La OCDE avisa de que habrá guerras comerciales sin el pacto fiscal global
Pascal Saint-Amans, director saliente de fiscalidad de la organización, cree poco probable que el acuerdo del año pasado sobre la tributación de las multinacionales entre en vigor pronto.
Pascal Saint-Amans, el director fiscal de la OCDE que fue el artífice de las reformas más radicales del impuesto de sociedades en casi un siglo, ha advertido de que EEUU y Europa se arriesgan a reavivar las guerras comerciales y a perder cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales si no aplican el acuerdo mundial del año pasado.
136 países han respaldado un acuerdo de dos partes que pretende apaciguar la indignación pública por el hecho de que las multinacionales no pagan los impuestos que deberían. Pero los avances en ambas partes de las reformas se han estancado, a pesar de que los cálculos de la OCDE muestran que los gobiernos podrían recaudar más de 150.000 millones de dólares anuales en impuestos adicionales de las mayores empresas del mundo.
Pascal Saint-Amans, que fue director del departamento fiscal de la organización con sede en París durante la pasada década, declaró en una entrevista con Financial Times: “Veo serios riesgos de medidas unilaterales, y por tanto de sanciones comerciales, en un momento en que los países que son aliados se encuentran en un contexto político difícil”.
Es poco probable que una de las medidas, cuyo objetivo es obligar a las 100 mayores multinacionales del mundo a declarar sus beneficios y a pagar más impuestos en los países en los que desarrollan su actividad, consiga el apoyo suficiente en el Senado de EEUU para aplicarse antes de la fecha límite impuesta por la OCDE, que es mediados de 2023.
Sin embargo, Saint-Amans afirmó que EEUU acabará cumpliendo el acuerdo o se arriesgará a que sus gigantes tecnológicos vuelvan a estar sometidos a una serie de impuestos sobre los servicios digitales en múltiples países: “La alternativa es muy mala. Espero que esos impuestos se extiendan más allá de las grandes tecnológicas a las multinacionales de otros sectores, como el farmacéutico”. EEUU ha amenazado en el pasado con imponer sanciones a los países europeos que apliquen impuestos sobre los servicios digitales.
La otra parte del acuerdo, un impuesto de sociedades mínimo del 15% para todas las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, también se ha estancado. EEUU intentó aplicarla este año, pero ignoró elementos importantes de las normas, mientras que Bruselas se enfrenta a la oposición de Polonia y Hungría.
La UE ha intentado incorporar el impuesto mínimo a la legislación comunitaria, pero esto requiere la aprobación unánime de los Estados Miembros y Budapest sigue oponiéndose. Saint-Amans opina que su oposición se debe a que “quiere liberar algunos fondos de la UE que ha bloqueado la Comisión Europea por cuestiones de Estado de Derecho”.
Muchos expertos fiscales no creen que el acuerdo se incorpore en las leyes nacionales sin el apoyo de jurisdicciones importantes como EEUU y las principales economías europeas.
Saint-Amans afirmó que el proceso de aplicación “sigue avanzando” y que los elementos empezarán a legislarse en Europa en “un par de meses”. La negativa de Hungría no impedirá que los principales Estados Miembros del bloque sigan adelante con el plan aplicando su propia legislación nacional: “Si no hay acuerdo, los países se moverán unilateralmente, porque pueden hacerlo”. En los últimos meses, Alemania ha señalado que está dispuesta a actuar en solitario si es necesario.
Saint-Amans opina que los inversores apoyarán una base impositiva más elevada. “Los mercados han enviado una señal clara de que el intento de la ex primera ministra británica Liz Truss de convertir a Reino Unido en un Singapur del Támesis de baja fiscalidad no era lo correcto”.
Al acuerdo se llegó tras años de laboriosas negociaciones dirigidas por SaintAmans, que dejó la OCDE este lunes. En un principio tenía previsto marcharse cuando se alcanzó el acuerdo el pasado otoño, pero se quedó para ayudar al nuevo secretario general, Mathias Cormann, nombrado en junio del año pasado, a poner en marcha los trabajos de implementación.
Saint-Amans fue criticado por la Coalición para la Transparencia Financiera, una red de grupos de presión, al saberse que iba a trabajar para la empresa de asesoría Brunswick. Saint-Amans niega que exista una “puerta giratoria” entre la OCDE y el sector privado y afirma que no va a entrar en una empresa fiscal ni que trabaja en nombre de clientes de su futuro empleador: “¿Es que ya no puedo hacer nada más cuando deje este trabajo?”, declaró.
El acuerdo es la reforma fiscal más radical desde que la Sociedad de Naciones elaboró su primer modelo de tratado para evitar la doble fiscalidad en 1928. La OCDE estimó anteriormente que supondría para los países unos ingresos de 150.000 millones de dólares al año adicionales por impuestos de las multinacionales, pero en breve publicará estimaciones actualizadas que, según Saint-Amans, mostrarán “cifras mucho mayores”.
Críticos como el grupo de presión Red de Justicia Fiscal afirman que las normas serán perjudiciales para los países de menor renta, porque en ellos hay pocas sedes centrales de empresas multinacionales importantes.
Pero Saint-Amans argumenta lo contrario: el impuesto mínimo generará “ingresos muy importantes” para los países en desarrollo, ya que ya no necesitarán ofrecer incentivos fiscales para atraer a las empresas a establecerse allí.
Una de las principales preocupaciones de las empresas y las administraciones fiscales es que las normas son extremadamente complicadas. La auditora EY calcula que cada compañía necesitará obtener unos 200 datos de sus filiales de todo el mundo, una “cantidad ingente de trabajo”, según su responsable de política fiscal Chris Sanger.
La OCDE está elaborando directrices administrativas para simplificar el proceso de aplicación, pero no ha dado estimaciones sobre el coste que supondrá para las empresas.
“Veo serios riesgos de medidas unilaterales” ante un contexto político difícil entre aliados