La UE modifica sus sanciones para los fertilizantes rusos

DESBLOQUEO/ La relajación de las restricciones a los oligarcas pretende eliminar los atascos en los puertos europeos.

La cumbre de la UE concluyó ayer después de que Polonia confirmara finalmente su apoyo a la aplicación de un impuesto mínimo, desbloqueando un paquete más amplio que incluía financiación para Ucrania. Los embajadores también llegaron a un acuerdo sobre los detalles del noveno paquete de sanciones contra Rusia. Durante seis meses, la UE ha negado con vehemencia las afirmaciones de que sus sanciones contra Moscú estén obstaculizando los envíos de alimentos y fertilizantes rusos a países del Tercer Mundo que sufren inseguridad alimentaria. El jueves la cuestión estuvo a punto de hacer saltar por los aires el último paquete de sanciones del bloque.

En los puertos de Alemania, Países Bajos y otras naciones, grandes cantidades de fertilizantes rusos permanecen paralizados en barcos o en almacenes de carga, ya que los funcionarios de aduanas son reacios a despachar los envíos. Esto no se debe a que las empresas o las mercancías estén sujetas a sanciones, sino a que los propietarios finales sí lo están. Durante meses, la UE y sus Estados miembros han escrito cartas a operadores portuarios, transportistas y compañías de seguros para dejar claro que el fertilizante ruso es legal. Se han redactado documentos oficiosos y se han publicado directrices. Pero los envíos siguen bloqueados. La situación llegó a un punto crítico a principios de este mes, cuando algunos Estados miembros, entre ellos Alemania, Francia y Países Bajos, pidieron que se modificaran las sanciones de la UE, advirtiendo que el régimen actual está provocando retrasos en envíos vitales para los países pobres.

“Interfiere con nuestros mensajes sobre las iniciativas de la UE y los Estados miembros en materia de seguridad alimentaria, y especialmente con nuestras iniciativas sobre la crisis de los fertilizantes”, escribieron.

Como medio para desbloquear el atasco (de portacontenedores), la Comisión propuso lo que consideraba un remedio obvio como parte del noveno paquete de sanciones debatido por los Estados miembros. ¿Por qué no permitir que se les levanten las sanciones a cinco oligarcas de los fertilizantes (y a una de sus esposas) sobre sus activos y transacciones específicamente “para la venta, suministro, transferencia o exportación de productos agrícolas y alimentarios, incluidos el trigo y los fertilizantes, a terceros países con el fin de abordar la seguridad alimentaria”? Entre los cinco hombres figuran Dmitry Mazepin, propietario de Agrofert, y Andrei Guriev, que dirige PhosAgro.

Como medio para poner en movimiento los cargamentos, este arreglo tiene sentido, en teoría. Pero, según denunciaron los polacos y lituanos, en la práctica supondría un resquicio del tamaño del Kremlin en las sanciones y permitiría a estos magnates seguir con sus negocios como si no se estuviera produciendo una guerra, simplemente con alegar que todos sus negocios se hacen en nombre de la seguridad alimentaria.

A lo largo de la tarde, como los halcones se negaban a ceder, la excepción se fue suavizando. Los oligarcas concretos fueron sustituidos por la imprecisa expresión “las personas incluidas en la lista que desempeñen un papel significativo en el comercio internacional de productos agrícolas y alimentarios”, y las exenciones quedaron supeditadas a “una evaluación específica caso por caso... para cada transacción por separado”.

Pero a primera hora de la tarde se produjo otro giro. Otros países que habían apoyado las exenciones a los oligarcas empezaron a amenazar con bloquear el paquete, alegando que la redacción suavizada hacía inútil todo el ejercicio. Para alivio de los líderes de la UE, sus embajadores llegaron finalmente a un acuerdo. La cuestión ahora es si el enrevesado compromiso cambia algo.