Un sectarismo que debilita las instituciones

El máximo órgano de gobierno de los jueces se ha visto forzado a responder a las críticas del Gobierno contra los magistrados que han rebajado las condenas a algunos agresores tras la entrada en vigor de la ley de garantía de la libertad sexual. El Consejo General del Poder Judicial rechazó de plano las imputaciones de machismo vertidas por la ministra Irene Montero y la delegada contra la Violencia de Género y jueza en excedencia, Victoria Rosell, advirtiendo de que minan la confianza de las víctimas en la Justicia. El reiterado recurso del Ejecutivo a arremeter contra las instituciones u organismos que cuestionan sus políticas, en especial las leyes más sectarias aprobadas en esta legislatura, debilita la solidez y la calidad de las instituciones en nuestro país, creando además inseguridad jurídica. Son inadmisibles declaraciones como las de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusando a “parte de los jueces” de convertirse en oposición al Gobierno. No es la primera vez que el CGPJ tiene que replicar los ataques del Ejecutivo, como cuando Pablo Iglesias, siendo vicepresidente, puso en duda la independencia de los jueces a raíz de la condena a una dirigente de su partido, o cuando tildó de “humillación” al Estado las resoluciones de los tribunales de algunos países europeos rechazando las órdenes de extradición de los líderes separatistas fugados. La ley de libertad sexual endurece los castigos en la mayoría de los supuestos, pero también reduce las penas mínimas al fundir los anteriores delitos de agresión y abuso sexual. Algo que oculta el Ejecutivo en su ataque a los jueces. De hecho, el CGPJ recuerda que ya alertó en febrero de 2021 de las graves consecuencias que tendría la nueva regulación de los delitos sexuales impulsada por el Ministerio de Igualdad, pero el Consejo de Ministros no atendió su dictamen. Resulta preocupante la falta de autocrítica del Gobierno ante la constatación en la práctica de los evidentes defectos de la norma. Debe ser el legislador quien corrija ahora la norma para garantizar la mayor protección de las víctimas. Llueve sobre mojado en esta práctica de legislar con prisas o de manera interesada para favorecer a determinada clientela electoral como estamos viendo con la premura con la que el Gobierno aspira a eliminar el delito de sedición o a reformar el de malversación eludiendo presentar iniciativas de tal calado mediante proyecto de ley para sortear los obligatorios dictámentes del Poder Judicial o del Consejo de Estado.

Los ataques del Gobierno a los jueces generan inseguridad y minan la confianza en el sistema judicial