Barreras autonómicas contra el empleo
El pasado viernes este periódico adelantaba que las comunidades autónomas con gobiernos nacionalistas, incluyendo algunos del PSOE, o apoyados por este partido, no podrán discriminar a ningún desempleado español o extranjero que hable solamente español. Y no podrá ser discriminado en la atención, en cualquiera de sus facetas, por los servicios de empleo de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y por las agencias de colocación, públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, que colaboren con las administraciones en este fin.
Así lo regulan varias enmiendas que el Gobierno ha presentado a la Ley de Empleo, que ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados. Añaden nuevos derechos de los ciudadanos a los que ya había en la norma, a su entrada en el Congreso de los Diputados, que defienden la igualdad y, por lo tanto, el derecho de los desempleados a no ser discriminados por los derechos fundamentales. Entre ellas, “por razón de lengua, dentro del Estado español”. De hecho, forman parte de “los principios rectores de la política de empleo” que inspiran la reforma de las políticas activas [de apoyo a la ocupación] y crea la nueva Agencia Española del Empleo, que sustituirá al SEPE. Junto con los servicios de las comunidades autónomas, la agencia formará parte del sistema nacional de empleo.
Por lo tanto, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas con otra lengua oficial, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares o País Vasco, no podrán discriminar a ningún ciudadano español o extranjero que hable la lengua del Estado, y recurra a ellos para buscar trabajo. Ni tampoco podrán hacerlo los ayuntamientos ni las empresas públicas y privadas de colocación, que colaboren con los servicios públicos de empleo. Entre ellas, las empresas de trabajo temporal. Todos los españoles hablan la lengua del Estado. Es un derecho y un deber constitucional. El artículo 3.1 de la Carta Magna dice lo siguiente: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Igual que el punto 2 del mismo artículo de la Constitución dice: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Es decir que, según la Carta Magna, todos los españoles tienen derecho a recibir atención en castellano en todo el país, igual que todos los ciudadanos de las regiones con lengua propia tienen derecho a que se les atienda en la lengua de la comunidad autónoma, como, de hecho, ya ocurre.
Lo sorprendente es que sea noticia una obviedad, como es el derecho de los parados a no ser discriminados por hablar solamente el español en su país. Pero es noticia porque el Gobierno
ha metido las citadas enmiendas para que quedase claro este derecho de los desempleados, junto al de no ser discriminados por la opinión política o la afiliación sindical. Sin embargo, los gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco intentan marginar la lengua española. Y en todos está el PSOE en el Ejecutivo o apoyándolo, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado e incumple la Constitución.
En este contexto, la enmienda del Gobierno, que firman PSOE y Unidas Podemos, es reconocer que el uso del español se ha convertido en un problema para encontrar empleo dentro de España. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Y por lo tanto, es un obstáculo que las clases medias y trabajadoras, que son las que fundamentalmente sufren el paro, consigan mejorar sus expectativas de vida. Pero también es un dato más de la ineficacia de las politicas de empleo de buena parte de las comunidades autónomas, que canceran la lucha contra el paro, mientras gastan ingentes recursos de los contribuyentes. Por eso son las principales responsables de la España desierta.
El Gobierno incumple la Constitución y permite que las autonomías levanten barreras absurdas a la creación de empleo