La ‘sentencia del talco’, golpe para Johnson & Johnson
La sentencia de un tribunal de Estados Unidos hará que las empresas se lo piensen dos veces antes de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para hacer frente a las demandas.
VARAPALO JUDICIAL
Cuando Joaquin Duato presentó sus primeros resultados anuales como presidente y CEO de Johnson & Johnson (J&J) el mes pasado, habló con entusiasmo sobre el futuro de la empresa, que se dispone a escindir este año su división de artículos de consumo mediante una gran transformación corporativa.
Sin embargo, una semana después, los ambiciosos proyectos del ejecutivo, de origen español, están en entredicho tras una emblemática decisión judicial, que podría torpedear el controvertido plan de J&J de acogerse al sistema de quiebras de EEUU para gestionar los miles de millones de dólares a los que ascienden las demandas de pacientes de cáncer que afirman que sus polvos de talco les causaron la enfermedad.
A su vez, ejecutivos de otras empresas estadounidenses estudian con inquietud la sentencia de la Corte de Apelación del Tercer Circuito que, según afirman los expertos, podría impedir a empresas solventes como 3M y Koch Industries invocar el capítulo 11 de la Ley de Quiebras para gestionar demandas colectivas.
La sentencia, de 56 páginas en total y dictada por una sala de tres jueces la semana pasada, desestimó una declaración de bancarrota presentada por una filial de J&J, que fue segregada de la empresa en 2021, junto con aproximadamente 40.000 casos de talco, en una estrategia empresarial conocida como Texas two-step (en referencia a un conocido baile country de dos pasos).
Si se confirma en apelación, la sentencia obligará a la unidad de J&J, llamada LTL Management, a combatir estos casos –y posiblemente miles más que se presentarán en el futuro– en juicios ordinarios y no en procesos de bancarrota. Todo ello podría llevar décadas y finalmente costar cientos de miles de millones de dólares, según los expedientes judiciales de LTL.
El autor de la sentencia, el juez Thomas Ambro, entiende que sólo un “deudor en apuros financieros” debe declararse en bancarrota y que LTL no está en esa situación, puesto que cuenta con un mecanismo de apoyo financiero por valor de 61.000 millones de dólares, que le ofrece J&J, una de las mayores empresas del mundo, con un valor de mercado de 430.000 millones de dólares.
Los analistas calculan que el pasivo total de J&J está muy por debajo del importe que presenta LTL ante los tribunales y no consideran que la sentencia retrase la escisión de su unidad de consumo, que vende desde talco hasta apósitos. Sin embargo, avisan de que la sentencia proyecta una sombra sobre la empresa, que pretende ahora innovar en los sectores de dispositivos farmacéuticos y médicos.
“Consideramos que esta sentencia alargará considerablemente el plazo de resolución de los pleitos por el talco”, declara Chris Schott, analista de JPMorgan, que calcula el pasivo total entre 8.000 millones y 10.000 millones de dólares.
El servicio de inversores de Moody’s afirma que la sentencia del talco ha sido un “punto negativo” para J&J, pero que no afectará a su calificación AAA..
J&J, que empezó a vender polvos para bebés en 1894,
J&J es una de las mayores empresas del mundo, con un valor de 430.000 millones de dólares
niega que sus productos basados en talco contengan trazas de amianto y provoquen cáncer. Inicialmente, se enfrentó a las demandas ante tribunales civiles y ganó más casos de los que perdió. Sin embargo, cuando un tribunal de Misuri obligó a J&J a pagar más de 2.000 millones de dólares a un grupo de casi veinte mujeres que aseguraban que su cáncer se debía a su talco, la empresa ajustó su estrategia.
J&J contrató a Jones Day, un bufete de abogados de Cleveland, autor del Texas twostep. Este plan permite a las empresas dividirse en dos entidades y asignar todas sus responsabilidades jurídicas a una de ellas. En octubre de 2021, J&J se dividió en dos y anunció que LTL se había declarado en bancarrota, lo que suspendió por el momento todos los pleitos relacionados con el talco.
Así, J&J siguió los pasos de la filial de Koch Industries Georgia-Pacific, de Trane Technologies y de una unidad estadounidense de la francesa Saint Gobain, todas las cuales han aplicado el plan. Al segregar unidades que retenían sus responsabilidades jurídicas para acogerse después al Capítulo 11, los grupos matrices han podido seguir operando con normalidad y pagando dividendos a los accionistas, mientras que todos los casos judiciales se paralizaban.
Las empresas aducen que el sistema de reclamación colectiva de daños y perjuicios es deficiente, que supone un grave riesgo financiero para las empresas y que ya no es efectivo para impartir justicia a las víctimas. Pueden alcanzarse acuerdos más justos y rápidos si estos casos se abordan en tribunales de bancarrota, afirman, y no ante tribunales ordinarios, proceso que J&J calificó de “lotería”.
Los abogados especializados en daños y perjuicios rechazan esto, asegurando que los planes de bancarrota que utilizan empresas solventes
abusan de los tribunales de bancarrotas, al tiempo que niegan a las personas agraviadas su derecho a un juicio ordinario. Lejos de acelerar un acuerdo, aseguran que el proceso de bancarrota paraliza los casos de daños y perjuicios, con lo que se elimina un incentivo para que las empresas se sienten a negociar un acuerdo.
Los críticos arguyen que esa estrategia ofrece a las empresas todas las ventajas del sistema de bancarrotas sin ninguna desventaja. Por ejemplo, el año pasado Georgia-Pacific pagó 2.500 millones de dólares en dividendos a Koch Industries, pese a haber segregado una unidad que se enfrentaba a miles de demandas por el amianto en 2017. Casi seis años después de que la filial se acogiera al Capítulo 11 y paralizara todos los casos, no se ha llegado a ningún acuerdo en el tribunal de quiebras ni se ha pagado a los demandantes.
Leigh O’Dell, abogada de Beasley Allen que pertenece al comité directivo de los demandantes en el pleito del talco, afirma que la estrategia de bancarrota es “cínica” y está diseñada para cerrar a las víctimas las puertas de los tribunales.
La abogada estima que la sentencia del Tercer Circuito transmite claramente a las empresas de EEUU el mensaje de que los procesos de bancarrota deben “entablarse legítimamente y de buena fe”, con fines de reorganización, y no solo para situarse en una posición de ventaja frente los consumidores u otros de3M mandantes. Los expertos jurídicos consideran que la sentencia no impide automáticamente el uso de las herramientas de reestructuración empresarial basadas en la legislación estatal que conforman el núcleo del plan Texas two-step. Sin embargo, al disponer que, para acogerse a un tribunal de bancarrota, las empresas deben demostrar sufrir de verdad problemas económicos, sí disuadirá de recurrir a ellas.
Esta sentencia ha sido emitida con el telón de fondo de las críticas de la opinión pública a los planes de bancarrota que utilizan las empresas para protegerse de sus responsabilidades y de las propuestas de los políticos para prohibirlos. Ahora, también los tribunales han empezado a observarlos de cerca.
En agosto un juez de Indiana desestimó la solicitud de de detener miles de demandas por lesiones personales causadas por tapones para los oídos presuntamente defectuosos en virtud de la declaración de bancarrota de una filial suya. Por su parte, 3M va a recurrir la sentencia.
Los demandantes acaban de presentar una moción para rechazar una declaración de bancarrota de la filial de 3M Aero, alegando que la sentencia del Tercer Circuito sobre LTL había “minado su confianza” en el caso y debería desestimarse.
J&J ha afirmado que recurrirá la sentencia del Tercer Circuito, añadiendo que se basa en un “requisito técnico”, frente a la convicción de la empresa de que la estrategia es beneficiosa para todas las partes, incluidos los demandantes.
Dan Prieto, socio de Jones Day, que actúa como asesor jurídico de LTL, afirma que la sentencia no evitará que las empresas se escindan o lleven a cabo una reestructuración para después declarar la bancarrota. Sin embargo, podría tener un efecto perverso –prosigue– puesto que disuadirá a las empresas de reconocer las ayudas financieras que han facilitado a sus filiales, lo cual sería beneficioso para los demandantes.
“La posible consecuencia de lo antedicho es que se estaría animando a las empresas a no sobreproteger a los demandantes al llevar a cabo una reestructuración empresarial, ya que, de lo contrario, el tribunal podría concluir que la empresa no se encuentra con suficientes problemas financieros para declararse en bancarrota”.
Sin embargo, la mayoría de los expertos jurídicos consideran que el aumento del riesgo probablemente disuadirá a las empresas de acometer estos planes. Además, J&J se enfrenta al gran problema de convencer al Tribunal del Tercer Circuito o al Tribunal Supremo para que admitan un recurso de apelación en un caso con cuestiones de bancarrota tan peliagudas, afirman.
“El riesgo es demasiado grande. J&J ha empleado numerosos recursos y ahora tiene que volver al MDL del talco (proceso judicial de litigio multidistrito para acelerar la resolución de los casos) con todo el centro de atención en la empresa y sus acciones”, afirma Samir Parikh, profesor de derecho de bancarrota de la Facultad de Derecho Lewis & Clark. “Parece que se ha convertido en una pesadilla de relaciones públicas”.
Para los demandantes, algunos de los cuales son enfermos terminales, cualquier resolución de los casos del talco no llegará lo suficientemente pronto. Shawn “Val” Johnson, que padece mesotelioma –tipo de cáncer relacionado con el amianto– ganó una indemnización por lesiones personales de 27 millones de dólares de J&J pocos días antes de que la empresa aplicara el Texas two-step. Aún está esperando a que le paguen.
“Llevo tres años y medio enfermo y no puedo hacer mucho, lo que supone una carga para mi familia... [Mis médicos] no prevén que viva mucho”, declara Johnson a Financial Times.
Un tribunal de Misuri obligó a la empresa a pagar 2.000 millones de dólares a un grupo de veinte mujeres
En agosto un juez frenó el intento de 3M de detener miles de demandas por lesiones