Orcel rechaza que la Audiencia aclare la condena a Santander
Andrea Orcel responde a Banco Santander y se opone a que la Audiencia Provincial de Madrid complemente la sentencia que condena a la entidad financiera a indemnizarle con 43,4 millones de euros por incumplimiento de contrato. El financiero italiano, que estuvo a punto de ser el consejero delegado de Santander, ha presentado un escrito de alegaciones ante el tribunal contrario a la petición del banco, según confirman fuentes conocedoras del caso a EXPANSIÓN.
La entidad que preside Ana Botín ha solicitado al tribunal un complemento de la sentencia al entender que no se pronuncia sobre “alegaciones sustanciales”, como paso previo al recurso que ya prepara ante el Tribunal Supremo.
La ley permite a Santander pedir este complemento e igualmente Orcel puede presentar las alegaciones que considere sobre esa solicitud. Una vez presentados ambos escritos, el tribunal decidirá si procede o no completar la resolución.
En primer lugar, Santander dice que el contrato no llegó a estar completo, porque el buy-out (incentivos a largo plazo a abonar mediante acciones) no estaba determinado ni era determinable con una operación aritmética.
Orcel señala que la sentencia deja claro que en ningún lado, ni en la oferta ni en las actas del consejo, se hace referencia a que la determinación del buy-out fuese necesaria.
“Las condiciones causales pactadas en el contrato son su aprobación por el Consejo de Administración y la evaluación de idoneidad del BCE. En este punto compartimos y hacemos nuestros los razonamientos y valoración de la prueba realizada por el Sr. Magistrado de primera instancia”, señala la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid.
En segundo lugar, el banco también apunta que el contrato no estaba perfeccionado porque la junta de accionistas no había aprobado ni el signon (bonus de incorporación) ni el buy-out.
A este respecto, Orcel sostiene que tanto el sign-on como el buy-out están previstos en la política de retribuciones de Santander y que el contrato nunca lo señaló.
“Tampoco consideramos
La Audiencia Provincial de Madrid fija en 43,3 millones la indemnización a abonar al financiero
correcta la tesis de la parte recurrente [Santander] respecto a que el consejo de administración no había aprobado el nombramiento por no ser este eficaz al exigir determinados requisitos legales y societarios, pues el derecho se devengó con el nombramiento, que como tal es una declaración de voluntad realizada por el Consejo de Administración”, tal y como señala la Audiencia de Madrid.
En tercer y último lugar, Santander considera que la sentencia no se pronuncia sobre la facultad de desistimiento que tenía la carta oferta para ambas partes. Pero Orcel recuerda que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid afirma que “ambas partes estaban obligadas a respetar la vinculación contractual definida en el contrato de 24 de septiembre hasta el cumplimiento el plazo, de tal manera que la decisión de Santander de resolverlo en el mes de enero de 2019 supuso una decisión unilateral contraria a lo pactado, que sólo cabe calificar de incumplimiento” y que “no se reconoció a los litigantes el derecho al desistimiento unilateral del precontrato”.
Orcel presentó la demanda contra Santander en 2019 por incumplimiento de contrato, después de que la entidad decidiese no seguir adelante con su contratación. El banco sostiene que no existía contrato y Orcel defiende que sí.