda quiso desbaratar este pulso tributario anunciando la creación de un impuesto solidario temporal para fortunas de más de 3 millones del que sería deducible el pago de Patrimonio, lo que básicamente solo obligará a pagar a los contribuyentes más acaudalados de las regiones que lo bonifican, esto es, Madrid, Galicia y Andalucía.
Hasta ahí el curso de los acontecimientos pero la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea en su último informe de situación que, además de recurrir judicialmente la figura por limitar sus competencias “por la puerta de atrás”, “algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales”. Las regiones que lo tiene bonificado “podrían, por ejemplo, recuperar Patrimonio”, para cobrarlo ellas en lugar del Estado, “y permitir que los pagos por este concepto sean deducibles del tramo autonómico del IRPF”, ilustra, dando la clave del contraataque a las regiones del PP. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, advierte, eso sí, de que “se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie”.