Los empresarios cargan contra un Presupuesto “populista” y “electoralista”

CRÍTICAS GENERALIZADAS/ Los directivos y líderes patronales tachan el Presupuesto irresponsable, al cargar de impuestos a las empresas sin introducir apenas partidas de gasto productivo para apoyar la recuperación económico.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 no han sentado nada bien entre las empresas, que critican que las Cuentas están plagadas de medidas “electoralistas y populistas”, que cargan a las empresas con nuevos impuestos, lo que daña el empleo, mientras que las partidas de gasto corriente copan la mayor parte del incremento presupuestario, en lugar de las inversiones productivas. Y todo ello, con el telón de fondo de unos elevados riesgos sobre la deuda pública, ya que la corrección del déficit descansa en un crecimiento del PIB aparentemente inflado que, de quedar por debajo de las expectativas, provocaría un fuerte aumento la carga financiera del Tesoro.

La mayor de las críticas a los Presupuestos pasa por el aumento del gasto social, ya que las pensiones copan la mayor parte del incremento junto con el sueldo de los funcionarios, mientras que son las empresas y empresarios las que pagan la fiesta, fundametalmente con el alza de las cotizaciones sociales, pero también con el nuevo impuesto a las grandes fortunas y la no deflactación del IRPF para las clases medias y altas, que eleva sustancialmente la presión fiscal para todos aquellos que cobran más de 21.000 euros al año.

En concreto, el aumento de las cotizaciones sociales, por la vía del incremento de las bases mínimas (por el alza del SMI) y máximas de cotización, sumado al mecanismo de equidad intergeneracional (el 0,6%), que se complementa con el nuevo sistema progresivo para los trabajadores por cuenta fija, supone un fuerte incremento de los costes laborales, a lo que hay que sumar también el aumento de sueldos que cada empresa pacte con sus trabajadores y que en un contexto inflacionario parece inevitable en cierta medida. Todo ello conlleva una pérdida de competitividad que no se verá compensado por el gasto productivo, ya que la inflación se come por completo el tímido incremento de las partidas destinadas, en principio, a

”CEOE considera inadmisible que el Gobierno haya decidido, de manera unilateral y a espaldas del diálogo social, subir un 8,6% las bases máximas de cotización en el marco de los Presupuestos para 2023. Las organizaciones empresariales queremos recalcar que existe una mesa específica con interlocutores sociales para tratar este tema, sin que se nos haya trasladado nada sobre este asunto, con lo que la decisión adoptada es impresentable y devalúa el diálogo social. Aumentar las cotizaciones sociales en un 9%, al añadir la subida del 0,6% del tipo de cotización es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo”.

“El Gobierno hace electoralismo con los próximos presupuestos del Estado, porque son populistas, expansivos y los más insolidarios intergeneracionalmente. Favorecen a unos grupos de ciudadanos sobre otros y multiplican el gasto, afirma Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios. “La quiebra del sistema de pensiones será inevitable porque no salen las cuentas entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones. Hay que incrementar la edad de jubilación a los 70 años". Si Alemania entra en recesión, es muy probable que España entre en recesión en el último trimestre del año o en el primero del que viene”.

favorecer a la productividad de las empresas.

Déficit

Y el segundo gran problema de los Presupuestos es que ponen en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública. Por

un lado, el crecimiento del PIB parece sobreestimado en comparación con otros organismos de previsión, ya que el Ejecutivo apuesta por un crecimiento del 2,1% el próximo año, frente al 1,5% de la Autoridad Fiscal, el

1,4% del Banco de España o el 1% de BBVA Research, lo que hace que los ingresos estén inflados y el déficit se vaya a desviar al alza. Y esto es muy problemático en un momento en el que la deuda pública está disparada y en el

que el coste de las nuevas emisiones es creciente y se puede disparar si hay una nueva subida de los tipos de interés, lo que podría provocar la necesidad de aplicar un recorte de emergencia como el de 2010.