Lecciones de Joe Biden a la Unión Europea sobre ‘dirigismo’
La Ley Chips y la Ley de Reducción de la Inflación son los mayores intentos de reactivar la política industrial desde la Segunda Guerra Mundial.
Por si no se habían dado cuenta, un experimento increíblemente audaz de dirigisme social se está desarrollando no en Francia, a donde pertenece lingüística y espiritualmente, sino en el país de la libertad.
La francesa que escribe estas líneas confiesa que se ha quedado atónita ante las condiciones, desveladas esta semana, vinculadas a los 39.000 millones de dólares (36.700 millones de euros) en subvenciones y préstamos de la Ley Chips estadounidense, destinada a fomentar el desarrollo de todo un ecosistema de fabricación de semiconductores en Estados Unidos.
Gina Raimondo, la secretaria de Comercio de EEUU, ha esbozado un intento trascendental para modificar el comportamiento de las empresas, no sólo en el ámbito de la estrategia industrial y financiera —los fabricantes de chips deben comprometerse a no expandirse en China durante una década y abstenerse de recomprar acciones—, sino también en la forma en que tratan a su personal.
Entre algunas de las características más llamativas —y después de que la Administración tuviera que recortar sus planes legislativos sobre el cuidado infantil—, las empresas que soliciten los fondos tendrán que demostrar que ofrecerán “guarderías
asequibles, accesibles, fiables y de alta calidad”.
“La guardería debe estar al alcance de los hogares con ingresos bajos y medios”, señala la documentación, “estar situada en un lugar conveniente con un horario que satisfaga las necesidades de los trabajadores, garantizar a los trabajadores la confianza de que no tendrán que faltar al trabajo por cuestiones imprevistas relacionadas con el cuidado de los niños, y ofrecer un entorno seguro y saludable en el que las familias puedan confiar”.
Los solicitantes también deben “describir cualquier servicio complementario, como el cuidado de adultos, las ayudas para el transporte o las ayudas para la vivienda”. Se les “anima encarecidamente” a firmar convenios colectivos con los sindicatos antes de construir nuevas plantas. Es un lenguaje del que el preeminente presidente socialista francés François Mitterrand se habría sentido orgulloso.
En Estados Unidos, las empresas se han abstenido hasta el momento de quejarse en público de estas disposiciones, pero no han pasado desapercibidas. “Las guarderías asequibles son un objetivo admirable, pero no tienen nada que ver con los semiconductores”, afirma en un tuit Steven Rattner, exasesor de la industria automovilística de Barack Obama. “Si queremos que la ley Chips funcione, no puede utilizarse como mula de carga para prioridades políticas no relacionadas”.
El economista Joseph Stiglitz expresa una opinión más positiva. “La escasez de mano de obra es un reto importante en nuestra economía, especialmente en las industrias de alta tecnología. La disposición de que las empresas que reciban dinero de Chips proporcionen guarderías a los trabajadores es un componente importante”, señala. “Necesitamos una economía de mercado que no sólo refleje valores, sino que los fomente y desarrolle desde el principio”.
En Europa se seguirá de cerca la iniciativa. “Están utilizando la política industrial para impulsar políticas sociales”, sostiene Shahin Vallée,
“Si queremos que la ‘ley chips’ funcione, no puede utilizarse para prioridades políticas no relacionadas”
Los líderes empresariales europeos mostrarían poco entusiasmo por las condiciones de EEUU
exasesor de la UE de Emmanuel Macron y actualmente investigador sénior en DGAP, el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. “Ha habido un profundo cambio ideológico en EEUU, y en Europa aún no nos hemos adaptado a él”.
Charles de Gaulle también habría sentido envidia del voluntarismo industrial de Joe Biden: en líneas generales, que donde hay voluntad, hay un camino. La Ley Chips combinada con la Ley de Reducción de la Inflación y sus 369.000 millones de dólares en subvenciones, préstamos y créditos fiscales para el impulso de las energías renovables y las tecnologías limpias, son los intentos más significativos de reactivar la política industrial en el mundo capitalista occidental desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Este cambio radical ha inquietado profundamente a las empresas y a los responsables políticos europeos, lo que ha provocado un replanteamiento de la política industrial a nivel de la UE y nacional, y ha impulsado los intentos de Bruselas de flexibilizar las normas sobre las ayudas públicas y las subvenciones nacionales.
Los líderes empresariales europeos, que se quejan de que en la UE hay palos y no suficientes zanahorias, han pedido incentivos similares en forma de financiación directa y créditos fiscales. Pero seguramente mostrarían menos entusiasmo por las importantes condiciones que también ha impuesto EEUU.
Como dijo un funcionario francés: “Si hiciéramos esto en Francia, nos calificarían de comunistas”.