Recetas para una crisis constitucional
Hemos asistido esta semana a una especie de sprint legislativo, en el que una mayoría parlamentaria ha tramitado contra reloj nada menos que la reforma del Tribunal Constitucional, mientras éste debatía el recurso de amparo presentado contra esa misma reforma por el principal partido de la oposición. Creo que no es exagerado decir que estamos asistiendo a una auténtica crisis constitucional, en la que juega un papel importante, como telón de fondo, la presencia en el Parlamento de una fuerte minoría independentista catalana y vasca.
La reforma salió adelante en el Pleno del Congreso mientras los miembros del Tribunal ni siquiera habían empezado el estudio preliminar de las medidas cautelares. No creo que esto deba sorprendernos porque –no nos engañemos– en este tipo de conflictos el poder político tiene siempre las de ganar. Cuando en la Inglaterra de 1909 la Cámara de los Lores se enfrentó a la de los Comunes, se produjo una crisis constitucional de la que surgió, al cabo de dos años, una Cámara Alta privada de sus poderes a través de la reforma a fondo llevada a cabo por la Parliament Act de 1911. El punto final a aquel conflicto lo puso la amenaza del primer ministro de proponer a la Corona la creación de tantos Pares como fueran necesarios para forzar la aprobación de las leyes en disputa: la “Home Rule” sobre Irlanda y el Presupuesto. En aquella crisis constitucional, quien tuvo la última palabra no fue la Corona, ni la Cámara de los Lores, sino el poder político: es decir, el Gobierno con la mayoría parlamentaria que lo apoyaba (que, por cierto, era bastante variopinta, ya que se componía de liberales, nacionalistas irlandeses y laboristas).
En nuestra particular crisis constitucional, el núcleo de la cuestión es también político y no jurídico. Es cierto que por el camino se han arrollado muchos venerables principios jurídicos; que se ha ido configurando un Derecho parlamentario de excepción, en el que las formas garantistas de lo que se ha llamado el parlamentarismo racionalizado se han sustituido por la emboscada legislativa; que los derechos de los diputados se han arrinconado en favor del rodillo y de las iniciativas sorpresivas de último minuto. Es cierto que no se ha querido escuchar a los órganos consultivos, ni se ha pedido parecer a quienes por su oficio podían darlo con especial autoridad. Pero todo ello no debe hacernos olvidar que nuestra crisis constitucional es una crisis de poder, no –o no sólo– un conflicto legal; una crisis en la que prima la necesidad política, del poder como fin en sí mismo, tal como lo describió Maquiavelo.
Cuerpo electoral
Pero una vez sentado todo lo anterior, conviene recordar otra verdad fundamental. Lo que caracteriza a las crisis de las actuales democracias, frente a las que cursaban en los Estados del Renacimiento, es la existencia de otro actor político superior a todos los demás: el cuerpo electoral. En la crisis de 1909-1911, que dio lugar a la profunda reforma del sistema parlamentario británico, el primer ministro, Herbert Henry Asquith, convocó unas elecciones en las que se sometió al electorado la cuestión de la reforma, junto a los temas de fondo que habían propiciado el conflicto. Sólo después, ya con un nuevo Parlamento, se aprobó la reforma, que desde entonces nadie ha puesto en cuestión.
No creo que sea mucho pedir que estas lecciones del pasado, tomadas de una democracia parlamentaria de vieja raigambre, se apliquen en la nuestra. Cada uno puede tener su opinión sobre las leyes, sobre la organización territorial, los pactos o consultas que se dirimen estos días, sobre el papel y la composición del Tribunal Constitucional, o sobre la revisión judicial de los actos de la Mesa del Congreso. Pero cuando el resultado de ese conjunto de actuaciones conduce a una auténtica mutación constitucional, en la que se alteran los equilibrios que han presidido durante muchos años las relaciones entre los poderes del Estado y entre los territorios que lo componen; cuando se quiebra el consenso que estuvo en la base de las Cortes constituyentes, entonces, en una democracia parlamentaria, hay una receta infalible: sencillamente, debe consultarse al electorado.