Andalucía se suma a Madrid y recurre ante el TC el impuesto a las fortunas
De los anuncios a los hechos. La Junta de Andalucía interpuso ayer ante el Tribunal Constitucional su anunciado recurso contra el impuesto a las fortunas de Sánchez, en el que solicita la suspensión cautelar del gravamen por invadir las competencias de las comunidades, lesionar el principio de seguridad jurídica y vulnerar el artículo 23 de la Constitución al aprobar el tributo a través de una enmienda a la proposición de ley del impuestazo a bancos y energéticas (ver pág. 9), sin haber sido sometido a consulta pública, sin memoria económica y sin contar con el dictamen del Consejo de Estado.
El Gobierno que preside Juanma Moreno sigue así los pasos de la Comunidad de Madrid, que presentó su recurso el pasado 1 de febrero esgrimiendo unos argumentos jurídicos muy similares. Ambas regiones son las más afectadas por el denominado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno de Sánchez,
ya que es un tributo complementario al de Patrimonio, que está suprimido de facto en las dos comunidades (en Madrid desde 2008 y en Andalucía desde el año pasado). Andalucía, al igual que Madrid, solicita al Alto Tribunal que se declare la inconstitucionalidad del tributo y, por tanto, su nulidad, pero mientras se decide, pide su suspensión cautelar para evitar “perjuicios irreparables”. “El Impuesto de Patrimonio no existe en ningún otro país de la UE: ahuyenta el ahorro y la inversión y nosotros queremos que las grandes empresas creen empleo y riqueza en Andalucía”, afirmó ayer la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España.
La Junta defendió su decisión de bonificar al 100% Patrimonio argumentando que por cada euro que se pierde al “eliminar” ese impuesto “se recaudan cinco en IRPF y en IVA”, señaló España, quien añadió que “suprimiendo el impuesto, atraemos inversión y residencia fija, lo que aumenta la recaudación”.