Sorprendente blindaje frente a los concursos
El anuncio realizado ayer por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de otro blindaje para evitar que las empresas en dificultades se vean abocadas al concurso de acreedores resulta chocante. Tras apenas tres meses de aplicación de la nueva ley concursal, anunciada a bombo y platillo como la tabla de salvación de los problemas empresariales larvados desde la crisis pandémica, es evidente que no ha transcurrido el tiempo suficiente para valorar si la renovada normativa sobre insolvencias es eficaz o no. Calviño justificó la necesidad de recuperar parcialmente la moratoria concursal vigente entre marzo de 2020 y el pasado julio, impidiendo en adelante que las pérdidas vinculadas a la crisis del Covid fuercen a una compañía a declararse en concurso de acreedores, para dar margen a que las empresas reequilibren sus balances. Lo cual se supone debería haber facilitado la nueva ley, enfocada a desincentivar el uso de los concursos de acreedores en beneficio de la negociación extrajudicial entre las partes gracias a los llamados planes de reestructuración. Sin embargo, el rápido aumento de los concursos desde verano, que durante noviembre se dispararon un 71,5%, ha generado inquietud en el Ejecutivo. Esta elevada tasa de insolvencias, junto a otros indicadores adelantados, desmonta la tesis defendida por Moncloa de que la economía española resiste mejor que otras de la zona euro la desaceleración global y que mantendrá ese dinamismo en 2023. Lo cual es muy inconveniente para los intereses electorales de los partidos del Gobierno a las puertas de un año en el que se celebran autonómicas y municipales en mayo, y las generales antes de diciembre. No parece casualidad por ello que la medida de salvaguarda para las empresas se vaya a extender hasta finales de 2024. Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo entusiasta de la patronal CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, aseguró que evitará miles de quiebras, sería más conveniente dejar que culmine el necesario drenaje de las denominadas empresas zombis, que sólo sobreviven gracias al apoyo público. Primero, por el considerable coste que suponen para las arcas del Estado. Pero también por los perjuicios causados al conjunto de la economía, sobre los que viene alertando desde hace tiempo el Banco de España: distorsiones a la competencia, retraso en la adaptación del tejido productivo a los cambios en la demanda por la pandemia y cronificación de las deudas impagadas.
No ha transcurrido tiempo suficiente para valorar si la nueva ley concursal resulta eficaz