Una semana complicada para las entidades financieras
Los bancos han visto estos días cómo se concretaban tres de los temas que más les preocupan: el gravamen que el Gobierno quiere poner en marcha, el acuerdo para evitar problemas graves en el mercado hipotecario por la subida de los tipos de interés y la remisión al Congreso del proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El sector no está muy contento con el desarrollo de estas tres cuestiones.
El Congreso ha dado luz verde al gravamen que detraerá recursos de los bancos al establecer el pago del 4,8% del saldo neto del margen de intereses y de las comisiones netas de las entidades.
A pesar de la oposición de los bancos, del Banco Central Europeo y, en menor medida, de la Comisión Europea, el Congreso ha dado luz verde a su puesta en marcha, en principio con carácter temporal de dos años, aunque es posible que se discuta posteriormente su permanencia, y será ahora el Senado quien lo analice y discuta para acabar aprobándolo definitivamente antes de que termine este año.
En el sector financiero se tiene el convencimiento de que los bancos, de manera individual, recurrirán en los tribunales la legalidad del gravamen una vez que, en febrero, tengan que hacer frente al primer pago de dicho impuesto. Y lo harán con el convencimiento de que pueden ganar, dentro de varios años por los tiempos que necesita la Justicia para decidir sus asuntos, su pelea con la Administración. Seguridad que, según algún directivo bancario, es incluso compartida por altos cargos del propio Ministerio de Hacienda, que reconocen en privado las deficiencias técnicas de la proposición de ley que se discute en el Parlamento.
Pero en este terreno no todo son malas noticias, aunque sean parciales. Aunque el Gobierno siempre ha dicho que el gravamen se refiere a las cantidades registradas en 2022 y 2023, lo cierto es que el desembolso no afectará a las cuentas de este año, sino que el devengo corresponderá a 2023 y 2024.
Este detalle es importante, recalca el consejero delegado de uno de los principales bancos nacionales, porque “al no contabilizarse en 2022 sino en 2023 no impacta sobre el cierre de este ejercicio, que es la base sobre la que se llevará a cabo el test de estrés de la EBA (Autoridad Bancaria Europea)”.
Como quiera que el gravamen afectará de una manera u otra a los resultados finales de los bancos, que no se contabilice en 2022 hace que el punto de partida para el análisis de resistencia que hacen los reguladores europeos sea mejor.
La segunda cuestión resuelta, aunque aún deben adherirse los bancos de manera individual, es el acuerdo entre Economía y las patronales bancarias para dar ayudas a los clientes de rentas más bajas (ingresos de hasta 29.000 euros anuales), de forma que el esfuerzo para hacer frente a sus hipotecas no sea excesivo y ponga en peligro que puedan hacerlo.
Las entidades no querían que se adoptaran medidas generales, ya que prefieren negociar individualmente con sus clientes, pero finalmente se han plegado a ello obteniendo a cambio algunas mejoras para evitar tener que hacer elevadas provisiones por las reestructuraciones de los créditos que acuerden.
Deberán provisionar, pero menos de lo que temían gracias a haber conseguido que buena parte de esos préstamos, en función del plazo de ampliación de la vida del crédito, queden adscritos a lo que en lenguaje técnico se conoce como stage 2 en lugar de stage 3, donde los clientes son calificados como morosos.
Esto último conlleva no solo mayores dotaciones por parte de los bancos sino el estigma para los clientes afectados de no poder acceder a cualquier otro crédito por considerarse que si no puede pagar el primero no reúne las condiciones necesarias para acceder a un teórico segundo.
Finalmente, el último Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso del proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, organismo que ha concitado tanto las críticas de los supervisores hasta ahora concernidos en esta cuestión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, principalmente) como de las entidades, por entender que no solo se crea un nuevo ente, sino que le confiere poderes que hasta ahora son competencia de la Justicia y que convierten a una entidad administrativa en decisoria de conflictos entre particulares.
Los supervisores eran partidarios de aprovechar el momento y modificar el esquema de supervisión, agrupando en el Banco de España todas las cuestiones relacionadas con la solvencia, y en la CNMV, las de conducta (incluidas en ellas las referidas las reclamaciones de los clientes), pero Economía ha preferido mantener el actual esquema, detrayendo de estos dos supervisores y de la Dirección General de Seguros todo lo relacionado con las quejas de usuarios.
Las entidades, por su parte, además de manifestar su oposición por las cuestiones anteriores, consideran que existe una cierta propensión a dar la razón a los reclamantes sin considerar el fondo del conflicto, al establecer que las reclamaciones serán gratuitas para estos y que la entidad deberá abonar 250 euros con carácter previo ante cualquier reclamación que se interponga contra ella.
Ello significa, se señala en estas compañías, que “cualquier reclamación que lo sea por un importe inferior a esa cifra será atendida, porque resultará más barato que no aceptarla”. Otra cuestión a la que se oponen es que las decisiones de la nueva autoridad sean vinculantes siempre y cuando la cuantía de las mismas sea inferior a 20.000 euros.
Los bancos recurrirán el nuevo gravamen del Gobierno de manera individual
Supervisores y entidades critican la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente