Nuevo desafío de parte del transporte
La movilización de los transportistas autónomos que arrancó ayer no fue tan seguida como los paros entre marzo y abril. Hubo escasa participación tanto en el cese de la actividad como en la manifestación convocada en Madrid por la plataforma impulsora de la huelga debido a la falta de apoyo de las organizaciones mayoritarias del sector. Pero eso no hizo mella en su ánimo de volver a desafiar al Gobierno, ya que amenazaron con arruinar la Navidad si no se atienden sus demandas. Un chantaje inadmisible no sólo por la forma en que lo han planteado, sin siquiera una negociación previa, sino también por el delicado momento que atraviesa la economía española. La prolongación del bucle inflacionista está haciendo mella en los últimos meses en la actividad industrial y el consumo. Si los transportistas provocan otro colapso de los suministros básicos, generarían unas pérdidas económicas de hasta 600 millones de euros diarios, según la distribución comercial, y reavivarían la escalada de los precios de los alimentos, entre otros productos. Los convocantes denuncian la inacción del Ejecutivo a la hora de aplicar la ley aprobada en verano a raíz de las anteriores protestas del sector, que prohíbe el trabajo a pérdida de los transportistas, imponiendo a los cargadores que las tarifas pagadas cubran todos sus costes. Pero es injustificable que pretendan un paro completo del transporte por una disputa que debería solventarse por los cauces legales establecidos y cuando el sector aún se beneficia de las ayudas concedidas frente a la escalada de los carburantes. Si cada colectivo u organización sectorial que se sintiera desprotegida utilizase la capacidad de paralizar la economía tomando a consumidores y empresas como rehenes para lograr sus reivindicaciones, el caos estaría asegurado. Por eso, el Gobierno debe disponer todos los medios materiales y humanos necesarios para impedir que los organizadores de la huelga puedan alterar la normalidad en el transporte por carretera, que absorbe la mayor parte de los envíos comerciales en España. La falta de incidentes reseñables en la primera jornada de protestas no debe llevar a minimizar la probada capacidad de los transportistas para provocar un profundo daño al conjunto de la economía española. Hay demasiado en juego de cara a un final de año que se avecina complicado para muchos sectores dada la tendencia a la baja de la demanda y el deterioro generalizado de las perspectivas para nuestro país.
La disputa debería solventarse por los cauces legales establecidos y evitar alterar el transporte