Bruselas plantea reglas fiscales más laxas al país que ejecute reformas
PROPUESTA DE REFORMA/ La Comisión Europea propone reformar las reglas fiscales para que cada país fije sendas de ajuste propias por 4 años ligadas a un régimen sancionador menos oneroso pero más ágil.
Bruselas propone sustituir las rígidas reglas fiscales que marcan los objetivos de deuda y déficit de toda la Unión Europea por sendas de consolidación específicas para cada país ligadas su gasto neto anual, atenuadas para aquellos estados que comprometan inversiones y reformas estructurales que potencien su crecimiento. Así lo anunciaron ayer el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable del área económica, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, al poner en juego el balón de la reforma del sistema comunitario de gobernanza económica, que los estados miembros comenzarán a discutir ahora a partir de esta propuesta retomando un debate que quedó en suspenso con la irrupción de la pandemia a inicios de 2020.
“Queremos un sistema más sencillo de reglas fiscales, con más responsabilidad asumida a nivel de cada país, más margen de reducción de la deuda y una aplicación más estricta”, resumió Dombrovskis, reconociendo que el ortodoxo sistema vigente no ha sido efectivo y que “hay mucho que aprender” de la experiencia acumulada tras la crisis financiera, que ha dejado dolorosos recortes sin mejorar la salud de las cuentas públicas. “Los valores de referencia siguen ahí, un límite del 3% del PIB de déficit público y del 60% de ratio de deuda, pero el objetivo es la sostenibilidad de la deuda pública, para lo que habrá que combinar consolidación fiscal con reformas que favorezcan el crecimiento”, detalló.
La propuesta de la Comisión Europea supone sustituir los objetivos comunes por planes específicos que cada país deberá elaborar, por periodos de cuatro años, para conseguir una reducción gradual y sostenible de su deuda pública a partir de la limitación del gasto primario neto anual que se refleje luego en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de esos ejercicios. Los planes elaborados por cada país deberán ser aprobados luego por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que los someterán a un sistema de supervisión anual para aplicar medidas correctivas cuando sea necesario mediante un sistema de sanciones menos onerosas para hacerlo “más creíble” y ágilmente aplicable.
La idea es que cada senda de consolidación se adapte a las necesidades concretas de cada país en función de su situación, con un ritmo de reducción de deuda más exigentes para aquellos países con mayores niveles de endeudamiento. De tal modo, se elimina la regla de la reducción del veinteavo de deuda vigente para dar paso a sendas “más realistas” y personalizadas, que cada país diseñará a partir de los itinerarios estándar que Bruselas ofrecerá en función del nivel de deuda. En paralelo, Bruselas seguirá vigilando “la credibilidad de estos planes para mantener el déficit público por debajo del 3% en un periodo de 10 años”.
Sin embargo, Bruselas ha planteado la posibilidad de que las sendas de consolidación puedan ser más graduales, con objetivos a 7 y no a 4 años, si a cambio comprometen inversiones y reformas estructurales que mejoren el crecimiento sostenible de sus economías. Esta fórmula, explicaron Dombrovskis y Gentiloni, permitiría superar el debate abierto entre los Estados miembros sobre la conveniencia de establecer una “regla de oro” que permitiese eliminar del cómputo de deuda las inversiones en transición ecológica, digital o de defensa. Ante la negativa de algunos países de obviar el endeudamiento destinado a tales fines, pero dado el enorme reto que el conjunto de la Unión Europea encara en estas materias, ese gasto seguirá computando en deuda, pero las exigencias de reducción del endeudamiento serán menores para quienes promuevan inversiones en estos campos.
“Si vemos que un país no está cumpliendo sus compromisos podremos solicitar un plan revisado con una senda fiscal más estricta y también podremos imponer sanciones financieras”, ha advertido Dombrovskis en todo caso.
A su vez, el marco seguirá contando una cláusula de escape general para pausar las exigencias de consolidación ante graves crisis –como la que se activó en 2020 ante la pandemia y sigue prorrogada ante la crisis energética e inflacionista– así como una cláusula particular de escape por país por “circunstancias excepcionales”.
La Comisión sostiene que esta fórmula permite alcanzar un punto de equilibrio entre las pretensiones mostradas por los distintos países durante la discusión previa. La intención de Bruselas es alcanzar ahora un rápido consenso a partir de su propuesta que permita impulsar las modificaciones legislativas oportunas en el primer trimestre de 2023 para tener listo el nuevo modelo de cara a la reactivación de las reglas fiscales, en principio a partir del ejercicio 2024, sin que el actual modelo imponga un ajuste que agrave la desaceleración económica provocada por la invasión rusa sobre Ucrania.
“La idea era reconciliar tres imperativos: apoyar el crecimiento y mejora la sostenibilidad de la deuda; reforzar la responsabilidad nacional y construir un nuevo marco común; y simplificar las reglas manteniendo su lógica. Hemos conseguido equilibrio viable en cada uno de los tres frentes”, aseguró Gentiloni, que adujo que el modelo bebe del “espíritu de Maastrich”, según el cual “estabilidad y crecimiento solo pueden avanzar mano a mano”.
El modelo, dijo, permitirá dotar de flexibilidad al sistema de gobernanza económica de la UE para hacer frente a las fuetes inversiones que hay pendientes en transformación digital, transición ecológica, mejora de la competitividad y aumento del gasto en Defensa partiendo de los elevados ratios de deuda que deja la pandemia.
El Ministerio de Asuntos Económicos español consideró la propuesta “equilibrada” y una “buena base de trabajo” sobre la que seguir discutiendo, mientras que el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los cinco sabios, pidieron ir “más allá”, y el Comité de las Regiones (CDR) reclamó un “cambio de dirección” para facilitar las inversiones pendientes.
España considera la propuesta una “buena base de trabajo” para iniciar la discusión