La inseguridad jurídica y económica de Sánchez
Vivimos momentos gravísimos en España. En los últimos días, hemos visto cómo el Gobierno eliminaba la gravedad de la sedición para dejar libres de toda culpa a los condenados por ella en el intento de golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña, al tiempo que proponía la reforma del delito de malversación para terminar de blanquearlos y, de paso, si algún socialista puede beneficiarse de ello en el caso de los ERE, que lo pueda aprovechar.
El perfil autoritario de Sánchez está muy acentuado, aunque gobierne en un régimen democrático. Si no impone su autoritarismo, si esto no se convierte en un régimen autoritario, se debe a los contrapesos existentes que lo impiden, pero eso no quita para que las formas de concebir la política y la gestión sean autoritarias.
Muchas de sus prácticas son realmente autoritarias, desde la utilización de la fiscalía –recordemos el “¿de quién depende la fiscalía? Pues eso”– hasta su empleo del fiscal general para que emitiese un decreto ordenando a los fiscales que no rebajasen las penas aunque la ley del “sólo sí es sí” haya recortado el mínimo a imponer por delito, pero el Supremo ha sido claro en sentido contrario. Del mismo modo, tintes autoritarios tiene querer volar por los aires todo el sistema de contrapesos antes citado, lo que se pretende tanto en el Consejo General del Poder Judicial como, especialmente, en el Tribunal Constitucional.
Este último resulta esencial para Sánchez para poder despejar de problemas todo lo que pueda tener pactado o las múltiples normas y modificaciones de las mismas que lleve a cabo, desde la dudosa constitucionalidad de los nuevos impuestos hasta un probable y próximo referéndum de independencia –que es lo que realmente quiere decir autodeterminación–, tal como le exige ERC. El Gobierno lo niega, pero también negaba que fuese a reformar los delitos de sedición y de malversación, y lo ha hecho a cambio de que ERC y el conjunto de aliados dañinos para España votasen los Presupuestos Generales del Estado de 2023, además en la misma sesión. Sus propios socios le tienen perfectamente identificado y no quieren promesas a plazo, dada la fragilidad de la palabra de Sánchez, sino realidades al contado.
El jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional se reunió de urgencia para estudiar la aplicación de las medidas cautelarísimas que solicitó el Partido Popular, así como los escritos de PSOE y Podemos pidiendo que se rechazase la demanda de los populares. Con ello, consiguieron aplazar el comienzo del mismo, que finalmente fue pospuesto al próximo lunes. Los jueces del llamado bloque “progresista” consiguieron dilatarlo en el tiempo alegando la dificultad del análisis de las decisiones a tomar. De esa manera, el Congreso puedo aprobar el jueves la reforma de los delitos de sedición y malversación y también la reforma por la puerta de atrás de la Justicia, para que Sánchez pueda imponer sus candidatos sin tener que pactar con el PP, al eliminar las mayorías reforzadas.
No todo está perdido, pues el Pleno del Constitucional puede paralizar la tramitación, pero la situación es de suma gravedad. Es más, la propia Unión Europea debería recordarle de nuevo al Gobierno que el sistema de elección de jueces debe garantizar la independencia de la Justicia.
Separación de poderes
No se puede seguir con una Justicia politizada, pero peor aún es que se quiera politizar más, como pretende Sánchez. La separación de poderes es esencial en una democracia, así como los contrapesos que de ella se deriva. Sánchez, con estas reformas, está sobrepasando límites insospechados para tratar de seguir en el poder, concediendo a la tenebrosa coalición que le llevó a Moncloa a través de la moción de censura y que lo mantiene en ella todo lo que pide, aunque para poder hacerlo necesite atropellar lo que sea necesario; como es, en este caso, la suavización de delitos a la medida de condenados de los partidos socios de Sánchez y la muerte, de facto, de la separación de poderes y de una justicia independiente. Es intolerable que, encima, un socialista, Felipe Sicilia, equipare al PP con el intento de golpe de Estado de Tejero, al decir desde la tribuna del Congreso que “quisieron parar la democracia con tricornios y hoy con togas”. El PP, Ciudadanos y Vox están defendiendo la Constitución y la Transición; eso no es querer parar la democracia, sino que siga tal como la conocemos. Acabar con la separación de poderes, que es lo que en la práctica encierra la maniobra sanchista, sí que ataca de lleno a la esencia de nuestra democracia.
Todo ello, además de una gran inseguridad jurídica, genera incertidumbre económica, pues sin leyes claras, objetivas, sin una justicia independiente, los inversores, las empresas, recelarán de la economía española. No hay nada peor que la falta de seguridad, y eso es lo que también está causando Sánchez a nuestra economía.
Los socialistas que no estén de acuerdo con Sánchez deberían rebelarse para poder echarlo de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura que prosperase apoyada por esos mismos socialistas, pero ya se ve que eso será difícil, porque todos han votado las tropelías antes comentadas sobre la sedición, la malversación y la reforma de la Justicia. Tienen todavía la oportunidad de salvar su nombre y rectificar para destituir a Sánchez a través de una moción de censura que apoyasen. Deberían ofrecerse ellos. Si no lo hacen, si siguen apoyando a su actual líder, no habrá un Partido Socialista y un Partido Sanchista, sino que el sanchismo habrá acabado con el socialismo ,y Zapatero y Sánchez harán que España se parezca cada vez más a Venezuela, por lo menos en las intenciones que puede encerrar su reforma de la Justicia.