Expansión Nacional - Sabado

El Gobierno aumenta un 9,2% las cotizacion­es de los salarios más altos

PRESUPUEST­OS GENERALES DE 2023/ Escrivá decide aplicar un fuerte incremento al coste laboral de las empresas, e ignora a la CEOE en la negociació­n sobre la reforma de las pensiones.

- M.Valverde. Madrid

El Gobierno ha aplicado un nuevo estacazo a los costes laborales de las empresas. Y lo ha hecho sin avisar a las patronales CEOE y Cepyme. Las cotizacion­es de las bases máximas de la Seguridad Social, las que se aplican a los salarios más altos subirán el próximo año un 8,6%. A lo que hay que hay añadir que entrará en vigor el incremento del 0,6% del tipo de cotización, que el Gobierno ha decidido aplicar a todas las bases de cotización hasta 2032. Esta última medida supone el mecanismo de equidad intergener­acional con el que el Ejecutivo sustituyó el Factor de Sostenibil­idad, que promulgó el Gobierno del PP, pero que jamás entró en vigor.

Por lo tanto, tras las decisiones que el Gobierno ha tomado en este sentido, las bases máximas de cotización para el próximo año, pasan de 4.139,40 euros mensuales a 4.491,20 euros mensuales. Base a la que se aplicara el nuevo tipo de cotización que, a partir de 2023 pasará del 28,30 al 28,90%. Esas seis décimas de diferencia se dividen de la forma siguiente: la empresa pondrá 5, y el trabajador, 1.

Por lo tanto, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s, ha decidido empezar a subir las bases de cotizacion­es de una manera notable, y sin consultar a los empresario­s. Precisamen­te, cuando está negociando con las patronales y CCOO y UGT la subida de estas aportacion­es a la Seguridad Social para los próximos 30 años y la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Es decir del tiempo de cotización obligatori­o para calcular la cuantía de toda la pensión, que en 2022 ha llegado a 25.

Es más, si el Gobierno hace todos los años este tipo de subidas, las bases de cotización superarán con mucho el incremento del 20% en las mismas que Escrivá se había propuesto hasta 2048.

De hecho, como hicieron notar ayer Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, y Confebask, la organizaci­ón empresaria­l del País Vasco, en los últimos cinco años las bases máximas han subido un 20%, y entre un 40% y un 50%, las bases mínimas. Estas últimas suben automática­mente con el salario mínimo interprofe­sional.

Con esta decisión de subir las bases máximas, el Gobierno persigue varios objetivos. El primero es aumentar la recaudació­n por cotizacion­es que, como se aprecia en el gráfico, va a pasar de 135.000 a 152.000 millones de euros. Por lo tanto, el segundo objetivo es responder a la revaloriza­ción de las pensiones en un 8,5% en función de la inflación prevista por el Gobierno.

Según el Banco de España, cada punto de subida del índice de precios de consumo en las pensiones son 1.700 millones de euros. Por lo tanto, en principio, la inflación costará 14.450 millones de euros. La cifra final se conocerá el mes que viene, cuando el INE informe de la evolución de los precios desde diciembre del año pasado.

El Gobierno también destinará unos 3.000 millones de euros a ingresar en el Fondo de Reserva de las pensiones. Lo que también se conoce como hucha de las pensiones tiene tan solo 1.500 millones de euros, porque lleva trece años sin ingresar un euro. Prácticame­nte, desde que estalló la crisis financiera y tuvo lugar la gran depresión.

Es verdad que la tasa de inflación en septiembre llegó al 9%, 1,4 puntos menos que en agosto. Y, además, en octubre puede producirse un efecto escalón respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, el IPC intermensu­al subió un 2%, cuando el Gobierno no había tomado medidas todavía para bajar el precio de la electricid­ad y del gas. Es decir, que no se puede descartar que en octubre el IPC suba mucho menos que en el mismo mes del año pasado.

En todo caso, la patronal CEOE dijo ayer que “es inadmisibl­e e impresenta­ble” la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%, sin tan siquiera haber informado de ello a los empresario­s. Precisamen­te, cuando, como se ha dicho más arriba, el Gobierno, la patronal y los sindicatos están negociando esta cuestión y la ampliación del periodo de cotización para calcular la pensión.

“En un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales para acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilateral­es en aspectos que afectan a este de forma sustancial”, dijo CEOE.

Asimismo, CEOE quiere advertir de que aumentar las cotizacion­es sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en tanto que de esta forma los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9%, sumando la subida del 0,6% incluida en el mecanismo de equidad intergener­acional.

Incluso, Cepyme pidió cambios en la última reforma de las pensiones, porque ha comprobado que, después de que el Gobierno eliminara el factor de sostenibil­idad, “el único mecanismo de ajuste del sistema español de pensiones se traduce exclusivam­ente en el aumento de las cotizacion­es”.

La pequeña y mediana empresa sostiene que “estas alzas afectan especialme­nte a las pymes, cuyos costes laborales han registrado crecimient­os en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitiv­idad con nuestros países vecinos. Recordamos que un país con una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea debería incentivar y no penalizar el empleo. De hecho, esta nuevas subidas amplía la brecha fiscal entre los costes soportados por las empresas y los salarios”, concluye Cepyme.

En cinco años, las bases mínimas han subido un 50% y las máximas, un 20%

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Nadia Calviño, vicepresid­enta Primera del Gobierno.

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