El disparate de las pensiones

Pocas medidas de política económica tan absurdas se han adoptado en España en las últimas décadas como la subida de las pensiones en un 8,5% que el Gobierno ha anunciado hace algunos días. Si fuera más joven, habría dudado, seguramente, antes de hacer una afirmación tan rotunda. Pero como ya soy catedrático emérito y cobro, por tanto, mi pensión de jubilación, puedo criticar una decisión que, en principio, parece favorable a mis propios intereses.

Muchos analistas han señalado ya el problema más evidente que plantea a corto plazo una subida de pensiones tan elevada: el enorme crecimiento del gasto público que tal medida implica. Y que va a tener lugar en una economía que se encuentra en una situación muy complicada, en un marco internacional difícil. La deuda pública española se sitúa ya en torno a los 1,5 billones de euros –lo que supone aproximadamente el 115 % del PIB–, sin que se vea factible que ni siquiera en el medio plazo –y con la ayuda de la inflación– se pueda volver a la ratio, ya muy elevada, del 95% que teníamos en 2019, antes de la pandemia del Covid. Parece que el Gobierno quiere financiar el aumento del gasto con una fuerte subida de la presión fiscal, debida tanto a la creación de nuevos impuestos como a la subida de la tributación que necesariamente genera la inflación. Pero, aun exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a los españoles, el futuro es muy incierto, porque las predicciones del gobierno en lo que se refiere al crecimiento del PIB son poco creíbles. No es exagerado, por ello, afirmar que tal subida de las pensiones es una medida irresponsable, que puede tener efectos muy negativos sobre nuestra economía.

Y las dificultades no terminan aquí. Más importante aún que los desajustes financieros en el corto plazo es el hecho de que estamos hablando de un sistema de pensiones en quiebra, en cuanto –con la regulación existente– el valor actual de los flujos esperados de prestaciones a pagar en el futuro es superior al valor actual de los ingresos futuros esperados por cotizaciones. Se dice, con frecuencia, que un sistema público de pensiones no puede quebrar, porque, si hace falta dinero, se puede financiar con impuestos, como ya está haciendo el gobierno y habrá que hacer en un grado mayor en el futuro. Pero lo que tal idea confirma es, precisamente, que el sistema está quebrado; es decir, que no puede sostenerse por sí mismo y necesita recursos externos para evitar la suspensión de pagos.

A pesar de sus efectos negativos sobre la estabilidad del sistema, las subidas de pensiones se justifican a menudo con argumentos de justicia social. Se dice que las personas mayores hemos trabajado mucho a lo largo de nuestras vidas y tenemos derecho a una buena pensión para pasar una vejez tranquila. Y no lo dudo. El problema es que “alguien” va a tener que pagar la factura. Y este “alguien” son las generaciones más jóvenes, a las que –me temo– se viene perjudicando desde hace tiempo con muy diversas medidas de política económica. Dos de ellas las he mencionado ya: quienes trabajen en el futuro tendrán que pagar la deuda pública que estamos emitiendo ahora; y deberán financiar también con sus impuestos el déficit del sistema de pensiones. Y otra cuestión preocupante es que los jóvenes, con buen sentido, son conscientes de que, aunque van a pagar mucho en el futuro, no tienen garantía alguna de lo que van a poder cobrar cuando les llegue el momento de la jubilación. En resumen, un panorama que contribuye a explicar el escaso optimismo de tantos españoles en edad laboral ante su futuro económico.

Prestaciones muy generosas

No puede olvidarse tampoco que nuestro sistema de Seguridad Social es muy generoso con los jubilados, especialmente quienes perciben pensiones bajas. No quiero decir, desde luego, que éstos reciban mucho dinero. No es así, ciertamente. Pero los datos muestran claramente que las prestaciones son muy generosas para las cotizaciones que han realizado a lo largo de sus vidas. Sólo mediante transferencias de otros grupos sociales –pensionistas de nivel más alto y, sobre todo, contribuyentes de las generaciones posteriores– es posible mantener estos pagos.

Podemos entonar todos los cantos que queramos a la solidaridad intergeneracional. Pero lo cierto es que existe un conflicto de intereses entre quienes tienen una larga vida laboral por delante y quienes estamos ya jubilados. Y son los jóvenes los que están perdiendo la batalla. Este evidente choque de intereses presenta, a veces, rasgos pintorescos. He oído, por ejemplo, a algún jubilado reclamar una pensión más alta con el argumento de que, como su hijo estaba en paro, de sus ingresos vivían no sólo él y su mujer, sino también ese hijo y hasta algún nieto. Esto es real en la España de hoy. Pero es absurdo. Las pensiones no están diseñadas para que el jubilado mantenga a sus descendientes. ¿No sería mejor que ofreciéramos a las nuevas generaciones un futuro más prometedor, permitiéndoles trabajar y sacar adelante sus negocios sin las trabas fiscales y administrativas que existen? Es cierto que los pensionistas somos muchos; y cada vez más... Pero, por favor, no sigamos perjudicando a los jóvenes para ganar votos en unas elecciones.

Se está perjudicando desde hace tiempo a las generaciones más jóvenes con diversas medidas