Las renovables negocian con Ribera ‘in extremis’ para salvar 3.200 millones
LOS AVALES, EN PELIGRO/ El atasco de los permisos medioambientales colapsa miles de proyectos, que no podrán cumplir con la fecha límite del 25 de enero fijada para su despliegue y perderán las garantías.
Las empresas de renovables, directamente o a través de sus respectivas patronales, mantienen intensos contactos con el Ministerio de Transición Ecológica para que se busque una solución al atasco burocrático que existe en estos momentos en el sector en la tramitación de permisos para proyectos verdes.
Las negociaciones son a contrarreloj. El 25 de enero se cumple una de las fechas límites (hitos, en el proceso administrativo) para que los proyectos que tuvieron concedidos puntos de conexión a la red eléctrica dispusieran de licencia medioambiental. Pero el atasco burocrático ha hecho que haya miles de megavatios sin ese permiso (Declaración de Impacto Ambiental, DIA, según la terminología técnica).
Si llegada esa fecha, los proyectos no disponen de la DIA, perderán el punto de acceso que previamente les había concedido el grupo Redeia (Red Eléctrica). Sin ese punto de acceso, el proyecto no valdrá nada. Tendría que esperar a que Redeia convoque concursos para conceder nuevos puntos de acceso y pujar por ellos. Pero lo que es peor, al no poder llevar a cabo el proyecto en la fecha tope, la empresa perderá los avales financieros que puso inicialmente como garantía de que iba a desarrollar la instalación.
Grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Engie y EDP han pedido soluciones para agilizar los permisos o evitar el cuello de botella del 25 de enero. Igual que patronales como Appa, Asociación Eólica y Unef.
80.000 megavatios esperan permiso medioambiental y si no lo tienen perderán avales
40.000 euros por MW
Se calcula que hay entre 60.000 y 80.000 megavatios (MW) atascados, tal como adelantó EXPANSIÓN el pasado 31 de octubre. A razón de 40.000 euros de aval por MW, el sector suma hasta 3.200 millones de euros en garantías financieras que corren un altísimo riesgo de ejecutarse.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, generó hace días una enorme inquietud al afirmar en un acto público que no estaba previsto ampliar la fecha tope del 25 de enero con una prórroga. Ayer, se reafirmó oficialmente, y lo dejó negro sobre blanco, con una nota del ministerio.
Ribera mantuvo un encuentro con los responsables de energía de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial. La ministra les comunicó que “se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos”.
Pánico en las empresas
En resumen, el Gobierno no va a cambiar la fecha del 25 de enero. Entre las empresas ha empezado a cundir el pánico. Esperaban que Ribera abriera la posibilidad de prorrogar el hito del 25 de enero. Pero no ha sido así. Su posición, ahora que lo ha dicho en la Conferencia Sectorial, parece tajante. Las Conferencias Sectoriales son órganos de cooperación entre el titular del departamento ministerial competente y los consejeros de los gobiernos autonómicos responsables de la esa materia. Ribera ha analizado este asunto con las comunidades autónomas porque parte de los permisos los tienen que conceder ellas. Al reafirmar su postura de no prorrogar la fecha tope, Ribera pasa la patata caliente a las comunidades e intenta que éstas aceleren la tramitación de proyectos. Pero por mucho que lo hagan, será muy complicado que las autonomías tramiten el aluvión de proyectos que espera en cola.
La paradoja
La gran paradoja es que el origen del problema está en la decisión que tomó el propio
Ministerio de Transición Ecológica cuando en 2020, en un intento de frenar la enorme especulación que se estaba generando en el sector, lanzó el Real Decreto-ley 23/2020. En esa norma establecía unas fechas tope que tenían que ir cumpliendo los proyectos para no perder el punto de acceso a la red que les había otorgado Red Eléctrica. Inicialmente, fue una norma bien acogida. Se presuponía que iba a servir para cribar los proyectos realmente sólidos y separarlos de los que eran pura especulación financiera.
Soluciones
El problema es que el Gobierno no contaba con el efecto llamada. El propio hecho de fijar unos requisitos a cumplir en unos plazos concretos provocó un estampida para conseguir la tramitación de permisos, con la consiguiente avalancha de solicitudes.
Entre las soluciones que se plantean está la de prorrogar la fecha del 25 de enero, o permitir la retroactividad. Es decir, que aunque la DIA se conceda después, tenga como fecha efectiva de inicio el 25 de enero. Otra solución sería perdonar avales. Y otra, permitir la “declaración responsable” como una especie de preDIA, con toda la validez que tendría esta Declaración, hasta que fuera finalmente concedida.
Por cada megavatio, las empresas tenían que comprometer 40.000 euros en avales financieros