Impuestos: tendencias centralistas del PSOE
La nueva “política” del Gobierno central busca una férrea y dogmática uniformidad para impedir que haya políticas fiscales distintas a la del Estado.
Bajar los impuestos es de izquierdas”. Las palabras del expresidente Zapatero parecen haber caído en el olvido en un PSOE desnortado y diluido en los odios ideológicos de sus socios. Ante una UE atónita con la falta de seriedad del actual gobierno socialista, éste pretende improvisar ahora, chapuceramente, recortes que afectan a la capacidad normativa de las autonomías para subir impuestos; en particular, sobre el patrimonio, un tributo inexistente en la UE y que abolió el propio PSOE hace sólo unos años. Ese propósito –imprevisto y contrario a lo anunciado en su día– evidencia una tendencia centralista regresiva que nos devuelve al pasado, cuando las autonomías reclamaban al Estado la corresponsabilidad fiscal. Por tanto, se trata de una involución que supone ignorar cuatro décadas de desarrollo del sistema de financiación autonómica caracterizadas por una creciente libertad de los gobiernos autonómicos para decidir los tributos que pagan sus ciudadanos. En esto sí que conviene tener memoria histórica: nadie debería olvidar lo que ha costado conseguir ese margen de autonomía financiera de las comunidades.
Hasta que se han sumado otras comunidades como Andalucía, el sofisma utilizado para justificar ese paso era la supuesta insolidaridad de la Comunidad de Madrid con las demás autonomías, argumento que se cae por su propio peso. Los datos son evidentes: esa región es, con gran diferencia, la que más dinero aporta al Fondo de Garantía, esfuerzo económico que demuestra su compromiso con el bien común de todos los españoles. Ello no impide que Madrid esté también obligada a velar por los intereses particulares de sus ciudadanos. El Tribunal Constitucional ha justificado reiteradamente la autonomía de las comunidades autónomas para llevar adelante sus propios intereses. Y, en ese punto, el Gobierno del Estado no puede alterar a capricho y de tapadillo la estructura de la financiación autonómica establecida por la Constitución y las leyes orgánicas y ordinarias. Eso constituiría, sin duda, un fraude de ley obviar la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), actuando sobre legislación ordinaria que está subordinada a ella.
Afrenta a la lealtad institucional Al mismo tiempo, supondrá una afrenta a la lealtad institucional que debe presidir las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas el que el mismo Estado pretenda ignorar lo dispuesto en un Estatuto de Autonomía. Semejantes pretensiones abrirán un conflicto político y un conflicto jurídico grave a sustanciar ante el Tribunal Constitucional. Lo que, a su vez, da pistas de los ardientes e indisimulados deseos del
Gobierno por controlar los órganos judiciales, incluso por encima de lo que marca la misma Constitución.
En nuestro sistema de financiación autonómica la capacidad de regular los tributos propios es, probablemente, la expresión más genuina de la autonomía financiera, dado que eso es demostración de la soberanía fiscal o del propio poder tributario. Consecuentemente, el ejercicio de la capacidad normativa en los tributos cedidos por el Estado, siempre que se haga dentro de los márgenes establecidos, constituye otra manifestación especialmente cualificada de autonomía financiera.
Pero no hay que confundir la posibilidad de establecer o incluso incrementar tributos con la obligación de hacerlo. Tan legítimo es hacer una cosa como la otra. Cada gobierno autonómico tiene capacidad de decidir una u otra posibilidad en el marco constitucional y legal vigente. Una comunidad puede decidir hoy bajar el IRPF y mañana, si los condicionamientos políticos y sociales lo aconsejan, subirlo. Pero que, hoy, el tipo más alto del IRPF en España sea del 54% (en la Comunidad Valenciana) no implica que todas las comunidades tengan que seguir ese mismo camino. Autonomía significa libertad para gobernarse y actuar según el propio criterio dentro de la Ley.
Nadie ha demostrado hasta ahora qué perjuicios causa la política fiscal de Madrid al resto de comunidades o al Estado, ni nadie ha podido señalar incumplimiento normativo por parte de la Comunidad de Madrid, cuyo historial de conflictos con el Tribunal Constitucional (a diferencia de otras autonomías) es prácticamente inexistente. Esta región ha actuado siempre de acuerdo con la Constitución y beneficia, además, a las otras aportando cada vez más al Fondo de Suficiencia.
Por si eso fuera poco, hay que recordar que Madrid tiene niveles de endeudamiento inferiores a otras muchas comunidades, que, con políticas fiscales más agresivas, dependen peligrosamente de la deuda pública. Por consiguiente, Madrid no necesita endeudarse para bajar impuestos, y, a pesar de eso, sus ciudadanos siguen gozando probablemente de los mejores servicios públicos de España (como ejemplo, diez hospitales públicos madrileños están entre los mejores del mundo). La propia Hacienda madrileña ha comprobado cómo la bajada de impuestos no supone caídas significativas de recaudación porque al aumentar los niveles de prosperidad aumentan también las cifras de recaudación.
En definitiva, lo que la nueva “política” del gobierno central busca es una férrea y dogmática uniformidad para impedir que haya políticas fiscales distintas a la del Estado, incluso cuando, como sucede en el caso de Madrid, los resultados objetivos favorecen el bienestar de los ciudadanos (que es lo que acertadamente busca ahora también Andalucía).
El corsé de la armonización
Esa pretensión de férrea uniformidad fiscal se justifica calificando la competencia fiscal de lesiva y queriendo someterla al corsé de la llamada armonización bajo un falso concepto de la igualdad tributaria de todos los españoles que no aplica el gobierno ni al País Vasco ni a Navarra. Dice la Constitución, en el artículo 139, que los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Pero, como puntualizó el Tribunal Constitucional, la Carta Magna no promueve la igualdad fiscal porque eso sería tanto como desactivar por completo el Estado autonómico.
Antes bien, dentro de los límites previstos en el Ordenamiento, las diferencias de fiscalidad entre las comunidades son parte sustancial del propio sistema de financiación autonómico. Diferencias que han enriquecido y fortalecido el funcionamiento del Estado de las Autonomías. El drama al que nos enfrentamos es que hay unos gobernantes empeñados en arañar un puñado de votos utilizando una falacia rancia y obsoleta: que atacar al denominado “rico” beneficia a alguien. Falso silogismo que, fiscalmente, en realidad nunca se cumple, como se ha visto mil veces. Lo que de verdad favorece a los menos favorecidos es la prosperidad general, o sea, la creación constante de progreso y riqueza. Pero lo que va a traer esa falacia fiscal gubernativa –posiblemente ilegal– no es precisamente eso, sino una involución centralista y una regresión que será extensible a la mayoría de contribuyentes. El PSOE federalista se ha vuelto centralista. Cosas veredes.
Hay gobernantes empeñados en arañar votos con la falacia de que atacar al ‘rico’ beneficia a alguien
Miércoles, 28 de septiembre de 2022 www.expansion.com
Ángel Martín
Director Fiscal de Telefónica