Tardío desbloqueo para renovar el poder judicial

Tanto el Gobierno como el Partido Popular trataron ayer de presentar como un éxito el desbloqueo de las negociaciones entre ambas partes para renovar el Consejo General del Poder Judicial y abordar también el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero este supuesto avance fue provocado por la dimisión anunciada el día antes del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por la “indiferencia” del Ejecutivo y del principal partido de la oposición ante sus reiteradas demandas para que pusieran fin a la insólita parálisis de los principales órganos del poder judicial en nuestro país. Con la amenaza cumplida por Lesmes de abandonar sus cargos a modo de protesta, a Pedro Sánchez no le quedó más remedio que convocar de urgencia a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, tras casi seis meses sin hacerlo, para tratar de solventar esta crisis institucional sin precedentes. Ambas partes se comprometieron a buscar una salida rápida para restablecer la normalidad del poder judicial, pero este paso es claramente insuficiente y tardío tras casi cuatro años de interinidad de los vocales del CGPJ. Es cierto que las posturas de PSOE y PP respecto a cómo deben renovarse el máximo órgano de gobierno de los jueces están alejadas, pero también que la situación creada, que ha provocado incluso varias advertencias verbales de las autoridades europeas y una visita del comisario europeo para intentar facilitar un entendimiento político, exige una solución sin más demoras. De nuevo ayer Bruselas reclamó la renovación “urgente” del poder judicial, así como del sistema para elegir a sus miembros antes de que nuestro país asuma la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023. Pese a la resistencia que aún mantiene Sánchez a que sean los jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ, tal como demanda Europa y prometió él mismo cuando estaba en la oposición, la falta de acuerdo entre los grandes partidos desde 2018, aun con varios intentos fallidos, muestra a las claras que el actual sistema está agotado. Además, las reiteradas injerencias y presiones del Ejecutivo sobre el poder judicial –limitando la capacidad de hacer nombramientos del CGPJ que ha disparado el número de vacantes sin cubrir en el Supremo o imponiéndole un ultimátum para elegir a los nuevos miembros del Constitucional– han agravado la crisis de la Justicia en España y mermado su credibilidad e imagen internacional, lo cual urge revertir.

No cabe más demora para zanjar la crisis institucional creada por la parálisis de la cúpula de la Justicia