Última oportunidad para cerrar una grave

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tienen esta semana la última oportunidad para acabar con la anomalía democrática que ha causado una gravísima crisis institucional. Parece mentira que sean el PSOE y el PP, los dos partidos que han gobernado España desde 1982, los que lleven casi cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, culpándose uno a otro y utilizando el enfrentamiento en guerras electoralistas. Ya es hora de sentarse a negociar con voluntad democrática y no levantarse hasta no llegar a un acuerdo. Por el bien de la Constitución y de la propia democracia en nuestro país.

Ha tenido que presentar su dimisión el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo para que el presidente del Gobierno convocara de urgencia al líder de la oposición para recuperar una relación que llevaba rota desde abril pasado. Carlos Lesmes ya había amenazado con dejar su cargo hace unas semanas en la apertura del Año Judicial, en presencia del Rey Felipe y el domingo por la noche hizo pública su decisión, que se oficializó ayer por la mañana.

En su mensaje institucional, Lesmes apeló a su “conciencia profesional” y al “respeto a la dignidad de las instituciones, una vez perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro” del Supremo y del CGPJ. “Permanecer solo podría servir para convertirme en cómplice de esta situación que aborrezco y que es inaceptable”. Una decisión valiente que, sin embargo, podía haber tomado hace ya tiempo, porque los miembros del Consejo están caducados desde diciembre de 2018. Pero mejor tarde que nunca si sirve para desbloquear una situación tan antidemocrática como la que sufre la Justicia española.

Tres años

El máximo representante del tercer poder del Estado, nombrado en 2013 bajo la presidencia de Mariano Rajoy, llevaba tres años instando a los grupos políticos a acabar con esa anomalía democrática. Pero como cabeza del grupo conservador en el CGPJ seguía ejerciendo el poder de la mayoría, como se puede comprobar en los nombramientos efectuados durante los últimos nueve años en los principales tribunales españoles. Aunque la culpa de la no renovación de los cargos del Consejo hay que achacarla a los líderes políticos, los magistrados que ocupan unos cargos con fecha vencida deberían haber actuado hace ya tiempo.

En esta triste historia de casi cuatro años, el principal culpable ha sido el Partido Popular. En otras ocasiones, desde la bancada de la oposición, los populares ya habían obstaculizado la renovación de diversos órganos jurisdiccionales con excusas muy diversas. Pero esta vez, mientras se acumulaban los juicios por casos de corrupción a miembros de su partido, el anterior presidente, Pablo Casado ha ido estrangulando todas las conversaciones con el Gobierno para impedir perder la mayoría en el CGPJ y la potestad de nombrar magistrados de su cuerda. Negar eso es falsear la realidad.

Cuando Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia del PP intentó un acercamiento a los socialistas para desbloquear este asunto. Sin embargo, las conversaciones murieron antes de nacer, al exigir el líder conservador la modificación del sistema de elección de los magistrados del Consejo y darles a sus representantes la posibilidad de nombrar directamente a 12 de los 20 vocales. Una petición que ha recibido la negativa del Gobierno, por entender que era una forma de retrasar la renovación una vez más.

La visita a Madrid a finales de septiembre del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, abrió una ventana de esperanza para acabar con el “preocupante bloqueo” de la renovación del CGPJ, en palabras suyas. Sin embargo, tras reunirse por separado con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y con el de Presidencia, Félix Bolaños, además de con el europarlamentario del PP Esteban González Pons, se volvió a Bruselas con la carpeta de acuerdos vacía. Eso sí, recomendó a PSOE y PP renovar el Consejo de forma urgente y modificar después el sistema de elección de sus miembros.

Durante más de tres horas, Sánchez y Feijóo, acompañados de Bolaños y González Pons, conversaron ayer sobre la forma de buscar soluciones a un problema que está lastrando la credibilidad democrática de las instituciones españolas. Aunque no se cerró acuerdo alguno, hubo un cambio claro de actitud por ambas partes y no salieron tirándose los papeles a la cara como en otras ocasiones. Parece que unos y otros se han dado cuenta de que no se puede seguir así; el prestigio de la Justicia y del orden democrático está en juego.

Lo razonable a día de hoy (era lo razonable hace ya muchos meses), es renovar de forma inmediata los cargos del CGPJ y del Tribunal Constitucional de acuerdo con las normas vigentes y comprometerse a presentar en un plazo corto un nuevo