Cinco países intentan sortear el veto húngaro al tipo mínimo en Sociedades
ECOFIN/ Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos firman un comunicado en el que aseguran que aprobarán “por cualquier medio legal” el tipo mínimo global del 15% en 2023, que solo veta Hungría.
Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos lanzaron ayer un ultimátum a Hungría para aprobar la implementación a nivel comunitario de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a aplicar a las multinacionales en 2023.
La iniciativa, acordada en el seno de la OCDE, que estima que la medida aportaría 150.000 millones de dólares al año, está encontrándose con más dificultades de lo previsto. En la UE, Hungría mantiene un veto que impide la aprobación por unanimidad de esta medida que inicialmente se esperaba que entrase en vigor en 2023 y que hace unos meses la OCDE aplazó a 2024, debido a la complejidad del debate técnico para su aplicación y a la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y la crisis económica derivada de la misma.
Otra dificultad añadida es la negociación que ha de darse en la Unión Europea para la instauración comunitaria de este tributo. El veto de Hungría, que considera que la medida sería perjudicial para la economía comunitaria en estos momentos, obliga a buscar una solución para desbloquear esta medida que se aplicaría a las grandes multinacionales cuyos ingresos superen los 750 millones de euros. En este contexto, ayer, durante la reunión informal del Ecofin que mantienen en Praga los ministros de economía de los estados miembro de la UE, fue difundida una comunicación conjunta, firmada por los ministros de Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos, para reafirmar su compromiso para implementar “rápidamente” el tipo mínimo del 15% en Sociedades, al considerar que “es una palanca clave para una mayor justicia fiscal” y contra la evasión.
Por cualquier medio legal En el comunicado, los cinco firmantes recuerdan que la medida cuenta con el visto bueno de 26 de los 27 países miembro de la UE, y aseguran que, aunque su primer objetivo es lograr un consenso para lograr la unanimidad, si ésta no se alcanza “en las próximas semanas”, sus gobiernos están “decididos” a cumplir con la aprobación de la medida. En concreto, señalan que están “listos” para implementarla en 2023 “por cualquier medio legal posible”, así como “comprometidos” para tener para mediados del próximo año un acuerdo para la reasignación de la recaudación que se consiga mediante este impuesto de Sociedades global, que supone el otro pilar del acuerdo alcanzado en la OCDE.
Antes de la publicación del comunicado, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya había indicado a su llegada a la reunión en Praga que España, que implementó un tipo mínimo del 15% en los Presupuestos de 2022, impulsaría una declaración conjunta para sortear el veto húngaro. Asimismo, Calviño aseguró que España apoyará implantar la medida mediante una cooperación reforzada, un mecanismo que permite aprobar iniciativas que no cuentan con el apoyo unánime de los 27, pero que requiere que la respalden un mínimo de nueve estados miembro. Este mecanismo permitiría romper el bloqueo que supone el veto húngaro ante el requisito de unanimidad que se aplica a los cambios fiscales. “Tenemos que acelerar el trabajo para que en la UE tengamos reglas apropiadas y, en particular, un tipo mínimo del impuesto para las grandes empresas porque tenemos que tener una justa distribución de los costes de la guerra y del impacto de los altos precios de la energía y esto requiere un sistema adecuado también por el lado fiscal", aseguró Calviño.
Por su parte, el ministro alemán Christian Linder aseguró que aunque su gobierno prefiere actuar de forma coordinada, está dispuesto a transponer el tipo mínimo del 15% a su ley nacional.
En la misma línea se expresó el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que manifestó el rechazo de su gobierno al veto húngaro, recordando que “hasta hace poco” había un acuerdo de los 27. Le Maire aseguró que su país no quiere fraude fiscal en la Unión Europea, por lo que “es momento de decidir poner en marcha alternativas para asegurar que la medida, sale adelante el próximo año”, declaró.
Por otro lado, el ministro italiano de economía, Daniele Franco, apuntó que Italia prefiere actuar por unanimidad y seguirá apoyando los esfuerzos en las negociaciones, pero que, “si no se consiguiera, deberemos proceder de otro modo”. Por último, la ministra holandesa Sigrid Kaag, resaltó la importancia de demostrar que los socios europeos son capaces de “avanzar” y “no permitir la erosión selectiva” de los acuerdos.
Los cinco firmantes buscarán otras vías si no hay unanimidad “en las próximas semanas”