El error de subir más los costes empresariales

La propuesta del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que las bases máximas de cotización suban en el futuro por encima del alza de los precios, y al menos en línea con las pensiones, supone volver a cargar sobre las empresas las consecuencias de la política cortoplacista del Gobierno. Su decisión de vincular el alza anual de estas prestaciones al ritmo del IPC y aplicarla en plena espiral inflacionista, elevándolas de media un 8,5% en 2023, disparará el gasto público en esta partida al récord de 190.000 millones de euros. Un despropósito que tratará de solventar imponiendo a las compañías sin haberlo negociado previamente un aumento del 9,2% a la cotización de los salarios por encima de 50.000 euros. Convertir esta medida en estructural, como defiende Escrivá con el argumento de garantizar la sostenibilidad del sistema, ensancharía la cuña fiscal del empleo que soportan los empresarios en nuestro país, que ya está entre las más elevadas de las economías de la OCDE y es una de las causas que explican la persistencia de una tasa de paro tan alta. También agravará el importante deterioro de la competitividad empresarial en los últimos años generada, entre otras medidas, por la fuerte subida del salario mínimo desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Las compañías no pueden seguir asumiendo contra sus márgenes las decisiones del Ejecutivo para financiar el derroche de cara al próximo año electoral como la de no ajustar las tarifas del IRPF a las subidas de precios y salarios o el castigo en Sociedades al restringir la compensación de pérdidas a los grupos empresariales consolidados.