Querer es poder: los derechos como bienes de consumo
Nuestro actual modelo de sociedad hiperconsumista ha engendrado un tipo de consumidor posmoderno que demanda de forma compulsiva, estimulado mediante estrategias de diferenciación, un flujo constante de nuevas experiencias afectivas y sensoriales, lo que ha provocado, además, el consecuente deslizamiento desde una economía centrada en los bienes materiales a otra de servicios, donde las prestaciones inmateriales y la provisión de nuevos intangibles se priorizan sobre el resto. No hace tanto, recuérdese, la competitividad se basaba en aumentos de la productividad del trabajo, la reducción de costes y la explotación de economías de escala. Hogaño, de la mano de los nuevos mercados mundiales, las ventajas competitivas se configuran a partir de la reactividad y por la redefinición de los productos, cumpliéndose lo vaticinado por Schumpeter cuando hablaba de la schöpferische Zerstörung o destrucción creativa.
No puede, por tanto, causar extrañeza que este hiperconsumidor emocional identifique también a los derechos como objetivo de su voracidad consumista. El antiguo sujeto de derechos ahora los quiere, desea y apetece de forma presentista, inmediata y sin margen para la frustración, lo que le genera una severa confusión entre deseo y derecho, desconcierto que se refuerza por un nominalismo radical y un perfeccionado narcisismo que encuentra una cámara de eco idónea en un foro público reconvertido por las redes sociales en un espacio estético cuando no performativo que, como bien nos ha explicado el filósofo del Derecho Gómez García, impide cualquier fundamentación racional u ontológica de esos derechos.
Este escenario sociológico tiene una derivada acentuadamente inquietante en el ámbito de la jurisdicción, cuando al socaire de la protección de derechos alumbrados desde el voluntarismo más esencialista el juzgador considera que ese deseo juridificado hace acreedor al justiciable de una sedicente tutela judicial afectiva. Cuando sucede, el juez, en realidad, esta modificando el rol que constitucionalmente tiene encomendado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, al invadir el ámbito del legislador, adquiriendo la naturaleza de un novum legislator, lo que no es sólo jurídicamente inadecuado, sino también perjudicial para el funcionamiento del sistema de garantías que protege, al elevar a la categoría de derecho las meras apetencias que pretenden ser jurídicamente garantizadas.
Derecho inexistente a ser feliz
Este nuevo ser deseante, al ansiar –y obtener, sea del legislador o del juzgador– un derecho como un consumible más, vacía y deconstruye el significado profundo de aquel, al eliminar de la transacción su prisma más agraz, el de las obligaciones, como haría con cualquier otra adquisición sin más intermediación que un clic, en un hedonismo posmoderno, casi cirenaico, donde el objetivo único y universal para todas las personas es el placer inmediato. Lamentablemente para los nuevos epicúreos, no hay un derecho a ser feliz, al tratarse de un estado que debe procurarse a sí mismo cada individuo, sin perjuicio de que las autoridades deban garantizar un marco estable y seguro de convivencia que lo permita, pero sin la obligación de asumir políticas públicas asistenciales para llevar a los ciudadanos el bienestar que no logren por sus medios.
Del mismo modo que no somos jurídicamente acreedores de la felicidad, no puede pretenderse, desde lo volitivo, consagrar como derechos, verbigracia, la ocupación no consentida ni tolerada al amparo del “derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”; la autodesignación identitaria relativizando el empirismo cromosómico frente una supercorporalidad que no puede ni debe garantizar la ciencia, en este caso, jurídica o, en fin, y descendiendo al más prosaico procesalismo, reclamar un inexistente derecho al recurso, cuando lo cierto es que estamos en presencia de una institución de absoluta configuración legal, al contrario del derecho a poder dirigirse a un juez en busca de protección, para hacer valer el derecho de cada cual, que tiene naturaleza constitucional por nacer directamente de la propia ley suprema, en cambio, el que se revise la respuesta judicial por la vía del recurso es un concepto cuya configuración se defiere a las leyes.
El actual ser deseante convertido en mero consumidor de derechos buscará uno nuevo cuando el recién adquirido ya no le satisfaga o la última oferta flash le resulte más estimulante. La perseverancia en esta adolescente conducta antojadiza permitirá alcanzar, más pronto que tarde, la perfecta fungibilidad de los derechos y, con ello, su indefectible disolución. Y es que, ¿quién se acuerda de la penúltima serie que vio en Netflix?
Letrado del Tribunal Supremo. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Doctor en Derecho