Ayuso saca adelante su ley de blindaje fiscal de Madrid
La batalla fiscal ha comenzado. La Asamblea de Madrid dio ayer luz verde a la Ley de Autonomía Financiera de Isabel Díaz Ayuso, con la que la mandataria madrileña busca defender el modelo fiscal de la región de Madrid ante la ofensiva tributaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo el mismo día en que PSOE y Unidas Podemos introdujeron, vía enmienda a la proposición de ley del impuestazo, a bancos y energéticas (ver información en páginas 28 y 29), el gravamen a las grandes fortunas, una tasa de nuevo cuño, complementaria al Impuesto de Patrimonio, que afectará especialmente a Madrid y ahora también a Andalucía, las dos únicas regiones que lo tienen bonificado al 100%.
De hecho, el Ejecutivo anunció este nuevo impuesto a la riqueza, bautizado de “solidaridad” e inicialmente acotado a los próximos dos años, poco después de que el gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno Bonilla, decidiera seguir la estela de Madrid suprimiendo de facto el cobro de Patrimonio y de que otras autonomías regidas por el PP, como Galicia, ampliaran las bonificaciones del tributo.
Es el pistoletazo de salida a la armonización fiscal que desde hace meses preconiza el Gobierno de Pedro Sánchez y el inicio de las hostilidades entre el Ejecutivo central y Madrid, que ha reiterado en numerosas ocasiones que defenderá su autonomía fiscal y financiera con uñas y dientes, recurriendo si es necesario al Tribunal Constitucional. En el marco de esta estrategia de defensa que el gobierno de Díaz Ayuso lleva meses desplegando, el parlamento madrileño aprobó ayer la ley de blindaje fiscal con los votos del PP y la abstención de Vox, a pesar de que el partido de Santiago Abascal ve en esta norma poco más que “fuego de artificio”, señaló el diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé. De hecho, la formación ultraconservadora llegó a presentar en febrero una enmienda a la totalidad a esta ley, aunque pocos meses después la retiró. Ayer permitió que saliera adelante con el argumento de no facilitar “ni una victoria” a la izquierda en esta legislatura.
Obligación de reaccionar La norma aprobada ayer obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de gobierno y administración autonómica “a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región”, señaló el ejecutivo de Díaz Ayuso en un comunicado, en el que aseguró que “defenderá sus competencias en materia tributaria ante cualquier tipo de armonización fiscal que pueda suponer una subida de impuestos encubierta a los madrileños”. ¿Escudo jurídico o político? Para el gobierno de Madrid, ambas cosas. “Es un escudo jurídico con mucho significado político”, señaló el consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier FernándezLasquetty, en una entrevista reciente con EXPANSIÓN, porque “lo que hace es establecer como obligación del gobierno y del parlamento de la Comunidad salir en defensa de nuestras bajadas de impuestos”.
La Asamblea de Madrid aprueba la norma con los votos del PP y la abstención de Vox