Rechazo judicial a la suspensión cautelar de los nuevos tributos
TRIBUNALES/ La Audiencia Nacional deniega a Repsol paralizar preventivamente los impuestos a banca y energéticas.
Los nuevos impuestos extraordinarios a banca y empresas energéticas han superado su primera prueba ante los tribunales. La Audiencia Nacional rechazó ayer viernes aplicar la suspensión cautelar de los nuevos tributos que había solicitado la compañía Repsol, una de las afectadas por su creación.
La Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional denegó, concretamente, la suspensión cautelar presentada contra la orden ministerial aprobada por Hacienda el pasado 3 de febrero, que suponía la puesta en marcha efectiva de los tributos, y el inicio del cobro de su primer pago anticipado, al establecer los modelos de declaración de los gravámenes temporales a grandes entidades financieras y firmas energéticas.
En un auto emitido el viernes, la Sección Séptima del tribunal resolvía así a favor de la Agencia Tributaria la primera petición de medidas cautelares solicitada. El recurso de Repsol reivindicaba congelar los modelos de declaración fiscal 795 y 796 ( para el pago anticipado y la liquidación definitiva del impuesto energético) y los 797 y 798 (equivalentes para el tributo sobre la banca) hasta que el tribunal dictamine si los tributos son lícitos.
La Audiencia Nacional entiende que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos, abriéndose a imponer en ese caso las compensaciones necesarias.
Por el contrario, alega la Sala, aceptar la suspensión solicitada por Repsol sí que podría suponer un grave perjuicio al interés general “al hacerse imposible la recaudación del gravamen”, dejando sin cumplir una de las exigencias de la Ley, que en su exposición de motivos habla de que tiene una primera finalidad “recaudatoria, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas”, justifica.
La medida cautelar solicitada por Repsol, interpreta el tribunal, supondría “la petrificación del ordenamiento jurídico puesto que, por medio de la obtención de la medida cautelar respecto de la Orden Ministerial de desarrollo, se estaría paralizando la aplicación de una Ley que tiene una justificación detallada en su exposición de motivos y respecto de la que esta Sala no tiene nada que decir por carecer totalmente de competencia para anular normas con rango de ley”.
La Audiencia Nacional recuerda que el pasado 10 de febrero ya rechazó la pretensión inicial de Repsol de suspender la Orden Ministerial por la vía de la adopción de medidas cautelarísimas, es decir, sin pedir informe a la Administración, y en esta ocasión deniega también una actuación similar en el ámbito de las medidas cautelares.
La ley da a las empresas afectadas hasta el 20 de febrero para hacer frente al primer pago anticipado de los tributos, que se liquidarán definitivamente en los primeros 20 días de septiembre. Las entidades financieras que facturasen más de 800 millones en 2019 abonarán el 4,8% de su margen de intereses y comisiones, mientras que las firmas del sector eléctrico, gasista y petrolero que facturasen más de 1.000 millones en 2019 pagarán el 1,2% de su cifra de negocio. Se prevé que cada figura recaude 1.500 millones de euros al año.
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