El empobrecimiento de la economía española
El Gobierno ha decidido que los ciudadanos soporten todo el sacrificio de la inflación porque se niega a deflactar la tarifa del IRPF, y sube y crea nuevos impuestos para alimentar el crecimiento del gasto público.
La publicación del IPC del mes de julio ha confirmado lo que ya había anticipado su indicador adelantado. Un mes más, la inflación se encuentra desbocada. El IPC ha sobrepasado por segundo mes el 10%, hasta el 10,8% en julio, que muestra una subida de 6 décimas, pero lo más preocupante es que la inflación subyacente asciende al 6,1%, con un ritmo creciente mes tras mes (6 décimas también en el mes de julio). Eso quiere decir que la subida de precios se ha enroscado ya de manera permanente en todo el sistema productivo, porque las empresas no podían soportar más el alza de costes.
Esta espiral inflacionista, iniciada en noviembre del año pasado, de momento parece no tener fin. Los precios industriales superan incrementos interanuales del 40% durante varios meses seguidos; el precio de la energía sigue altísimo; los carburantes apenas ceden y se mantienen en cotas muy elevadas; y hacer la compra se ha encarecido muy notablemente.
Las más perjudicadas son las rentas bajas, que tienen una mayor propensión al consumo, es decir, que consumen una mayor parte de su renta respecto a los ciudadanos con rentas altas. De esta manera, agotan su capacidad de ahorro y soportan un esfuerzo mayor sobre sus ingresos en el pago de impuestos derivado de la inflación, pero el Gobierno se niega a deflactar la tarifa del IRPF y a bajar impuestos, asfixiando a las familias y a las empresas mientras él incrementa transitoriamente la recaudación por el efecto inflacionista, al tiempo que ceba los cuellos de botella con un incremento de gasto desmedido, que la economía no puede permitirse y que empobrece a todos por doble vía directa y por otra indirecta. Las dos directas son el incremento del endeudamiento y la presión sobre los precios; la indirecta, la pérdida de puestos de trabajo que originará el deterioro económico que producirá lo anterior, aunque ahora la estacionalidad lo mitigue, pero incluso así se percibe una desaceleración notable, con la primera destrucción de empleo de toda la serie –en forma de menos afiliados a la Seguridad Social– de un mes de julio, y con el descenso de un 6,8% en la creación de empresas y el aumento de un 8,1% en la disolución de sociedades, unido a la menor inversión extranjera recibida –13.306,77 millones de euros menos que los que se recibían cuando Sánchez llegó al Gobierno–.
Ese deterioro económico, probablemente, se acelerará en otoño, debido a que, para entonces, todos los ahorros se habrán esfumado entre la subida de precios y el gasto vacacional –quien haya podido hacerlo–. A ello se añadirá el incremento de las cuotas hipotecarias mensuales en las hipotecas a tipo variable, que drenará recursos de la renta disponible tanto para el consumo como para el ahorro. Al disminuir su consumo, disminuirá la producción; así, al disminuir la producción, disminuirá la actividad; al disminuir la actividad, disminuirá el empleo. Del mismo modo, la financiación del sector público se encarecerá, mermando recursos para servicios esenciales, y la empresarial también, de manera que puede disminuir todavía más la actividad empresarial en España generadora de actividad. Asimismo, la ausencia de reformas empeora las expectativas de familias y empresas, de forma que eso puede incidir negativamente en el corto plazo, al anticiparlas. Esa ausencia de reformas hace que nuestra productividad y competitividad, antes mencionadas, no mejoren, sino todo lo contrario, con el problema estructural que supone para la economía.
Se ha descuidado la atención a la inflación de manera equivocada, pues no debemos obviar lo peligrosa, por perniciosa para toda la actividad económica, que es, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, sino que encarece toda la actividad económica, la hace menos competitiva y puede crear un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo. Los bancos centrales reaccionaron tarde, pero la Reserva Federal ha intensificado de manera importante su política monetaria, hasta elevar los tipos y dejarlos entre el 2,25% y el 2,50%, y el BCE ha subido 50 puntos básicos. Ambas instituciones prevén nuevas alzas en el mes de septiembre. Han llegado tarde, y por eso ahora tiene que ser más intensa la contracción monetaria, pero han empezado a luchar contra la inflación.
Ahora bien, paralelamente, para evitar que se deteriore más la economía, como antes he mencionado, es preciso que se realicen reformas para agilizar la actividad, que se bajen impuestos, que se deflacte la tarifa del IRPF y que se elimine el gasto ineficiente.
Sin embargo, el Gobierno se niega a ver la realidad económica: en lugar de ajustar el gasto público, disminuirlo y asumir el esfuerzo, el Gobierno ha decidido que todo el sacrificio y quebranto derivados de la inflación lo soporten ciudadanos y empresas, a los que castiga con ella, que es el peor y más peligroso de los impuestos, mientras, como hemos dicho, él incrementa su recaudación a costa de dicha inflación confiscatoria que exprime a los contribuyentes. Los únicos ejes sobre los que se asienta la política del Gobierno son más gasto, más impuestos y parches y restricciones energéticas, pero no tiene ni un plan eficaz, y eso dibuja una muy mala perspectiva.
Es más, con los nuevos impuestos que quiere imponer, el energético y el bancario, sólo conseguirá perjudicar más a los ciudadanos y al conjunto de la economía, pues puede provocar una disminución de oferta energética y encarecimiento de sus precios; una disminución del crédito bancario para compensar la pérdida de solvencia que les provocará el impuesto a las entidades financieras, que afectará a un menor dinamismo de la economía; y un efecto de doble imposición, al no dejar deducirse este impuesto en el de Sociedades; pero, también espoleará la inflación. De esta forma, el Gobierno, con su actitud, empobrece a la economía española, con pérdida de poder adquisitivo y de competitividad, que puede provocar efectos todavía mucho peores, especialmente en las rentas más bajas, muchas de las cuales tienen ya serias dificultades para poder cubrir sus gastos y necesidades, en definitiva, para poder llegar a fin de mes.
La falta de reformas empeora las expectativas económicas de las familias y de las empresas