Sánchez y ERC desguazan las defensas del Estado ante el independentismo
CLAUDICACIÓN /TRAS SUPRIMIR SEDICIÓN, SÁNCHEZ BUSCA AHORA PACTAR CON ERC REBAJAR EL DELITO DE MALVERSACIÓN PARA SALVAR A LOS GOLPISTAS DEL PROCÉS Y AL EXPRESIDENTE SOCIALISTA JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN.
Después de anunciar la supresión del delito de sedición, el Gobierno se prepara ahora para rebajar también el delito de malversación. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, confirmó ayer que el Ejecutivo “estudiará en profundidad” una propuesta que oficialmente parte de ERC y que se tramitará como enmienda, pero que todos los indicios apuntan a que se trata de un traje reversible hecho a medida también para beneficiar puntualmente al propio Partido Socialista. Una agrupación de intereses en toda regla. La razón es que esa reforma de la malversación que “estudiará en profundidad” el Gobierno servirá tanto para indultar y eximir de culpa a los condenados y a los huidos del procés, incluido el propio Carles Puigdemont, como para evitar que el expresidente del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entre en prisión por uno de los mayores escándalos de corrupción que se han dado en este país, el fraude de los ERE en Andalucía, que supuso el desvío de casi 700 millones de dinero público. Se trata de un dos en uno que los líderes separatistas y el Gobierno llevarían varias semanas diseñando, con la discutible excusa de que “se está construyendo la conviviencia” o que todo se hace “en busca de la concordia”. ¿Desde cuándo se construye la convivencia o la concordia pactando la redacción de las leyes, tanto la supresión de la sedición como la rebaja de la malversación, con quienes precisamente las han vulnerado y se declaran dispuestos a seguir haciéndolo?
En este caso la concordia y la convivencia son dos claros eufemismos para maquillar dos proyectos concretos que son difícilmente compatibles con el interés general. Por una parte, el de ERC significa seguir asfaltando el camino para lograr la independencia de Cataluña. Por otra parte, el de Sánchez consiste en consolidar las alianzas con el separatismo para mantenerse en el poder. Lo que para el Gobierno y ERC puede ser una conversaciones legítimas para avanzar en lo que se ha denominado la “despolitización del conflicto catalán”, para muchos juristas constituye el desguace de los instrumentos con los que cuenta el Estado para defenderse de aquellos que pretenden cargárselo.
La redacción que estarían terminando de confeccionar los equipos de Pedro Sánchez, con la colaboración entre bambalinas de Oriol Junqueras y Pere Aragonès, propone que el nuevo delito de malversación distinga entre el cargo público que utiliza los fondos para lucrarse personalmente y el que lo utiliza para otros fines. Aunque desde el Gobierno niegan que el tema esté ya cerrado, varios ministros del Ejecutivo de Sánchez se pronunciaron ayer en la misma línea, lo que traslada la idea de que se ha dado luz verde desde La Moncloa para lanzar todas las consignas que deber abonar el terreno para que la nueva reforma pueda ser digerida por la opinión pública inmediatamente. Tanto la titular de Defensa, Margarita Robles, como la de Hacienda, María Jesús Montero, defendieron que la regulación actualmente es desigual y que no se puede tratar de la misma forma al que se lleva el dinero público en su bolsillo como al que lo desvía a terceros. “Lo digo como jurista. No es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente y ahí está el debate parlamentario”, dijo ayer Robles.
Después de la condena de malversación que pesa sobre José Antonio Griñán por el caso de los ERE, que le abocaría a entrar en prisión, y durante los últimos meses, el Partido Socialista ha defendido en esta misma línea y de forma vehemente que la conducta del que fue uno de sus más destacados dirigentes no podía ser considerada como corrupción, a pesar del criterio de los tribunales.
Los juristas están esperando expectantes de qué manera los redactores de las enmiendas que van a dar cobertura a la reforma del delito de malversación van a argumentar que la utilización de fondos públicos para otros fines no sea también un lucro personal. De hecho, la utilización del dinero público para abonar el clientelismo es considerada a todas luces una vía directa para mantener a quien lo hace en el poder, y por tanto representa un lucro indirecto incuestionable.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo señaló ayer que perdonar también el delito de malversación a los condenados del procés sería ya “el colmo”. Feijóo explicó que la supresión del delito de sedición tendrá dos consecuencias inmediatas. Por una parte, al aceptar las tesis del independentismo, se allana a los responsables de los hechos acaecidos en Cataluña en 2017 el camino en los tribunales europeos. Y por otra parte, se les invita a declarar de nuevo la independencia sin violencia manifiesta, ya que de esa manera ese acto quedaría impune a la luz de lo que establecerá el nuevo Código Penal.
Feijóo pretende plantar batalla a Pedro Sánchez en este terreno, y ya ha anunciado que presentará una iniciativa para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria de referéndum para independizar cualquier territorio en España. Un hecho que ya era considerado delito en el pasado, pero que fue derogado en su día por José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo en principio no contaría con suficiente respaldo para sacar adelante estas enmiendas, pero la iniciativa obligará a pronunciarse a los diputados socialistas de todas esas comunidades autónomas que en la próxima primavera tendrán una cita con las urnas, que puede ir ya marcando las tendencias de las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre del 2023.
También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticó ayer con dureza los últimos pasos protagonizados por Pedro Sánchez. Para la líder madrileña del Partido Popular, con la decisión de suprimir el delito de secesión, Pedro Sánchez está firmando “la rendición de la Democracia y del Estado de Derecho. Y no tiene derecho a hacerlo, porque nadie le voto para eso”.
Feijóo propondrá mantener la sedición y penalizar la convocatoria de referéndums ilegales
Ayuso acusa a Sánchez de firmar la rendición de la Democracia, algo para lo que nadie le ha votado