Madrid y Berlín comprometen la autonomía energética de Europa
Desde su inicio, la escalada de los precios de la energía ha generado un gran debate en la Unión Europea. La solución española es la ‘excepción ibérica’, que permite a los gobiernos de España y Portugal intervenir el mercado eléctrico para imponer un precio máximo de venta al gas que se usa para generar electricidad. Alemania, por su parte, ha optado por no intervenir el mercado, dejar que los precios suban y bajen conforme a la ley de oferta y demanda, y, a cambio, proporcionar ayudas directas a los consumidores para que puedan afrontar precios más caros.
Ambas opciones logran suavizar la subida de los precios de la energía en el corto plazo, pero a costa de comprometer la independencia energética de Europa y la transición verde. La solución óptima se encuentra a medio camino entre la española y la alemana.
En España, el tope al gas persigue limitar la subida de precios de la electricidad en el mercado mayorista, en el que compran las generadoras para producir electricidad. Y lo ha logrado: en diciembre de 2022, el precio mayorista de la electricidad rondaba los 100 euros, mientras que en Francia, Alemania e Italia estaba en torno a 400 euros. Teniendo en cuenta que son los propios consumidores quienes pagan esta reducción artificial de los precios mediante el mecanismo de ajuste en sus facturas, el tope al gas se ha traducido en, aproximadamente, un 30% de ahorro en la factura de los hogares, que pese a ello sigue siendo casi tres veces más cara que antes de que comenzara la crisis.
Además, el tope al precio del gas ha incentivado su demanda. En el periodo entre junio y noviembre de 2022, el consumo de gas para la generación de electricidad creció un 56% respecto al mismo periodo de 2021. Parte de este aumento se explica por la subida de las exportaciones netas de electricidad (subvencionada por los consumidores españoles) a países como Francia y Marruecos, que se multiplicaron por 2 y por 13 en el verano de 2022 comparado con el mismo periodo de 2021. Mientras tanto, la demanda de gas para consumo convencional, cuyo precio no está topado, cayó un 31% en el mismo periodo.
Es decir, que sin el tope al gas la industria, que es la principal demandante de gas para uso convencional, ha respondido a la subida de precios reduciendo su consumo sin reducir su producción: el Índice de Producción Industrial se ha mantenido estable en 2022. Lo han hecho, por ejemplo, mejorando la eficiencia energética de los procesos productivos, adaptando sus horarios o recurriendo a fuentes de energía alternativas. Por tanto, cabría esperar que la demanda de gas en el mercado eléctrico hubiera caído también si no se hubiera topado su precio, como en otros países de la UE.
La solución alemana mejora la española en este sentido, porque mantiene los incentivos a reducir la demanda de gas mientras que transfiere dinero a los consumidores para ayudarles a hacer frente a precios más altos. A grandes rasgos, Berlín obliga a las empresas comercializadoras a cobrar un precio máximo a los consumidores por la electricidad, el gas y la calefacción. El Estado pagará la diferencia entre ese precio máximo y el precio real del mercado.
Así, los pequeños consumidores, principalmente hogares y pequeñas empresas, pagarán este año el 80% de su consumo de electricidad a un máximo de 40 cént./kWh (12 cént./kWh para el gas y 9,5 cént./kWh para calefacción). El límite máximo aplica sólo al 80% del consumo estimado en septiembre de 2022, antes de que entrara en vigor la medida. Todo consumo que sobrepase esa marca se pagará al precio acordado en el contrato con la comercializadora, que será normalmente mucho más alto. Sin embargo, si el consumidor reduce su consumo más de un 20% respecto al estimado, se le devolverá dinero en su factura final. En definitiva, el Estado paga al consumidor por ahorrar energía.
La historia se repite
No obstante, la medida alemana presenta un inconveniente gigantesco, y es que extiende estas ayudas directas también a la industria. De hecho, son más generosas que las dirigidas a pequeños consumidores. Esta política perpetúa la dependencia energética que tienen las empresas alemanas de los combustibles fósiles extranjeros. La historia se repite: durante décadas, la industria alemana se ha beneficiado del acceso a energía barata, en concreto, a gas y petróleo importados de Rusia, sin tener en cuenta la fiabilidad de su socio ni el impacto medioambiental.
Por eso, ni España ni Alemania deberían subvencionar el consumo de gas, como están haciendo cada uno a su manera. Se puede ayudar al pequeño consumidor a llegar a fin de mes sin comprometer la independencia energética de Europa. Porque hoy es Rusia, pero mañana puede ser Qatar o incluso Estados Unidos (no olvidemos la Inflation Reduction Act); y porque el cambio climático no concede treguas.
La solución óptima para España empieza por dejar de lado sus pretensiones de extender la ‘excepción ibérica’, que permite el tope al gas en la península. Los pequeños consumidores –hogares y pequeñas empresas– deberían recibir ayudas directas a la electricidad y la calefacción similares a las de Alemania.
La factura de la luz se mantendría así en precios mucho más moderados, a la vez que se reduciría la demanda de electricidad y de gas. Además, de esta forma los consumidores dejarían de subvencionar las exportaciones a terceros países en un momento de crisis inflacionista. El Estado puede financiar esas ayudas. Por ejemplo, dando un mejor uso a los 4.500 millones de euros que ha costado al contribuyente la bonificación de 20 céntimos al carburante que, como ahora sabemos, ha sido ineficaz para reducir el aumento de los precios del carburante y ha beneficiado principalmente a las rentas más altas.
En cuanto a la industria, las ayudas a las empresas deben ir vinculadas a inversiones en eficiencia energética, descarbonización de los procesos productivos, innovación y, en definitiva, en más competitividad para hoy y el futuro. Los fondos de recuperación dotan a España de los recursos necesarios para ello. Por ejemplo, el PERTE de descarbonización industrial va en la buena dirección, pero, como ocurre con el resto de los fondos europeos, avanza lentamente.
España no puede permitirse subvencionar la energía de toda la industria como hace Alemania. Pero tampoco es deseable. Si el Gobierno gestionara bien los fondos europeos, España ganaría en independencia energética y en competitividad.