Otegi se jacta de que hay Gobierno gracias a los separatistas
No es casualidad que se hayan producido el mismo día las votaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, de los impuestos temporales sobre la banca y las energéticas y de la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. El superjueves de ayer confirmó que la estabilidad del llamado Gobierno progresista de coalición se asienta en los grupos políticos más radicales, encabezados por los independentistas catalanes y vascos, que se aprovechan de la debilidad de Pedro Sánchez para obtener importantes réditos económicos y políticos. El líder socialista se aseguró ayer la continuidad del año que queda de legislatura gracias a las cesiones a ERC y a EH Bildu.
La validación de las cuentas públicas para el próximo año estaba asegurada desde principios de semana, una vez que el Gobierno había “comprado” los votos favorables de EH Bildu y el PDeCAT. Faltaba por conocer si finalmente ERC daría también al botón del sí, como finalmente ha sucedido. Aunque para ello, el ejecutivo haya tenido que utilizar el procedimiento de urgencia para la proposición de Ley de reforma del artículo 544 del Código Penal, que eliminaba el delito de sedición y abría las puertas a parte de los sediciosos catalanes condenados (aunque en la calle gracias al indulto perpetrado hace meses) a recuperar su habilitación política y a los fugados a poder volver con garantías a España.
Es un detalle nada insignificante, porque denota la falta de confianza mutua entre socialistas y republicanos. Ha sido como una entrega mano a mano, mirándose a los ojos, para que ambos cumplieran sus compromisos. ERC tenía que conceder sus 13 votos a los presupuestos (por los que había obtenido además 900 millones de euros en inversiones extra) para que el PSOE consumara la felonía de eliminar el delito de sedición, que no solo beneficia a los condenados del procés, sino que les abre la puerta para que lo vuelvan a hacer.
Al final, la Ley fue aprobada por 187 votos a favor, 156 en contra y una abstención. Dieron su sí los 120 diputados del PSOE, 33 de Unidas Podemos, 13 de ERC, 6 del PNV, 5 de EH Bildu, 4 del PDeCat, 2 de Coalición Canaria, 2 de Más País, 1 de Compromís y 1 del PRC. En contra, votaron los 88 representantes del PP, 52 de Vox, 9 de Ciudadanos, 4 de Junts, 2 de la CUP, 2 de Navarra Suma, 1 de Foro Asturias y 1 de Teruel Existe. La coalición que aupó a Pedro Sánchez en su investidura en 2019 sigue apoyando al líder socialista, que se mantiene firme pese a los más negativos presagios de sus contendientes. Hay que reconocer que el secretario general del PSOE es un maestro en la resistencia: ha obtenido 21 votos más que los que logró en el debate de investidura hace tres años. El problema es a costa de qué.
Ayer mismo, en una entrevista concedida a Europa Press por el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi se regodeaba de que Sánchez siga en La Moncloa gracias a los apoyos de las fuerzas independentistas. “Se da la paradoja”, afirmaba el ex etarra, “de que el Gobierno de progreso en el Estado no sería posible sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España”. Es ese bloque de la izquierda plurinacional el que ha permitido a los socialistas aprobar tres presupuestos seguidos, obteniendo a cambio importantes cesiones del Estado a las fuerzas secesionistas. La salida de la Guardia Civil de Navarra ha sido la última; o la penúltima.
Además de las concesiones hechas públicas a lo largo de la negociación para que los independentistas apoyen los Presupuestos, hay otra serie de acuerdos emboscados que nunca se explican pero que se van conociendo en los meses siguientes, en forma de fondos extra o de aumentos de competencias. Esa es la nueva política que presume de transparencia y actúa con la mayor de las oscuridades.
Sea como fuere, el proyecto de Ley aprobado ayer será enviado ahora al Senado para continuar su tramitación. El Gobierno confía en que no se apruebe ninguna enmienda para que vuelva al Congreso sin necesidad de más debate para su convalidación definitiva. Es un triunfo para Pedro Sánchez, que esta misma semana había recibido el visto bueno de Bruselas a unas cuentas que suponen el mayor gasto social de la democracia. La buena noticia es que su validación facilitará la recepción de los fondos europeos.
¿Optimismo excesivo?
Hay un pequeño detalle que socialistas, morados y todos los grupos políticos que los han apoyado no han querido reconocer: ningún organismo internacional ni institución nacional está de acuerdo con la previsión de crecimiento del PIB fijada en los Presupuestos. El 2,1 previsto está muy por encima del 1,2 establecido esta misma semana por el FMI. Un desajuste que, unido a la inflación, puede desequilibrar las cuentas de ingresos y gastos para un año tan decisivo.
El orden del día de ayer incluía en un pleno extraordinario las proposiciones de Ley del Impuesto temporal a la banca y las energéticas y de Reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y crear uno nuevo de desórdenes públicos agravados. A la hora de escribir este artículo, las votaciones seguían en curso, ya que para la segunda de las leyes el PP había forzado una votación por llamamiento personal de cada diputado, aunque se daba por hecho que ambos saldrían adelante. Los populares buscaban con ello que cada representante socialista se tenga que retratar públicamente frente a una decisión muy controvertida entre las bases y los votantes del PSOE.
El escenario electoral de 2023 está marcando la agenda política y parlamentaria, que cada vez está más polarizada. Con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de primavera, los líderes del Partido Popular tienen la esperanza de ganar algunos de los feudos tradicionalmente socialistas, como Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia o Asturias, como consiguió en Andalucía. Para ello, piensan que las concesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán pueden hacer mucho daño a los candidatos del PSOE.
Por el contrario, desde Ferraz han diseñado una estrategia de enfrentamiento directo con Alberto Núñez Feijóo, al que buscan desacreditar de una forma agresiva para intentar dar la vuelta a unas encuestas que le siguen siendo favorables. En el debate del pasado martes en el Senado entre Sánchez y Feijóo se pudo comprobar ese choque de estrategias; mientras el líder popular preguntaba sobre la eliminación del delito de sedición y sus consecuencias, el presidente del Gobierno se negaba a responder e insistía en su política de hacer oposición al líder de la oposición.
Faltan meses para las primeras elecciones y un año para la generales. Habitualmente, el que gana las municipales, repite luego en las nacionales. Por eso, nos esperan largos meses de campaña electoral en la que no faltarán descalificaciones por uno y otro lado.
El papel que vayan a jugar los extremos, Vox y Unidas Podemos (o Sumar, si es que sale adelante), durante la campaña y posteriormente en los pactos autonómicos y municipales, serán también decisivos para la actitud de socialistas y populares que han sido tantas veces arrastrados por la fuerza centrífuga de los radicales. Nos esperan meses complicados.
“No hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad; esa es la gran paradoja”. Con estas palabras, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, condenado en su día por enaltecimiento del terrorismo, se jactó ayer públicamente del papel que su formación, heredera del mundo de Batasuna, juega en los derroteros de la política nacional, mostrando a las claras lo que la oposición de centroderecha lleva reprochándole a Pedro Sánchez desde su llegada al poder: que su Gobierno pende del hilo de las cesiones al independentismo catalán y vasco, de aquellos que quieren “romper España”. “Sin vascos independentistas de izquierdas y catalanes independentistas de izquierdas, no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado” español, afirmó Otegi en una entrevista en Europa Press, en la que puso nombres y apellidos a quienes, en su opinión, han sostenido el Gobierno durante tres años, “lo que nosotros llamamos bloque de izquierda plurinacional, fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE, con el concurso del PNV y a veces del BNG”.
Cesiones
Otegi pronunció estas palabras el mismo día en que el Ejecutivo logró sacar adelante en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2023, gracias al apoyo de los separatistas vascos y catalanes y a cesiones como la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra, o la reforma del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición, en este caso con la brújula apuntando al independentismo catalán, pero sin perder de vista a quienes no renuncian al separatismo en el País Vasco. De hecho, Otegi advirtió ayer de que “los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal; se parará una vez, pero no se va a parar siempre”, añadiendo que “no se pueden poner puertas al campo”.
Respecto a la posibilidad de modificar el delito de malversación, Otegi consideró que es “un debate lo suficientemente delicado como para que se haga bien”.