Fin de las vacaciones parlamentarias ante un curso polémico y decisivo
El Gobierno ha decidido adelantar el final de las vacaciones parlamentarias para iniciar cuanto antes un curso político que se presume polémico y decisivo para España. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, ha convocado para el próximo miércoles 24 de agosto una reunión de la Mesa del Congreso y, para el día siguiente, el primer pleno de la temporada. Una decisión acertada, teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas que se dejaron para septiembre.
En ese pleno extraordinario, se debatirán la convalidación del decreto de ahorro energético, ayudas al transporte y becas de estudio aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto, así como otros decretos relativos al nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia y el relativo a las medidas urgentes para hacer frente a los incendios forestales. Además, se abordarán las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y a la reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Toda una batería de disposiciones legales que el Ejecutivo confía en sacar adelante con el apoyo de sus socios de investidura.
Pedro Sánchez ha querido dar la imagen de mantener su actividad como presidente desde la residencia de La Mareta, en las Islas Canarias, en donde pasa sus vacaciones. Es consciente de que debe recuperar la iniciativa política cuanto antes, con vistas al próximo año electoral, en el que los socialistas se juegan las comunidades autónomas en las que gobiernan y miles de ayuntamientos.
Las encuestas no le son favorables, pero los equipos de Ferraz y de La Moncloa confían en dar la vuelta a la situación con una doble estrategia. Por un lado, una actividad legislativa frenética que marque la agenda política y, por otro, un aumento de la tensión sobre el PP y su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo. Los nuevos portavoces del PSOE y del Gobierno han reforzado ya en agosto sus acciones de oposición a la oposición, mientras que los líderes populares han cometido algunos errores de bulto en sus reacciones ante las crisis del verano.
Al margen de las estrategias de unos y otros de cara al nuevo curso político, no cabe duda de que los próximos meses van a ser muy exigentes para el Gobierno y sus socios, así como para los grupos de la oposición a su derecha. La situación económica presenta demasiadas incertidumbres, motivadas por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania que ha disparado la inflación hasta límites desconocidos desde hace décadas. El crecimiento económico sigue siendo una incógnita si el conflicto bélico iniciado por Rusia se prolonga mucho más tiempo.
El pasado jueves, Eurostat hacía públicos los datos del IPC armonizado de julio en los países de la eurozona, con una media del 8,9%. España se situaba entre los peores de los grandes, con una inflación de 10,7%, frente al 6,8 de Francia, el 8,4 de Italia y el 8,5 de Alemania, con lo que ello supone de impacto negativo sobre la competitividad de nuestra economía. Desde el Gobierno se insiste en que muy pronto bajaremos de los dos dígitos y que los precios de la energía ya han empezado a remitir.
La subida de precios es una cuestión especialmente sensible para el ambiente social y en el debate político. Todos los partidos lo han utilizado como arma arrojadiza contra el Gobierno cuando estaban en la oposición y esta vez no es una excepción. Además, siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto de los pobres y ante un año electoral como 2023 (autonómicas y municipales en mayo, y generales en diciembre, o antes), el IPC estará presente en todos los debates.
Ante una situación tan alarmante, lo razonable hubiera sido iniciar la negociación de un pacto de rentas hace ya meses. Sin embargo, el ambiente de polarización ha impedido marcar un calendario de reuniones al respecto. El Gobierno pretende iniciar esa negociaciones con los agentes económicos en septiembre, aunque ha eliminado de la agenda el incremento de las pensiones, que se revalorizarán según el aumento de precios, e incluso una nueva subida del salario mínimo interprofesional.
Pretenden negociar las subidas salariales del sector privado y de los funcionarios públicos con una perspectiva a medio plazo para que vayan recuperando poco a poco el poder adquisitivo perdido por la inflación. Algo razonable para evitar un bucle de precios que haría muchísimo daño a nuestra economía. Tampoco tendrán un efecto sobre el IPC (más bien al contrario) los impuestos extraordinarios anunciados sobre la banca y las empresas energéticas.
En el terreno puramente político e institucional, Sánchez y su equipo están decididos a sacar el máximo rédito a la falta de disposición del PP a negociar la renovación de los órganos jurisdiccionales. En septiembre, el Gobierno nombrará dos nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial se verá forzado a nombrar a los otros dos para cubrir la vacantes establecidas. Con ello se dará el primer paso para volver a intentar la renovación de los vocales del CGPJ, que lleva 44 años caducado.
Esta es una historia vergonzosa en la que tanto el PSOE como el PP han actuado de forma irresponsable, evitando un acuerdo tasado por la Constitución. Desde la Unión Europea han enviado mensajes muy críticos sobre una situación tremendamente irregular para uno de sus países miembro. Es urgente una solución.