Podemos registra una ley para obligar a Ferrovial a devolver sus ayudas públicas
DESLOCALIZACIÓN EMPRESARIAL/ El partido minoritario del Gobierno presenta al Congreso una proposición de ley para obligar a las empresas que trasladen su sede social o fiscal fuera de España a devolver las subvenciones de los 10 últimos años.
Unidas Podemos, el partido minoritario del Gobierno, quiere obligar a Ferrovial a devolver las ayudas públicas que ha recibido en la última década si consuma el traslado de su sede social de España a Países Bajos. Para lograrlo, y desincentivar nuevas fugas empresariales, la formación morada registró el viernes ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley, redactada de forma exprés, que penaliza la deslocalización empresarial con la devolución de las subvenciones recibidas en los últimos 10 años.
La Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas, iniciativa a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, busca establecer una suerte de “contrato de permanencia con aquellas empresas beneficiarias de las ayudas o subvenciones públicas”.
La norma, detalla el texto registrado por Unidas Podemos, “tiene por objeto establecer medidas para evitar la deslocalización de empresas, industrias, actividades productivas y domicilios fiscales, especialmente de aquellas que hubieran obtenido ayudas públicas”. A tal efecto, “se considera deslocalización la transferencia o reubicación de una industria, actividad económica o unidad productiva o parte de estas o cambio de domicilio fiscal o de domicilio social a otro Estado” por parte de una sociedad, su grupo o matriz.
La penalización propuesta por Podemos se introduciría mediante una reforma de la Ley General de Subvenciones de 2003. Así, al listado de causas que implican el reintegro de ayudas públicas, que hasta la fecha se centra en el falseamiento de las condiciones de acceso, el incumplimiento de los objetivos o exigencias previstas, la falta de justificación o difusión del uso de los fondos, y la obstrucción al control financiero de su uso, se le sumaría un nuevo supuesto. Concretamente, establece la proposición de ley, “la deslocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el traslado de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica” será uno de los motivos legales para imponer la devolución de esos fondos públicos.
El texto indica que el procedimiento de reintegro se iniciaría de oficio por parte de la administración competente, por iniciativa propia, orden superior, petición razonada o denuncia, así como ante un informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en este sentido.
La norma prevé su entrada en vigor “el mismo día” de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien establece que “será de aplicación a las ayudas públicas concedidas antes de su entrada en vigor, siempre que no hubieran transcurrido diez años desde la notificación o en su caso publicación de la concesión de la subvención”, lo que afectaría de pleno al caso de Ferrovial. Más allá, la norma da el plazo de un año al resto de administraciones estatales, autonómicas y locales para adecuar su propia regulación a la nueva ley.
“El cierre y deslocalización de empresas y centros de trabajo a países con menores costes laborales, fiscales o sociales, supone una amenaza para el sector industrial español y, en definitiva, para la economía española”, argumenta Podemos en la exposición de motivos de la proposición de ley.
“El cierre de empresas y centros de trabajo, además de ser uno de los factores que explica el proceso de desindustrialización que lleva España arrastrando en las últimas décadas, supone una fuerte pérdida de empleo directo e indirecto, desinversión y reducción de la producción nacional”, agrega, asegurando que “la amenaza de deslocalización o externalización de empresas industriales, entendida como la transferencia reubicación de la actividad económica a otros países, es un hecho que está cobrando protagonismo en los últimos meses”.
El texto argumenta que el objetivo de fondo es reforzar la “figura del Estado emprendedor”, “fortalecer las relaciones entre el sector público y las empresas residentes en España” y “garantizar la continuidad y permanencia de la actividad” empresarial que cuente con asistencia pública, “más allá de los ciclos electorales partidistas”.
Aunque el texto no hace mención expresa al caso de Ferrovial, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se refirió a su traslado a un “paraíso fiscal” como un acto de “piratería económica” por parte de una empresa beneficiaria de un “montón de subvenciones” que se debe “frenar” aprobando esta ley.
En la misma línea, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tachaba estos días a Ferrovial de “empresa pirata” mientras que la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayaba que la empresa abandona el país tras vivir durante décadas de su obra pública y después de acogerse a los ERTE durante la pandemia entre otras ayudas públicas.