Sánchez atrasa el fallo sobre Huawei en busca de un consenso europeo
CIBERSEGURIDAD 5G/ El Gobierno quiere un acuerdo más amplio para no provocar represalias chinas. Pero cualquier equívoco chino con Rusia o un aumento de la tensión, podría disparar la decisión.
Borrell: “Nuestra dependencia tecnológica de China es mayor que la energética de Rusia”
Lo caro no es cambiar el ‘core’ sino los miles de equipos de radio a lo largo de la red de una ‘teleco’
El 29 de marzo de 2022, hace casi un año, el Gobierno de Pedro Sánchez, aprobó por real decreto-ley la normativa sobre Ciberseguridad 5G, cuya principal misión era dar respuesta a la preocupación occidental sobre la presencia o no de redes chinas. Y casi un año después, parece que aún no ha pasado nada.
La aprobación del decretoley tenía un desencadenante obvio: la invasión de Ucrania por Rusia y su terremoto geopolítico. Entonces, la postura de China, con declaraciones de amistad y apoyo a Rusia, puso en guardia a toda Europa. Y el Gobierno español, que hasta entonces había estado arrastrando los pies en la aprobación de la norma, se vio obligado a acelerar el proceso.
Hasta entonces, el Gobierno se había resistido a tomar decisiones sobre la conveniencia o no de tener redes de las chinas Huawei y ZTE en España, especialmente en el muy sensible dominio del 5G.
5G, lo más sensible
El 5G es un asunto más delicado que las generaciones anteriores y ha disparado las preocupaciones de la clase política, porque para finales de esta década, el 5G será una parte fundamental del sistema nervioso de la economía española. Por eso, una avería o, peor aún, un sabotaje de las redes 5G tendría un efecto sistémico igual de grave que un megaeléctrico generalizado. Pararía el país. Y, además, por las redes 5G circularán miles de millones de gigabytes de información, mucha de ella de carácter confidencial, y cuyo robo o espionaje puede crear múltiples problemas desde la seguridad nacional al simple secreto empresarial.
Pero hasta la guerra de Ucrania, el Gobierno mantenía una calculada ambigüedad sobre los fabricantes chinos. Solo había hablado del tema una vez, en 2020, y entonces pareció insinuar que en España no se iban a vetar las redes chinas. “Nosotros vamos a seguir apostando por esta tecnología (5G) y vamos a seguir, además, diversificando esas alianzas con otras operadoras, no solamente de nuestro continente, sino también chinas”, señaló.
Pero la guerra de Ucrania y el apoyo diplomático chino a Rusia lo cambian todo. La postura actual de Europa sobre la tecnología china es clara: la dependencia nos hace vulnerables. El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, expresó esa doctrina el pasado enero, al señalar que “nuestra dependencia tecnológica de China es hoy mayor que la dependencia energética de Rusia”.
En ese nuevo contexto, el Gobierno debería haber clarificado su postura hace tiempo. El decreto ley de Ciberseguridad 5G establecía que “en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor (...), el Gobierno (...) podrá calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo”. Oficiosamente desde la administración se señala que el hecho de que pudiera haber calificado a una fabricante de “alto riesgo” a los tres meses –en junio de 2022–, no le obliga a hacerlo.
Si se produjera esa declaración a Huawei y ZTE –como ya ha ocurrido en muchos países occidentales– los fabricantes chinos no podrán estar presentes en el core de la red, en el núcleo neurálgico donde reside la inteligencia y las funciones principales.
Sin consecuencias
Pero esa cláusula no tendría apenas efectos prácticos incluso si declarase a Huawei, porque pronto no van a quedar cores de Huawei en España. Vodafone ya anunció en 2019 que “pausaba” la incorporación de Huawei en sus cores en Europa. Orange acaba de abrir comercialmente el suyo, que es de Ericcson. MásMovil tiene de siempre una red 100% Ericsson. Y Telefónica, que contrató un core 5G de Huawei en 2019, pronto se arrepintió y anunció que no quedaría rastro de tecnología china en su red, aunque sólo ha cambiado la mitad del core (por Ericsson) y le resta sustituir la otra mitad.
Sin embargo, el decreto ley también señala que a los 3 meses de publicarse se “determinará las ubicaciones y centros en los que (...) por su vinculación a la seguridad nacional o a servicios esenciales” también se prohibe tener equipos de proveedores de alto riesgo a lo largo de la red. Y en esto si que se ha incumplido el plazo, aunque oficiosamente se señala que se espera a hacerlo todo –nominar a un proveedor y fijar las “zonas críticas”– de una sola vez.
De decenas a cientos
Y es que ese es el gran problema, porque sustituir un core puede costar entre 30 millones y 50 millones de euros. Pero cambiar los miles de equipos de radio desplegados por la red supone cientos de millones.
Y llegados a este punto, si el Gobierno decidiese nominar a Huawei y ZTE, Orange y Vodafone podrían tener un problema. En Orange, el reparto de la radio supone que Huawei tiene el 50% de los nodos, Ericsson un 40% y ZTE un 10% aproximadamente. En Vodafone, Huawei tiene alrededor del 65% y Ericsson el 35% restante. Con redes de 18.000 o 20.000 nodos, sustituir cerca de la mitad, puede costar 400 millones de euros por lo menos. Telefónica no tiene equipos de radio chinos en su red (son de Ericsson y Nokia) y como se ha dicho, MásMóvil es 100% Ericsson.
Aunque la ley no dice que haya que cambiar absolutamente todos los emplazamientos donde hubiera un proveedor de riesgo, sino sólo aquellos que están en las zonas críticas. Por eso, la determinación de esas “zonas críticas” es esencial, dependiendo que sea una visión restrictiva o amplia. Si sólo se limitase a unas pocas ubicaciones, la sustitución “quirúrgica” de equipos chinos por otros puede ser factible y relativamente barata, aunque engorrosa. Pero el reparto de los proveedores en las redes de telecos se hace por zonas muy amplias: una región (la mitad de España, por ejemplo) para Huawei y otra para Ericsson. Por tanto, si las zonas críticas se determinan con un criterio amplio de cientos de ubicaciones que se situasen dentro de la “mitad Huawei” de la red de cualquiera de estos dos operadores, la cosa cambia. La sustitución de muchos de esos equipos chinos en la zona de Huawei de un operador es un problema de resolución casi imposible y al operador casi le va a salir mejor y más rápido, y le va a crear menos problemas, levantar por completo el equipo chino en esa zona y sustituirlo por otro.
El problema es que tal y como están –de mal– las cuentas de las telecos, supondría gastar un dinero que no tienen, lo que podría provocar –como en Francia– reclamaciones para que lo pague el Estado.
Pero la reacción de las operadoras ante una medida de este tipo, incluso en el caso de ser muy airada, no es lo que más preocupa al Gobierno.
Al Gobierno, lo que le preocupa de verdad de una decisión así es la reacción de China, que no suele tomarse muy bien estas cosas. Por eso, la decisión del Gobierno es seguir esperando, siempre que la actualidad bélica y geoestratégica no le obligue a cambiar el paso.
Un detonante
Es decir, parece que la reflexión estratégica acerca de la dependencia tecnológica de China está hecha en toda Europa, como corroboran las declaraciones de Borrell. Pero Sánchez se resiste a abrir ese melón de forma bilateral con China y quedar señalado. La decisión está a la espera de lograr un contexto más global, en el que pueda arroparse con decisiones similares de dos o tres estados miembros importantes, buscando apoyos para hacerlo con algún país grande, especialmente de Alemania. Con todo, cualquier equívoco de China acerca de su apoyo a Rusia, o a la venta de armas al ejército ruso, cualquier subida de la tensión geoestratégica podría desencadenar y adelantar la toma de la decisión.