Sánchez traspasa otra línea roja con la Justicia

El Gobierno ha traspasado otra línea roja en su desprecio a la independencia de la Justicia con la elección de los nuevos vocales del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar por la ley. Primero, por su marcado perfil político: el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, antigua asesora del Ministerio de Presidencia y actual vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat catalana. Segundo, porque ambos participaron en la elaboración de algunas normas del actual Ejecutivo cuya constitucionalidad debe dirimir el Alto Tribunal en los próximos meses: la Ley Celaá, la de eutanasia, la reforma laboral, la Ley de riders, el ingreso mínimo vital y la Ley de protección a la infancia. Tercero, porque durante el ejercicio de sus anteriores cargos ambos adoptaron decisiones que pueden comprometer su imparcialidad como miembros del Constitucional. Campo firmó como ministro los indultos a los condenados por el procés y Díez ha respaldado el decreto elaborado por la Generalitat para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que blinda la enseñanza del castellano en los colegios de la comunidad. Cuarto, al elevar sus candidatos al Constitucional sin que el Consejo General del Poder Judicial haya propuesto los que le corresponden para cumplir la renovación por tercios obligada por la Carta Magna. Y quinto, porque sitúa al Alto Tribunal frente a la tesitura de cuestionar la idoneidad de los candidatos presentados por el Gobierno, lo que agravaría la crisis institucional. ¿Esta es la despolitización de la Justicia que pregonaba Sánchez?