Unas medidas caras y contraproducentes

Los precios del alquiler no han dejado de incrementarse tras la aprobación del plan anticrisis del Gobierno, sino todo lo contrario: muchos propietarios han elevado las rentas de entrada para evitar las posibles pérdidas que puede suponer el límite a los arrendamientos. Y eso, junto con el trasvase de la demanda de la compra al arrendamiento provocado por la subida de los tipos de interés y la restrictiva regulación antidesahucios, que provoca que el 4% de los propietarios dejen su piso sin alquilar, eleva la tensión en el mercado. Así, la restricción a la actualización de los alquileres ha resultado una medida con unos efectos muy limitados y contraproducente para los nuevos inquilinos, pero no es la única. Por ejemplo, el límite al gas ha tenido un efecto muy escaso sobre la factura de la luz, a cambio de expulsar del mercado a buena parte de la cogeneración, que comprende numerosas fábricas en sectores como la industria química o la cerámica. Y también la subvención fiscal a los carburantes ha tenido un efecto muy limitado en los precios de la gasolina y el gasóleo. Todo ello queda puesto de manifiesto muy claramente cuando se observa que el IPC real sube apenas ocho décimas por debajo de los precios a impuestos contantes

(11,5% anual), cuando el Ejecutivo preveía que toda su batería de medidas ayudaría a moderar los precios en 3,5 puntos.

A cambio, el Gobierno calcula que su plan tendrá un coste de 15.000 millones de euros para las arcas públicas (a lo que hay que sumar la factura para los particulares, como los dueños de pisos o los de estaciones de servicio), algo muy complicado de asumir en un momento en el que los tipos de interés ya han comenzado a subir y en el que el Ejecutivo ya ha comprometido otros 15.000 millones para revalorizar las pensiones el próximo ejercicio. Todo ello, a su vez, le deja sin margen para deflactar las tarifas del IRPF y adecuarlas a la inflación, lo que permitiría al menos no agravar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que muchos sufren por la escasa revalorización de sus sueldos y que, a su vez, eleva la presión de la conflictividad social sobre las empresas, lo que aviva el círculo vicioso de la inflación. Sin embargo, el problema no es la falta de recursos para hacer frente a la inflación, sino la búsqueda de soluciones que remen contra el mercado y no a favor de él. Por ejemplo, sería mucho más efectivo dar seguridad jurídica a los propietarios para que estos pusieran sus pisos en alquiler, de forma que la mayor oferta contribuyera a bajar los precios, que limitar durante unos meses la actualización de las rentas.

El plan del Gobierno ha moderado el IPC en siete décimas, una quinta parte de lo previsto