La alimentación urge a desbloquear las ayudas pese a calificarlas de “escasas”
DUDAS CON LA ESTRATEGIA Y LA CUANTÍA/ El sector advierte de que muchos proyectos están parados a la espera de las ayudas y otros se han lanzado sin ellas ante la imposibilidad de retrasarlos más.
El Consejo de Ministros aprobó el Perte Agroalimentario el pasado 8 de febrero. En mayo, Pedro Sánchez anunció una ampliación de 800 millones en su cuantía, hasta un total de 1.800 millones. Y, el 1 de agosto, el BOE publicó las bases para la concesión de ayudas. Desde entonces, poco más se sabe del Perte Agroalimentario, más allá de que ha ido encadenando retrasos.
Noviembre parecía la fecha elegida, pero no llegó. Hace pocos días, el director general de la Fiab, Mauricio García de Quevedo, explicó que sus últimas noticias apuntaban a que podía lanzarse la convocatoria a mediados de diciembre. Pero, más allá de eso, nadie sabe nada. Y, aunque parece inminente, los tiempos empiezan a ser un problema.
Problema de tiempos
Los Perte tienen una vocación incentivadora y, por ello, sus ayudas van dirigidas a nuevos proyectos, no pudiéndose sumar iniciativas ya lanzadas. Esta circunstancia está provocando una doble vertiente igual de perturbadora.
Dos grandes compañías consultadas por EXPANSIÓN aseguran que se han cansado de esperar y han puesto ya en marcha proyectos que en principio iban a pujar por las ayudas europeas, pero que “no pueden esperar más porque son estratégicos”.
En cambio, “parte del sector está posponiendo actuaciones y puede estar perdiendo competitividad por los retrasos”, dice Jordi Mur, director de Innovación y Proyectos de Aecoc.
“Es imprescindible que se implemente de manera urgente para que las empresas, sobre todo las pymes, puedan comenzar el proceso transformador que les permita elevar su competitividad”, apunta García de Quevedo.
“Se ha generado un cierto desencanto, sobre todo con la velocidad y respecto a si la cuantía es suficiente, pero el interés sigue ahí”, explica Enrique Porta, socio de Consumo y Distribución de KPMG.
Los fondos se deben haber asignado antes de que acabe
Es la cuantía destinada al Perte agroalimentario. Al principio sumaba 1.000 millones, pero Pedro Sánchez anunció una ampliación en mayo.
2023, aunque los proyectos sean ejecutables hasta agosto de 2026, por lo que el tiempo se está echando encima.
El reparto de las ayudas
El Perte Agroalimentario establece tres ejes principales de actuación para las ayudas públicas de 1.000 millones –se espera que se movilicen hasta 3.000 con la iniciativa
Es la cantidad que se estima llegará a las empresas para mejorar su competitividad, sostenibilidad y trazabilidad, así como su adaptación digital.
privada– anunciadas en principio.
El Eje 1, dotado con 400 millones, tiene el objetivo de mejorar los procesos de producción de la industria y está vinculado a la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad de la producción.
El Eje 2, de 454,35 millones de euros, va dirigido a la transformación digital del sector,
Están ligados al llamado Kit Digital, destinado a pymes, y ya se están repartiendo, aunque no se sabe en qué medida, para su digitalización.
aunque incluye 275 millones ligados al llamado Kit Digital para pymes, unas ayudas que “ya se están repartiendo, aunque no sabemos en qué cuantía”, dicen desde Aecoc. Por último, hay 148,56 millones para innovación e investigación (Eje 3), pero esta cuantía se repartirá entre centros de investigación y similares. Por tanto, el dinero que se estima que llegará a proyectos impulsados por empresas rondará los 579 millones: la suma del Eje 1 y el Eje 2, tras descontar los fondos destinados al Kit Digital.
Las normas establecidas por el Ejecutivo marcan que los proyectos que opten a los fondos deberán ascender a un mínimo de 15 millones –puede ser más–, lo que implica que se prevean una treintena de proyectos seleccionados. No obstante, como se estiman más solicitudes, habrá un proceso competitivo entre ellas.
“Tienen que tener sentido y estar bien estructurados, pero además hay que elegir bien a los compañeros de viaje y gestionar bien los acuerdos porque hay que solicitar avales, aunque ahora se haya relajado su exigencia”, señala Enrique Porta, socio de KPMG.
Los consorcios pueden estructurarse de dos formas. La primera fórmula, que será la principal, permitirá acudir a las grandes empresas –deberá haber al menos una, aunque pueden ser más– junto a un mínimo de cuatro pymes ligadas al proyecto.
La segunda sería la formada solo por pequeñas y medianas empresas, exigiendo que haya al menos dos de un tamaño mediano, pero “es complicado que un consorcio de pymes pueda plantear un proyecto de 15 millones de inversión”, señala Jordi Mur.
Por último, existen aún muchas dudas sobre los 800 millones extra que anunció Sánchez en mayo, aunque la forma en que se comunicó –“para la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos”– hace prever que se enfocará a organizaciones de regantes o similares. “Estamos expectantes sobre cómo y cuándo se van a concretar esas ayudas”, dice García de Quevedo.
El sector primario, las federaciones, la distribución o la hostelería han quedado fuera de este Perte. Por tanto, no habrá grandes proyectos ligados a la carne o el vino, dos de los sectores más activos cuando se presentaron manifiestos de interés. Tampoco se esperan grandes proyectos de más de 50-100 millones.