Pensiones: el ajuste no se puede retrasar más

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha retrasado de nuevo esta semana el plazo para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones, de la que depende la entrega en verano de 10.000 millones de euros en fondos europeos de recuperación. Las medidas pactadas con la Comisión Europea para hacer sostenible el gasto en prestaciones de jubilación tendrían que haberse validado el pasado 31 de diciembre, pero ante las dificultades para llegar a un acuerdo que satisfaga al mismo tiempo a las autoridades europeas, a sus socios de coalición y a los agentes sociales, Escrivá ha ido pidiendo a Bruselas sucesivas prórrogas: primero hasta finales de enero, luego de otro mes y ahora hasta Semana Santa. El problema es que, mientras tanto, crece la dimensión del agujero del sistema de pensiones. Y lo hace, en gran medida, por la decisión del Ejecutivo, avalada por la mayoría de los grupos parlamentarios, de volver a vincular el aumento de las prestaciones con la inflación. Un factor que, junto al mayor número de jubilaciones anticipadas por el efecto llamada de la histórica subida del 8,4% y al hecho de que los nuevos jubilados reciben de media pagos mucho más elevados (muy cercanos al salario promedio), ha disparado la nómina de las pensiones un 10,8% este mes, hasta 11.922 millones de euros. Esta alza desaforada del gasto hará necesario un mayor ajuste al planteado por Escrivá para cumplir las exigencias de la UE, como advirtieron los eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestario en su reciente visita, dificultando así un acuerdo que no admite más demora.