El Gobierno se desliga de la línea europea y lanza impuestos duros a banca y energéticas
PAQUETE FISCAL/ PSOE y Podemos amplían el alcance del tributo financiero a todos los grandes bancos extranjeros y mantienen el gravamen sobre volumen de negocio para el conjunta de principales firmas energéticas, incluyendo a las eléctricas.
El Gobierno terminó de dar forma ayer, a través de sus grupos parlamentarios, al paquete de nuevos impuestos al que fía el grueso de incremento de recaudación previsto para 2023. El plan quedó perfilado a través de la batería de enmiendas que PSOE y Unidas Podemos registraron, al filo del plazo límite, a la proposición de ley que introduce los tributos temporales a grandes firmas energéticas y entidades financieras. Los 66 folios de enmiendas, a los que tuvo acceso EXPANSIÓN, mantienen prácticamente inalterado el diseño de línea dura de las nuevas figuras tributarias que pagarán las mayores energéticas del país, frente al modelo alternativo planteado por la Comisión Europea, y las grandes entidades financieras, cuyo alcance se amplía, pese a las críticas unánimes que ha cosechado la iniciativa en la cúpula del Banco Central Europeo (BCE).
De forma inusitada, las enmiendas también sirvieron para introducir la creación del nuevo impuesto solidario a fortunas de más de 3,7 millones de euros o la limitación al 50% de la compensación de pérdidas de filiales de la que pueden disfrutar los grupos empresariales consolidados en el Impuesto de Sociedades.
La primera enmienda registrada tenía por objeto, de hecho, reformular el nombre de la norma a “Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y por la que se crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias”. El Gobierno eligió esta vía de tramitación como la más ágil posible, ahorrándose los informes preceptivos que hubiera requerido su tramitación como proyecto de ley del Ejecutivo, y añadiendo buena parte del contenido vía enmiendas para acelerar al máximo el proceso y asegurarse de que los nuevos tributos puedan gravar ya el ejercicio fiscal 2022. A partir de aquí, de hecho, la tramitación será exprés, pues las enmiendas pasarán a ponencia el próximo martes y a Comisión el jueves, con la aspiración del que el Pleno del Congreso de los Diputados de su visto bueno al paquete fiscal el jueves 17 de noviembre.
A falta de ver qué ocurre durante la negociación de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, algunos de los cuáles reclaman que el tributo a la riqueza pase de temporal a estructural y otros como PNV suavizar el golpe a energéticas, el paquete de enmiendas consolida una línea dura en el diseño de la tributación empresarial.
El impuesto energético
En el caso del nuevo tributo para las firmas energéticas, Hacienda ha evitado hacer grandes cambios frente al diseño inicial pese a las quejas del sector o el llamamiento de expertos económicos como los de Fedea o grupos políticos como el PP a sustituirlo por la tasa establecida por la Comisión Europea. El Gobierno se aferra a que el reglamento que impone el impuesto comunitario a todos los estados de la UE permite a aquellos que tuvieran en marcha gravámenes “equivalentes” al que propone.
De esta forma, la “prestación pública patrimonial no tributaria” impulsada por el Gobierno supone un gravamen del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio de las empresas del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019 (y al menos el 50% en los tres ejercicios previos). Se aplicará sobre los ejercicios fiscales 2022 y 2023, liquidándose en septiembre de los años inmediatamente posteriores, aunque las empresas tendrán que adelantar el 50% del importe. Su objetivo es recaudar 2.000 millones de euros al año que no serán deducibles de Sociedades. A diferencia del europeo, el tributo español afecta a los operadores del mercado eléctrico, y se amolda al listado comunitario del resto de sectores afectados: los de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo.
Frente a este planteamiento, la “contribución solidaria temporal” de Bruselas se ciñe a gravar a “los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y la refinería”, con miras a ingresar 25.000 millones en toda la UE. A diferencia de la figura española, la europea enfoca su imposición en las ganancias extraordinarias de estas empresas achacables a la crisis energética. Para ello, considera beneficios extraordinarios los que superen en un 20% la media anual lograda en el periodo 2018 a 2021 (o todo si tuvieron pérdidas), aplicando al resultado un tipo del 33% en "2022 y/o 2023". En paralelo, la Comisión ha impulsado una vía no tributaria para ingresar otros 117.000 millones fijando un tope de 180 euros por megavatio a los ingresos de firmas que generen energía a partir de fuentes renovables o nucleares, frente al tope de 67 euros que mantiene en vigor España.
El plan, que se aspira a aprobar en solo 2 semanas, incluye una subida de tasas a farmacéuticas
El gravamen a la banca
En el caso del impuesto a las entidades financieras, Hacienda mantiene un gravamen del 4,8% sobre la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones de las firmas y grupos que obtuvieran ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones en 2019.
El Gobierno pasa por encima de buena parte de las críticas emitidas por el Banco Central Europeo en su reciente informe, si bien introduce mejoras de carácter técnico e incluye bajo el grava