PSOE y Podemos aceleran su asalto al Tribunal Constitucional
POLÉMICAS ENMIENDAS/ Además de suprimir la sedición y rebajar la malversación, presentan enmiendas que reducen los requisitos para culminar la renovación que les otorgará el control del Constitucional.
PSOE y Podemos quieren cambiar cuanto antes el Tribunal Constitucional (TC). Y han aprovechado su propia proposición de Ley en la que suprimen el delito de sedición en el código penal para introducir dos polémicas enmiendas con las que pretenden además forzar el desbloqueo de la renovación conjunta de cuatro de los miembros (un tercio) del TC, dos de los cuales deben ser propuestos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se da la circunstancia de que el bloqueo fue inducido indirectamente desde el propio Gobierno cuando con una polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial retiró las atribuciones al propio CGPJ para hacer nombramientos mientras estuviera en funciones, con el único objetivo de presionar para forzar también la propia renovación de este órgano, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Una decisión que el Gobierno revocó este verano solo para que el órgano de gobierno de los jueces pudiera hacer su propuesta al Constitucional conjuntamente con la del propio Ejecutivo, tal como contempla la propia Carta Magna. Las dos formaciones que comparten Gobierno pretenden ahora la modificación del artículo 159.3 de la Constitución que establece que la duración del mandato de los doce miembros del Constitucional será de nueve años y además el órgano deberá renovarse por terceras partes cada tres.
En concreto, PSOE y Podemos proponen en sus enmiendas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que la renovación pueda hacerse por sextos en vez de por tercios, lo que en las actuales circunstancias permitiría ya de entrada a los dos miembros propuestos por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general en Presidencia Laura Díez, acceder al TC sin esperar a que el CGPJ proponga sus nombres. Es decir, ya no sería necesario que los candidatos del Ejecutivo y del CGPJ se eligieran simultáneamente. Además, las enmiendas incluyen también otras importantes cargas de profundidad que, con el argumento de facilitar la reforma de todos estos órganos, podrían estar vulnerando el propio espíritu de la
Constitución. En este sentido, los dos socios proponen establecer plazos y cambiar las mayorías necesarias para que los vocales del CGPJ propongan sus candidatos. PSOE y Podemos quieren que los vocales del CGPJ tengan un plazo ajustado de cinco días para proponer candidatos y que el presidente del órgano de gobierno de los jueces tenga solo tres días para convocar un pleno extraordinario para decidir. Y ese pleno deberá celebrarse en los tres días siguientes a la convocatoria. Con esto, una vez concluidos los mandatos, la renovación sería inmediata.
Nuevas mayorías
Si la celeridad que exige al CGPJ la propuesta de Podemos y PSOE es llamativa, más lo es el cambio de las mayorías necesarias que proponen para materializarla. Hasta ahora los candidatos propuestos para el TC desde el CGPJ requerían el respaldo de tres quintos de los vocales, lo que exigía un cierto consenso que favorecía la elección de perfiles más equilibrados. Ahora cada vocal tendrá un voto y serán propuestos los dos miembros más votados por el conjunto. Es decir, por mayoría simple. Esto, dada la cada vez más evidente división entre progresistas y conservadores en el CGPJ, hará que, con toda seguridad, habrá un candidato muy marcado de cada segmento. El problema de este cambio es que, lejos de contribuir a la despolitización de los perfiles, que exige Europa, va a incrementar el alineamiento ideológico del TC.
Las enmiendas introducen aspectos disuasorios para los miembros del CGPJ que rechacen participar en esta forma de elección, ya que a partir de ahora “incurrirán en responsabilidades, incluso penales”. Finalmente, Podemos y PSOE proponen que ningún candidato tenga que pasar la prueba de idoneidad que hasta ahora efectuaba el TC.
El Gobierno se enfrentará a posibles recursos de inconstitucionalidad, aunque confía en que cuando se tengan que ver el TC sea otro.
Malversación a la carta Para completar la reforma del código penal ERC ha propuesto que el delito de malversación tenga una pena máxima de tres años de prisión y cuatro de inhabilitación cuando el político no se lo apropie directamente. Durante los últimos días PSOE y ERC han intentado afinar el texto por el desgaste político que supone.
Proponen reducir las mayorías en la designación de los candidatos del CGPJ al Constitucional
Sánchez se enfrenta a posibles recursos al TC, pero confía en que éste ya estará entonces renovado