Energía: apremia liberalizar los ‘monopolios complementarios’

En el actual contexto de escalada de los precios en el mercado eléctrico, cobra especial importancia la situación de los megacontratos de suministro de energía eléctrica que suscriben los organismos públicos con las empresas eléctricas. Especialmente en el caso de los grandes monopolios públicos, titulares de importantes infraestructuras con un consumo intensivo de electricidad, la legislación española ha venido permitiendo una especie de monopolio complementario, en virtud del cual dichos organismos licitan contratos públicos de suministro de energía eléctrica, que luego revenden a los operadores que, en un régimen liberalizado, utilizan dichas infraestructuras.

Una alternativa a lo anterior sería la firma de contratos con un precio fijo a largo plazo: los conocidos –por sus siglas en inglés– como PPA (power purchase agreements). Esta opción no sólo supondría un notable abaratamiento de costes, sino que además estaría en línea con los objetivos de contratación pública sostenible.

Justamente ese elemento del largo plazo es lo que hasta ahora ha venido impidiendo su acceso a la contratación pública. La compraventa de energía encaja en la forma del contrato público de suministros, regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, en un sentido amplio, como aquel en el que la Administración adquiere la propiedad o el disfrute de bienes muebles. Por si hubiese alguna duda, la propia Ley incluye como contratos de suministro “los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada”.

Desde hace tiempo, el legislador ha fijado para este tipo contractual una duración máxima de cinco años. Este límite se reafirma en el vigente artículo 29 de la Ley de Contratos. Sin duda, porque se considera que un plazo más largo podría suponer un impedimento para la libre concurrencia, al bloquear durante mucho tiempo la posibilidad de una nueva licitación (en el caso de los suministros no hay una inversión previa que el contratista deba amortizar).

Pero esta corta duración choca con las características y exigencias de los PPA, que son contratos con una clara vocación de largo plazo. Existe una elevada casuística, pero la mayor parte de ellos se suscriben por un plazo de diez a veinte años. Esa duración beneficia a ambas partes: el consumidor u off taker consigue una estabilidad en el precio contratado de la energía a largo plazo (de hecho, los PPA muchas veces funcionan como un contrato de cobertura, compitiendo con el mercado de opciones y futuros); en cuanto a los vendedores, desarrolladores de energías renovables, les garantiza un control sobre su coste-beneficio a largo plazo, lo que, en numerosos casos, implica la obtención de la financiación necesaria para el desarrollo de proyectos. Es decir, los PPA contribuyen de forma clara al éxito de los proyectos de energía renovable.

España es el país de la Unión Europea con el mayor mercado de PPA, alcanzando la increíble cifra de 4 GW contratados en 2021. La situación actual de volatilidad en los precios de la energía no parece que vaya a frenar esta tendencia en el sector privado. Los grandes consumidores de energía ya han anunciado la celebración de la primera subasta masiva de iniciativa privada de este tipo de contratos en 2023. En este contexto, no es lógico que los organismos públicos no puedan aprovechar plenamente las oportunidades que generan los PPA.

Reglas especiales

Una posible solución sería flexibilizar la regulación del contrato de suministros en la Ley de Contratos del Sector Público, dando cabida a reglas especiales de mayor duración para las adquisiciones de energía procedente de fuentes renovables por parte del sector público. Una normativa especial –no excepcional– que permita una apertura estratégica del mercado de contratos públicos a la adquisición de electricidad generada en este tipo de instalaciones.

Otra opción, quizás más factible a corto plazo, sería permitir que los operadores contratasen directamente la energía eléctrica a través de los PPA en lugar de hacerlo los organismos públicos titulares de las infraestructuras. Hace unos días los medios de comunicación daban la noticia del desorbitado aumento del coste de la electricidad para las compañías de transporte ferroviario. Como es sabido, Adif licita periódicamente su contrato público de suministro eléctrico entre los distintos comercializadores y repercute el coste correspondiente a los operadores. En febrero del año pasado adjudicó el suministro de energía eléctrica para la red ferroviaria por un importe máximo de 489 millones de euros durante un periodo de 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses. Se trata de un contrato indexado al mercado mayorista diario, lo que supone una notable exposición a la volatilidad de los precios, con el consiguiente encarecimiento del que deben pagar por sus billetes los usuarios del tren. El modelo de España –lo advertía recientemente la CNMC– difiere del vigente en Francia y Portugal, donde se permite que las empresas ferroviarias escojan a su suministrador de energía. Desde hace algunos años, la francesa SNCF viene suscribiendo PPA con empresas de energías renovables, con el objetivo de lograr entre un 40% y un 50% de energías renovables para su consumo eléctrico. Una vez más, como decía Pascal, lo que es verdad a un lado de los Pirineos es mentira en el otro.

La Ley del Sector Eléctrico establece que “excepcionalmente” los gestores de puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias, en su condición de consumidores, podrán prestar servicios de suministro eléctrico a embarcaciones, aeronaves y ferrocarriles y servicios inherentes a la prestación del servicio, respectivamente. Esta disposición no significa que este modelo sea obligatorio y excluyente. Pero la legislación sectorial –por ejemplo, la Ley del Sector Ferroviario, hoy pendiente de reforma en las Cortes Generales– así lo ha establecido.

Es hora de liberalizar estos “monopolios complementarios”, tanto en beneficio del medio ambiente como de unos precios asequibles para los servicios de interés general.

El modelo de España difiere del vigente en Francia y Portugal, donde las ferroviarias escogen a su suministrador de energía