Deudas tributarias: normativa y nuevos cambios a tener en cuenta
NOVEDADES/ En las últimas semanas se han conocido cambios relativos al límite exento de aportar garantías para aplazar deudas, sobre la tributación de los intereses de demora y acerca de la inclusión en la lista de morosos que publica Hacienda.
“La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta”. Esta es la definición de las deudas tributarias contemplada en el artículo 58 de la Ley General de Tributos, que indica que, además, puede estar integrada también por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del período ejecutivo, y los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos.
Según los últimos datos actualizados de la Agencia Tributaria, a cierre de 2021 las deudas pendientes ascendían a 42.020 millones de euros, un 0,3% más que en 2020 y lejos del pico de 50.226 millones en 2014. Del total adeudado, 16.656 millones correspondían a deudas aún en periodo voluntario de pago, y 25.364 millones eran deuda pendiente en ejecutiva.
El artículo 65 de la Ley General de Tributos contempla que las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado tributario, cuando la situación económico-financiera del deudor le impida efectuar el pago en los plazos establecidos. Hasta ahora no era necesario dar explicaciones ni ofrecer garantías para aplazar o fraccionar deudas inferiores a 30.000 euros, pero el proyecto de una orden ministerial de Hacienda sacada a audiencia e información pública la semana pasada prevé elevar este límite exento de garantías hasta los 50.000 euros a partir de su entrada en vigor el próximo 15 de abril.
El difícil contexto económico generado por la invasión rusa de Ucrania, así como la persistencia de los efectos de la crisis del Covid-19, han llevado a Hacienda a tomar esta decisión al considerar que el actual límite de 30.000 euros “denota cierta obsolescencia”. Por ello, Hacienda explica que su objeti
El límite exento de aportar garantías para aplazar deudas se elevará a 50.000 euros el 15 de abril
vo es dar “facilidades” al obligado al pago “ante sus dificultades económico financieras de carácter transitorio”, en línea con las que durante 2020 y 2021 se dieron, a raíz de la pandemia de coronavirus, para aplazar deudas con la Agencia Tributaria sin que ello supusiera un aumento de los intereses.
Intereses
Los intereses de demora son la indemnización que se exige a los obligados tributarios y a los sujetos infractores a los que se impone una sanción como consecuencia de realizar un pago fuera de plazo o presentar una autoliquidación o declaración con resultado a pagar una vez finalizado el plazo establecido. De esta forma, las deudas resultantes de una liquidación practicada por la Administración o de una autoliquidación conllevarán el pago de intereses de demora en caso de no abonarlas en el periodo voluntario.
La ley establece que el interés de demora es el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas el interés de demora exigible es el interés legal. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 elevaron al 3,25% el interés legal, que llevaba en el 3% desde 2016, y al 4,0625% el de demora, situado en el 3,75% desde 2016.
Además de aplicarse sobre las deudas que un contribuyente contraiga con la administración, los intereses de demora también son aplicables en los casos en los que, por ejemplo, la Agencia Tributaria tiene que devolver a un contribuyente una cantidad indebidamente al haber practicado una liquidación tributaria excesiva. Precisamente sobre estos casos y cómo tributan los intereses de demora se ha producido en febrero un importante cambio de criterio por parte del Tribunal Supremo, que en 2020 dictaminó que los intereses de demora estaban libres de tributación y ahora, por el contrario, considera que esta compensación en concepto de intereses suponen una ganancia patrimonial por la que hay que tributar. Para tomar esta decisión, el tribunal argumentó que “la
Ley del IRPF no alberga ningún supuesto de no sujeción ni ningún supuesto de exención” respecto a los intereses de demora.
Prescripción
En lo que se refiere al plazo de prescripción de las deudas tributarias, el artículo 66 de la LGT lo fija en cuatro años a contar desde el día siguiente al término del periodo reglamentario para presentar la declaración o la autoliquidación. De cumplirse dicho plazo, la administración deja de tener derecho a reclamar el pago de la deuda. Sin embargo, en la práctica es muy poco probable que una deuda tributaria llegue a prescribir, ya que dicho periodo de prescripción queda interrumpido en el momento en el que la administración inicie una investigación o reclamación. Además, el artículo 66 bis indica que la prescripción no afecta al derecho de la administración a realizar comprobaciones e investigaciones sobre las bases imponibles o cuotas pagadas por los contribuyentes, para lo que tiene un periodo de diez años.
Por otra parte, cabe señalar que el plazo de prescripción es mayor en casos de delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, de manera que en los delitos fiscales generales –cuantía superior a 120.000 euros– el plazo es de cinco años y en los agravados –superiores a los 600.000 euros– es de diez. Además, actualmente contar con una deuda con Hacienda superior a 600.000 euros supone aparecer en la lista de morosos que la Agencia Tributaria publica cada año (ver información adjunta).
El Tribunal Supremo gira 180 grados al decidir que los intereses de demora deben tributar