La imprescindible ortodoxia fiscal
La Comisión Europea ha propuesto a los gobiernos reformar la manera en la que se aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, principalmente en lo relativo a la reducción de la deuda pública excesiva, al argumentar que el elevado endeudamiento de muchos países, como España, por encima del cociente del 60% sobre el PIB, hace difícil que puedan reducir un veinteavo al año el volumen de que supera tal criterio.
Según su propuesta, los gobiernos deberán presentar planes plurianuales para reducir su deuda, de cuatro años con posibilidad de una prórroga de otros tres, para llegar al objetivo. Asimismo, la Comisión Europea establecerá sanciones económicas menores, pero de mayor efectividad en su ejecución en caso de incumplimiento, así como reputacionales para el país, con la obligación de que el ministro de Economía explique ante el Parlamento Europeo los motivos de dicho incumplimiento.
Ahora, una cosa es que se pueda minorar algo el ritmo de reducción del endeudamiento excesivo para evitar que los gobiernos se nieguen a hacerlo, o que pueda llegar a generarse un colapso económico y voracidad confiscatoria, y otra que termine siendo un ajuste a la carta, con planes a la medida de cada uno, porque la convergencia en política fiscal y económica no fue un capricho del Tratado de Maastricht, sino una necesidad para evitar turbulencias en la zona euro, al entregar su política monetaria todos los países que la integran. Es cierto que Dombrovskis y Gentiloni han dicho que no será a la carta, que habrá estricta vigilancia sobre los más endeudados y que el cambio emana del espíritu de Maastricht, pero su buena voluntad puede ser aprovechada por los indisciplinados, como Pedro Sánchez, para seguir gastando y generando más déficit estructural y más endeudamiento.
Al revisar esos planes, la Comisión Europea debería ser muy estricta y, en primer lugar, atajar el gasto. Para que sea creíble una reducción de la deuda sobre el PIB, aunque sea a un ritmo menor que la veinteava parte del exceso de endeudamiento, habría que comenzar por obligar a los países incumplidores a que congelasen el gasto público e, incluso, que lo redujesen, limitándolo a lo esencial, paulatinamente. Ello debería ir acompañado de la prohibición de tener déficit en cualquier ejercicio hasta que no se reduzca la deuda sobre el PIB por debajo del 60%. Al menos, de esa manera no se acumularía nueva deuda en valores absolutos y el crecimiento del PIB nominal iría reduciendo el cociente. En esos planes plurianuales, los países deberían avanzar hacia la consecución de una situación superávit presupuestario que fuese reduciendo la deuda en valores absolutos y que ayudaría, en una segunda fase, al crecimiento del PIB nominal para alcanzar el objetivo de tener una deuda por debajo del 60% del PIB.
Riesgo populista
Si no se aplica algo así en los mencionados planes, si todo se queda en buenas intenciones y en la simple amenaza de que el ministro de Economía deba explicar en el Parlamento Europeo los motivos de su incumplimiento, de nada servirá. Las sanciones económicas, en muchos casos, puede que no terminen de aplicarse y las explicaciones no supondrán un gran problema para los políticos que no son responsables. Es más, pueden envolverse en la bandera populista y presentarse en la Eurocámara para decir que incumplen porque protegen a los más débiles frente a los poderes establecidos, como, por ejemplo, acostumbra a hacer el presidente Sánchez en España para desviar la atención de su errónea gestión.
Adicionalmente, la posibilidad de prorrogar los acuerdos plurianuales por tres años más para alcanzar lo comprometido puede ser letal para el equilibrio presupuestario, ya que abre la puerta a que un gobierno lo solicite para llegar a una cita electoral sin tener que realizar ajustes, incluso gastando más, dejando como herencia un déficit estructural todavía mayor y un endeudamiento más alto. Del mismo modo, hay que tener cuidado con la válvula de escape para situaciones extraordinarias, respecto a la que deberían vigilar que una actuación de emergencia no se convierta en estructural, como ha pasado en España tras la pandemia.
La estabilidad presupuestaria es esencial y no puede ni descuidarse ni olvidarse. Cuando se flexibilizó el pacto en 2005, provocó problemas posteriores de gasto, déficit y deuda. Hay que recuperar el Pacto de Estabilidad original, con los matices de ritmo que sean necesarios para reducir la deuda, pero de manera seria, creíble y efectiva, que no sea papel mojado desde el momento en que se adquiere el compromiso, que no implique poner en peligro el equilibrio presupuestario y el saneamiento de las finanzas públicas. Se puede admitir flexibilidad, pero con firmeza en el cumplimiento de lo acordado. De lo contrario, los desequilibrios seguirán acumulándose y, entonces, la Comisión Europea tendrá que imponer a los gobiernos recortes más duros y dolorosos.